«La calidad del trabajo de los médicos ubicados en los centros de detención españoles para la detección de la tortura es insuficiente». Así se expresó ayer Hans Draminsky Petersen, vicepresidente del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura, en la conferencia organizada por la Facultad de Medicina y Odon- tología de la UPV bajo el título «Responsabilidad médica en la lucha internacional contra la tortura».

«Si bien los profesionales sanitarios no tienen potestad para interferir en las cuestiones legales o iniciar procedimientos jurídicos tras la identificación de un crimen de tortura, no es menos cierto que existe una responsabilidad en el campo de la prevención y la denuncia», manifestó el experto, quien incidió en que el sanitario «ha de conocer el historial clínico del paciente y su posible historial de torturas anteriores. Con esos datos, procederá a una evaluación física y síquica exhaustiva para comprobar si existe una correlación entre las informaciones poseídas y actuar en consecuencia».

A su juicio, el médico ha de poseer «una instrucción básica para identificar posibles malos tratos y una cadena de mando a la que informar». Advirtió que en muchos estados, entre ellos el español, en ese sistema «se han detectado graves deficiencias».

Explicó también que «se ha observado que los patrones de tortura difieren entre los detenidos por distintos cuerpos policiales, que el trato vejatorio sexual es mucho más frecuente entre las mujeres y que los métodos de tortura han variado» desde la década de los 80 a la actualidad.