El desfalco detectado en el museo más internacional de Euskal Herria ha puesto de manifiesto que el control del dinero público no se realiza con las debidas garantías para los ciudadanos. No cabe olvidar que al frente del patronato de esa institución cultural privada figura el lehendakari, Juan José Ibarretxe. ¿Cómo se ha podido producir un desfalco de esas dimensiones sin que se haya encendido ni una sola luz roja?

El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas, entidad pública fiscalizadora de las sociedades vinculadas al museo, Jesús Alvarez Galdós, deberá explicarse en el Parlamento de Gasteiz. En todo caso, lo que cabe preguntarse es si es posible limitar las consecuencias del escándalo a la dimisión de Roberto Cearsolo. El delito que ha confesado el ex director financiero se ha producido durante diez años en los que el Guggenheim no solicitó auditoría alguna de las sociedades Tenedora e Inmobiliaria. Ese dato sitúa gran parte de la responsabilidad sobre lo ocurrido en el despacho de Juan Ignacio Vidarte, director general del Museo. Cearsolo desfalcó 500.000 euros y ahora mueve sus fichas -al amparo del trato de favor que reciben los ladrones de alto standing- para poder atenuar las consecuencias penales de su conducta. El caso pesa demasiado como para que no se sacrifiquen cabezas en la cúpula del Guggenheim.