Tres días antes del arranque del juicio contra el movimiento pro amnistía, procesados y letrados de la defensa comparecieron ante los medios para alertar de que serán juzgados por un tribunal «puramente político y diseñado para castigar una determinada opción política».

La abogada Amaia Izko sentenció incluso que la Audiencia Nacional española aplicará contra los 27 imputados el «derecho penal del enemigo», por lo que se mostró convencida de que no se puede esperar «más que un castigo».

Consciente de ello, Julen Larrinaga, imputado en el caso, ratificó ante la opinión pública que no acudirán al tribunal especial en defensa de sus personas, ni siquiera en defensa del organismo al que representan, sino que lo harán con el objetivo de «poner de manifiesto la violencia del Estado» español.

El proceso judicial que dará comienzo el lunes ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional española no podría llevarse a cabo ante un tribunal ordinario. Así lo constató Izko, que sostuvo que un proceso de estas características obedece a un tribunal «excepcional y especial» como es la Audiencia Nacional. La abogada navarra defendió que esta institución es «puramente política» y, en este sentido, precisó que está «diseñada para castigar a una determinada opción política».

Muchos ejemplos

Más allá de la falta de garantías que ha sido denunciada en infinidad de ocasiones, los letrados que formarán la defensa de los 27 imputados han querido llamar la atención en el origen y el objetivo de la propia Audiencia Nacional. Izko advirtió que busca un «castigo político» y aclaró que la búsqueda de ese fin acarreará que el juicio se lleve a cabo «sin ningún lugar para la imparcialidad por parte del tribunal, ni margen para la defensa de las personas acusadas».

Esta aseveración sobre el carácter de la Audiencia Nacional española o sobre el nulo margen que se deja a la defensa, según precisó Izko, está basada en la experiencia y en el balance de las actuaciones del tribunal especial. Como botón de muestra, además, citó diversos episodios como las sentencias dictadas en torno al «caso Jarrai-Haika-Segi» o el macrojuicio 18/98. Enumeró también aquellas actuaciones sobre lo que denominan «supuestas amenazas terroristas» o la consideración de actividades sociales y políticas «calificándolas como delitos de colaboración» con ETA.

Izko remarcó también las actuaciones que promueve la Audiencia Nacional contra el Colectivo de Presos Políticos Vas- cos, denunciando la no excarcelación de los prisioneros gravemente enfermos o el alargamiento de las condenas. «Son actuaciones absolutamente políticas, que van mucho más allá de lo jurídico para convertirse en un claro castigo contra una opción política», sentenció enojada la letrada.

Por todo ello, no mostró esperanza alguna respecto al devenir de la vista y aseguró que el lunes no encontrarán «ni un tribunal mínimamente imparcial ni objetivo», por lo que aseguró esperar «un claro castigo político». El tribunal especial aplicará contra los procesados, a su entender, «el derecho penal de autor o del enemigo» que, según censuró, «viene aplicando sin tapujos en los últimos años». Según vino a precisar, se trata de un criterio que «se aplica al disidente político que no acata las normas».

Para Izko, además, la falta de imparcialidad y la ausencia de margen para la defensa se acentuará en el juicio contra el movimiento pro amnistía, ya que entiende que el tribunal sentará en el banquillo de los acusados «a quien durante años ha estado denunciando su actuación y cuestionando su propia existencia. Y les va a juzgar precisamente por esta labor de denuncia», apostilló.

Es por ello por lo que la abogada afirmó que los 27 imputados, «mucho más allá de ser acusados, van a ser enemigos ante el tribunal».

«Indefensión»

Julen Larrinaga, quien tomó la palabra en nombre tanto de todos los imputados como del propio movimiento pro amnistía, hizo hincapié también en que «no hay margen para la defensa jurídica» y detalló que es algo que viene dándose desde hace tres décadas, situando a este tribunal especial como «un engranaje más dentro de un sistema represivo global».

El vizcaino quiso poner el foco de atención no ya en la «indefensión» que padecerán a partir del lunes él y sus 26 compañeros, sino en la «indefensión jurídica permanente» que sufren miles de represaliados vascos. De esa manera, quiso traer a colación la situación que padecen los presos que ven alargada su condena; la de aquellas personas que sólo encuentran trabas a la hora de tramitar una denuncia por torturas; la de las personas detenidas cuando se les aplica el régimen de incomunicación; o la de cientos de familiares de represaliados que no saben adónde recurrir.

A juicio de este imputado, ésa es «la realidad existente» en este país y se preguntó qué se debe hacer para garantizar derechos que están siendo vulnera- dos por el poder político y el poder judicial. Y es que, según denunció, se intenta «invisibilizar la violencia de Estado», algo que «no permitiremos. Por eso vamos a ir Madrid, a ponerlo de manifiesto».