Todas las familias con hipotecas que lo soliciten, y no sólo las que tienen especiales dificultades, podrán alargar los plazos de amortización de su crédito hipotecario de su primera vivienda sin coste alguno durante los dos próximos años a partir de mayo próximo, según una de las medidas aprobadas ayer por el consejo de ministros del Gobierno español en su plan para reactivar la economía.

Sin embargo, el Decreto-Ley ha incluido sólo la supresión de los gastos fiscales de esta operación, es decir, el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentales, que grava las escrituras públicas, en tanto que la eliminación del resto de las cargas (aranceles notariales, comisiones bancarias y gastos de registro) está aún pendiente de que sea asumida por los agentes implicados, como notarías, resgistradores y entidades financieras. Según fuentes del Gobierno, el acuerdo con los agentes se firmará en las próximas semanas.

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Así, en caso de ampliación de una hipoteca de 150.000 euros, el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentales (cuya supresión es la que se incluye en el Decreto-Ley) equivaldría a tres euros, mientras que los aranceles notariales supondrían 90 euros, los gastos de registro, 85 euros, y la comisión bancaria, 150 euros. El total aproximado de ahorro en caso de ampliar una hipoteca por dicha cantidad, sería, pues, de unos 328 euros. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) se mostró dispuesta a colaborar con el Gobierno para desarrollar las medidas, aunque rechazó hacer valoraciones sobre la iniciativa, «hasta que no conozcan con detalle el alcance de las propuestas». La Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) afirmó que van en la «buena dirección», pero son «insuficientes» para afrontar una crisis que cree que durará más de lo esperado.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (ADICAE) las tildó de «decepcionantes» y añadió que son «escandalosamente beneficiosas para la banca y las empresas de consumo», pero no solucionan el endeudamiento excesivo.

La reforma incluye la rebaja fiscal de 400 euros para asalariados, la flexibilización del plan de recolocación, una ayuda de 350 euros a desempleados que no cobren ninguna prestación, y mayores deducciones para la rehabilitación de vivienda.