El Gobierno español aprobó el Decreto-Ley que regula la conducción de agua de excedentes de regadíos del Delta del Ebro desde Tarragona a la localidad barcelonesa de Abrera y volvió a negar que se trate de un trasvase, lo que el presidente de Murcia calificó como «pirueta de márketing verbal». Dijo que los mismos que negaron el trasvase del Ebro a Murcia, Valencia y Almería, ahora «construyen otro» a Barcelona, que consideró «tan justo como el previsto para el Levante».

El vicepresidente primero de la Generalitat valenciana, Vicente Rambla, acusó a María Teresa Fernández de la Vega de haber «mentido e intentado confundir» al negar que el envío de agua a Barcelona sea un trasvase.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega dijo que se trata de la «mejor opción» y la más sostenible, ya que no se va a detraer «ni una sola gota más del Ebro».

«No estamos hablando de un trasvase, sino de una conducción que servirá para llevar agua ya en circulación», reiteró.

En este caso, los regantes ceden agua para el consumo humano a Barcelona, que se llevará por una tubería.

Críticas a la medida

La portavoz del Gobierno insistió en que es una solución «temporal» hasta que comience a funcionar la desalinizadora de El Prat en junio de 2009 y que no va a tener efectos medioambientales porque se va a utilizar el trazado de la AP-7 para su construcción, que tardará seis meses, con un coste de 180 millones de euros.

En su opinión, sería «imperdonable e irresponsable» no llevar agua a Barcelona y la forma elegida se ha aplicado en ocasiones anteriores para el suministro de Benidorm o Valencia, cuyo gobierno junto al de Murcia está pensando en recurrir este decreto ante el Tribunal Constitucional. La alcaldesa valenciana, Rita Barberá, tachó de «provocador» negar que la medida sea un trasvase.