Luismi UHARTE

Por un lado, existe la posibilidad del fin de la hegemonía del Partido Colorado, ese «PRI a la paraguay», que ha monopolizado el poder ejecutivo ininterrumpidamente en los últimos sesenta años, incluidos los 35 años de dictadura del general Stroessner (1954-1989). Por otro lado, y consecuentemente, es bastante factible la posibilidad de victoria del candidato que enarbola las banderas del cambio progresista: el ex obispo rural cercano a la teología de la liberación, Fernando Lugo.

Efectivamente, desde la época de la guerra de la Triple Alianza (1865-1870), cuando Argentina, Brasil y Uruguay, siguiendo las directrices del imperialismo británico, acabaron con la experiencia de gobierno más avanzada de toda la región, debido a sus características nacional-populares, proteccionistas y soberanas, no se había vislumbrado la posibilidad de un cambio real.

Paraguay, un «pequeño» país de más de 400.00 km2 y alrededor de 6 millones de habitantes, incrustado entre dos gigantes (Argentina y Brasil), sin salida al mar y considerado el segundo más pobre de Sudamérica después de Bolivia, encara este proceso electoral con la esperanza de enfrentar viejos y nuevos problemas. Una sociedad que conserva como vehículo de comunicación habitual el idioma guaraní, a pesar del bajo porcentaje de población aborigen (menos del 1%, según el censo indígena); una economía agroganadera, que sigue ocupando a la mitad de la población activa, y que en los últimos años ha dado paso a los «monopolios extensivos», principalmente, la «producción de soja forrajera para la ganadería europea» y la «producción de agrocombustibles», como denuncia el sociólogo paraguayo Tomas Palau; una emigración masiva, principalmente jóvenes, hacia Argentina (millón y medio de paraguayos aproximadamente), producto de la expulsión campesina que generan esos monopolios, que, como en el caso de la soja, ya se han adueñado de más de dos millones de hectáreas; un repunte del porcentaje de trabajadores informales urbanos convertidos en comerciantes y un peso destacado de la economía de contrabando en la triple frontera; y una corrupción galopante que impregna toda la institucionalidad del Estado son algunas de las características que configuran el Paraguay de hoy, y que el candidato elegido deberá enfrentar. Los candidatos en liza son cuatro, aunque sólo tres con expectativas reales de triunfo. Por un lado, Blanca Ovelar, candidata oficial del hasta ahora invencible Partido Colorado, ex ministra de Educación y delfín del actual presidente Nicanor Duarte, cuya selección generó rechazos en sectores de poder en el Partido, vinculados al ex vicepresidente Luis Castiglioni, lo cual ha debilitado aún más la hegemonía de la tolda colorada.

Por otro lado, Lino Oviedo, antiguo miembro del Partido Colorado, ex golpista, acusado de participar en la muerte del vicepresidente Luis María Argaña, fundador del movimiento político UNACE (Unión Nacional de Ciudadanos Éticos), y exponente de las tendencias más reaccionarias amantes de la «mano dura».

Más allá, Pedro Fadul, presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos, radicalmente neoliberal pero con ninguna posibilidad de victoria. Finalmente, el candidato mejor situado, Fernando Lugo, único de los cuatro que no pertenece al establishment, y que potencialmente encarna las ansias de cambio en términos progresistas.

A lo largo de estos meses, el candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) ha ido descifrando sus promesas y su futuro programa de gobierno. La Reforma Agraria integral aparece como uno de los puntos centrales de su propuesta política y es entendida, no sólo como «reparto de tierras», sino complementada con «formación, asesoramiento técnico, acompañamiento» para ir «creando un nuevo modelo productivo».

Otro de los ejes de su campaña ha sido la promesa de recuperar la «soberanía energética». Hay que recordar que en 1973, los gobiernos autoritarios de Paraguay y Brasil firmaron el Tratado de Itaipú, que certificó el nacimiento de la represa hidroeléctrica que abastece a precios subsidiados al mercado brasileño, utilizando recursos hídricos paraguayos, al igual que ocurre con la hidroeléctrica de Yacyreta, en este caso para el mercado argentino. Lugo asegura que uno de los primeros pasos que dará será renegociar los tratados energéticos para que los precios se acerquen a los del mercado internacional, y de esta manera mejorar considerablemente los ingresos de la nación. Según cálculos de la Alianza Patriótica para el Cambio, Paraguay destina cerca de mil millones de dólares para importación de hidrocarburos, mientras los ingresos provenientes de las hidroeléctricas apenas sobrepasan los 400 millones. Una realidad muy similar a la del gas boliviano subsidiado hasta hace muy poco a estos dos grandes países.

Respecto al binomio Estado-Mercado, critica los modelos donde predomina excesivamente este último, abogando por un mayor equilibrio, e incluso de preeminencia del primero en lo relativo a los recursos naturales. Paralelamente, entiende el crecimiento combinado con la justicia social, lo cual deja vislumbrar un rechazo al neoliberalismo ortodoxo y una apuesta por cierto nivel de intervencionismo. En coherencia con esta orientación, Lugo manifiesta su adhesión a un esquema de integración latinoamericana, que trascienda lo económico, y se exprese política, social y culturalmente.

En el plano político, concibe la despartidización del Estado y la independencia del Poder Judicial como retos fundamentales en aras a ir reduciendo el alto grado de corrupción, considerado como el más alto de Sudamérica, según organismos internacionales.

Respecto a los apoyos, es fundamental reseñar que una parte destacada de la izquierda y de los movimientos sociales, agrupados en el Bloque Social y Popular y en el joven Partido Movimiento Al Socialismo (P-MAS), arropan a Lugo, aunque ciertos sectores se han alejado debido a la alianza con la eterna oposición derechista representada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), lo cual debilita las potencialidades de cambio.

Según las encuestas, Lugo sigue en cabeza, con un 34,5% de intención de voto, seguido de Oviedo con el 28,9% y Ovelar con el 28,5%. Tomas Palau, duda que Lugo se vaya a enfrentar a los cuatro poderes fácticos del país (la oligarquía ganadera, el empresariado corrupto, los narcos y la transnacionales), y en el mejor de los casos, no engrosará el «bloque rojo» del cambio en la región (Venezuela, Bolivia...) sino el «rosa». El propio Lugo asevera que «no habrá cambios bruscos ni traumáticos, sino un cambio gradual». Más evidencias: a la vuelta de la esquina.