Juan Mari Olano, junto a los 26 imputados más en el «caso Gestoras-Askatasuna», partirá esta madrugada hacía Madrid. Allí les esperan 49 sesiones en un tribunal especial que pretende juzgar la solidaridad hacia los presos políticos, la oposición a la represión o la actuación de defensa de los derechos humanos. Olano, sin embargo, no ha dejado a un lado su labor habitual, y en vísperas de este macrojuicio ha estado con GARA para repasar el trabajo realizado por el movimiento pro-amnistía durante las últimas décadas y echar un vistazo al futuro.

Han denunciado que este proceso pretende golpear el trabajo realizado por el movimiento pro-amnistía. ¿Qué destacaría de la tarea realizada por las personas comprometidas con este movimiento?

En primer lugar, haría falta subrayar los orígenes del movimiento pro-amnistía. Como en todos los países en que existe una represión y una lucha por la emancipación, hay una contraofensiva represiva y por lo tanto hay represaliados. En este sentido, en Euskal Herria surge, de manera natural, un canal de solidaridad y simpatía que se va traduciendo en ayuda para comida, dinero o ropa al mundo de los exiliados. En aquellos tiempos, y estamos hablando del franquismo presente con Franco vivo -porque todavía quedan resquicios-, este movimiento se denominó Ayuda Patriótica Vasca.

En 1977, ya en muchos pueblos funcionaban comités organizados que canalizaban esa solidaridad natural que surgía hacía los represaliados, y así se crean las Comisiones por la Amnistía, en las que participaron diferentes personalidades como Miguel Castells, Juan María Bandrés, el que fuera presidente de la Real, Jose Luis Orbegozo, o Felix Soto como imagen pública. No obstante, detrás de ellos cientos de personas trabajaban en ámbitos locales.

Tras el indulto de 1977, surge una percepción diferente. Por un lado, un sector liderado por Juan María Bandrés entiende que la democracia ha llegado al Estado español y que por lo tanto la existencia de estos comités no tiene sentido. El sector mayoritario en los marcos locales, sin embargo, apostaba por lo contrario, ya que entendía que la transición iniciada no respondía a las causas que habían originado el conflicto político en este país, por lo que lo haría perdurar. Y ahí es cuando se da el salto y se abre la filosofía de crear de forma más organizada comités por la amnistía en pueblos y barrios. Con autonomía y respondiendo a las necesidades locales, pero con un norte compartido que era hacer frente y denunciar la represión, aumentar la solidaridad con los presos y los refugiados, pelear contra la tortura, y trabajar por una salida del conflicto con contenidos políticos netos.

A partir de ahí, se viven distintas etapas con el Gobierno de UCD, de Felipe González... y la represión también adapta distintas formas. El análisis en el movimiento pro-amnistía es constante y nos vamos adecuando a las nuevas necesidades que crea la propia represión.

Por otro lado, cabe destacar que el Estado francés va adoptando función de actor contra el movimiento independentista vasco, lo que trae la existencia de comités en Lapurdi, Behe Nafarroa y Zuberoa. Ya más tarde, en 2001, se llega a la conclusión de unir fuerzas y dar a luz a un movimiento nacional, que se denominará Askatasuna.

La tarea llevada a cabo, en definitiva, se ha centrado en denunciar la represión y las leyes «antiterroristas», como la ley de incomunicación que crea el marco adecuado para torturar con total impunidad; denunciar la Audiencia Nacional como tribunal especial que ampara y da cobertura a la tortura; ayudar a familiares de represaliados; canalizar las ayudas económicas para financiar la defensa jurídica de los represaliados y, en definitiva, movilizar y concienciar a la gente de la necesidad de compartir el sacrificio de unos pocos por la libertad para todos.

En este sentido Gestoras pro- Amnistía ha tenido relación con todo tipo de «pelajes». Al margen de ideologías, la gente -sea del PP, del PSOE, del PNV o de Batasuna- cuando ha tenido un detenido en la familia ha recurrido a nosotros, y eso demuestra una confianza ciega de que actuamos sin ningún interés propio. Confían en nuestra honestidad en la denuncia de la represión y en que vamos a canalizar la solidaridad, y lo hacen sean de las siglas que sean. Somos un movimiento muy arraigado en todos los marcos, no sólo a nivel local sino en fábricas, centros de educación...

A nivel internacional también hemos llevado una colaboración permanente con Amnistía Internacional o por la prevención de la tortura. Gestoras pro-Amnistía no sólo ha estado presente en redes por los derechos humanos, sino que lleva muchos años siendo una referencia importante a nivel europeo.

¿Qué momentos recuerda en esta trayectoria como puntos de inflexión?

A nivel interno, puntos de inflexión hay muchos. Yo recuerdo una asamblea celebrada en 1986, en Orereta, donde se da un salto importante para hacer frente a la represión que vivíamos en plena época de Felipe González, que llegó al mando en octubre de 1982 y, como recordamos, entonces nació el GAL e hizo lo que hizo. En esa asamblea nacional diseñamos nuevas líneas de intervención, más sectorializadas y especializadas, para hacer frente a esta nueva forma de represión directa de aniquilamiento del enemigo.

Otro punto de inflexión fue quizá el inicio masivo de la dispersión de los presos políticos, en 1988, después de que el Gobierno rompiera el pacto que había hecho con ETA en Argel. La dispersión, el confinamiento y la deportación de los interlocutores de ETA llegó entonces como venganza del Gobierno español.

La otra cara de la moneda es la explosión de solidaridad. La participación masiva, como en las marchas a Herrera -que han sido un hito-, las huelgas de hambre en torno a las navidades tanto en Arantzazu como a nivel local...

El último punto de inflexión lo situaría en esa reflexión del 2001, donde llegamos a la conclusión de que Gestoras pro-Amnistía desapareciera como sigla y se abriera un proceso desde la base. Y es que, para nosotros, el movimiento pro-amnistía es mucho más amplio que la militancia que está organizada en Askatasuna o Gestoras. Parte fundamental de este movimiento son los propios represaliados: presos políticos, ex presos, exiliados, los que han sufrido la tortura, sus familiares... Con todos ellos se abre una fase en la que llegamos a la conclusión de que hay condiciones para dar un salto cualitativo en la respuesta pueblo a pueblo, y de ese proceso nace Askatasuna.

Más allá de los 27 imputados con los que cuenta este juicio, ¿contra quién va dirigido?

Más que contra quién, me preguntaría a favor de quién va. El Gobierno, cuando inicia estos procesos de ilegalización y criminalización, lo que busca es desactivar la pelea del independentismo vasco. Se quiere abortar la correlación de fuerzas que existe, ya que la gran mayoría de la sociedad vasca apuesta hoy en día por un marco democrático para solucionar el conflicto; es decir, defiende que se dé la palabra a la ciudadanía vasca y que ella pueda decidir libremente su futuro. Por otro lado, la izquierda abertzale es un referente importante a nivel ideológico, por el planteamiento social, político y cultural que tiene.

Más allá de los ilegalizadores, que son directamente los gobiernos y sus tribunales, hay sectores políticos que se aprovechan, y ése es el caso del PNV. Esta formación tiene un pánico terrible a un marco que supere el conflicto, porque se ve en la oposición. Por lo tanto, el PNV es la sanguijuela que más se aprovecha del daño que se está haciendo a la izquierda abertzale desde la política de ilegalización.

Por otra parte, se quiere frenar en seco y se busca el chantaje permanente contra Euskal Herria, algo que ha existido con todos los gobiernos. Han utilizado todo tipo de represión contra Euskal Herria; la cárcel, los regímenes especiales, la tortura, la guerra sucia, la persecución en la calle, la ilegalización de partidos, el insulto permanente... Han ensayado todo y no han sido capaces de acabar con el movimiento independentista. En este sentido, pretenden dar un salto cualitativo en la represión y conseguir a cambio una impunidad total y absoluta para desarrollar esta estrategia de aniquilamiento. Eso es lo que se busca con estas políticas. Ya en concreto, nosotros, Gestoras y Askatasuna somos unos testigos oculares muy molestos para los gobiernos por la credibilidad social que tenemos, la gente recurre a nosotros, y lo denunciamos tanto a nivel de Euskal Herria como a nivel internacional. Por eso nos intentan quitar del medio. Otro objetivo es dejar en el mayor desamparo posible a cientos de presos y familiares, y a los torturados, sin que haya nadie que denuncie lo ocurrido. Quieren ganar en impunidad.

El operativo policial y jurídico contra este movimiento se produjo cuando Gestoras pro-Amnistía se fusionaba con Koordinaketa dando a luz un movimiento nacional. ¿Cree que tuvo algo que ver?

Es verdad que coincidió en el tiempo, pero si hacemos memoria recordaremos que había voceros políticos del PP o del PNV o el mismo consejero de Interior, que pedían cada semana la ilegalización de Gestoras pro- Amnistía y el arresto de sus militantes. Por lo tanto, creo que se situó dentro de esa estrategia de ilegalización que iniciaron con Batasuna, ``Egin''... Lo enmarcamos dentro de esa lógica.

Las redadas y las ilegalizaciones, ¿qué repercusión han tenido en un movimiento que se extiende pueblo a pueblo y barrio a barrio?

En cualquier movimiento social o político, cuando de golpe desaparecen las personas que han sido referenciales supone un shock para la militancia. Uno de los objetivos de la represión también es generar miedo y paralizar al personal para que se quede en casa. Al fin y al cabo, el mensaje sibilino es que «si sigues por ahí, acabarás igual que ellos, en la cárcel». Pero hay que decir, con mucho orgullo, que la militancia ha tenido capacidad de reacción y ha entendido el mensaje del Gobierno. Sobre todo ha entendido las necesidades de este pueblo, y por ello cientos de hombres y mujeres han seguido trabajando, siguen y seguirán con los mismos objetivos que hasta ahora. Al margen de que ilegalicen siglas o encarcelen a 27 personas, hay una realidad incontestable y que es que más de 700 personas están encarceladas en un régimen penitenciario cada vez más violento y negador de los derechos humanos, que la tortura es pan de cada día y que los derechos civiles y políticos están cada día mas pisoteados y no se respetan en base a criterios políticos.

Aunque piensan que la condena ya está escrita, han convocado a más de 250 testigos, ¿cuál es el mensaje?

En un procedimiento judicial de este tipo, la acusación, el fiscal y la acusación particular plantean testigos para argumentar su tesis y nosotros hemos hecho lo mismo. Hemos llamado a 250 testigos, pero podrían haber sido 2.500 ó 25.000. Nuestro objetivo es que todas esas personas que han tenido relación con Gestoras, pero sobre todo con los represaliados, dieran testimonio de lo que ha ocurrido en estos treinta años. El objetivo es quitar el manto de silencio, evidenciar toda la represión que el Gobierno pretende ocultar. Queremos denunciar la represión de estos 30 años y la actual línea política y de estrategia represiva que plantea y apuntar asimismo hacia la solución.

Vamos a intentar representar a muchísima gente, vamos a llevar a Madrid la dignidad de toda esa gente y vamos a ir con orgullo ante la Audiencia Nacional. No vamos a esconder nada, y reivindicaremos lo que hemos hecho, porque siempre lo hemos hecho con total transparencia. Vamos a juzgar al Estado, ya que es el responsable de toda esta situación.

En el contexto de los macrosumarios abiertos por Garzón contra la izquierda abertzale, les han precedido militantes del movimiento juvenil y las decenas de militantes y miembros de diversos colectivos, organismos políticos y medios de comunicación incluidos en el sumario 18/98. ¿Qué lectura extraen de estos dos juicios en cuanto a la actitud de los jueces, de los medios de difusión, de los procesados?

La sociedad vasca ya conoce los macrosumarios y la gente es muy consciente de que todo esto viene a responder a una necesidad política y a una impotencia política de los distintos gobiernos. Para ello, además, tiene jueces que de forma voluntaria y graciosa se han implicado hasta las cachas en esta política y en crear la teoría de «todo es ETA». Pero esto no viene de Garzón, viene del señor Atutxa y de la ejecutiva del PNV. Primero empezaron a criminalizar ``Egin'' diciendo eso de que era 10 gramos de dinamita en los quioscos. Otra cosa es que un juez, llámese Garzón o de otra manera, de forma jurídica ponga todo eso en una presunta instrucción.

Con todo esto se trata de ocultar la impotencia del Estado y hacer un chantaje al conjunto de este país. Como he dicho, han utilizado todos los medios para acabar con ETA, pero con ETA no han conseguido acabar nunca, porque ETA nace del pueblo y se regenera continuamente. Ante ello, lo que hacen es golpear en el trabajo social, institucional y político. Hacer un chantaje absolutamente vergonzoso, y violando todos los derechos civiles y políticos, para dar pasos en el combate que han planteado como razón de Estado.

El Gobierno trata de dejar sin oxígeno no ya la izquierda abertzale, sino a las ideas, al futuro y al proyecto que representa. Por que esto es lo que verdaderamente genera pánico en Sabin Etxea, en las Casas del Pueblo...

Acaba de conocerse que a Ángela Murillo, presidenta del tribunal en el sumario 18/98, le han concedido la presidencia de una Sala de lo Penal en la Audiencia Nacional. ¿Cree que es un premio por los servicios prestados?

Probablemente sí, pero yo querría llamar la atención de que muchas veces la gente se fija en apellidos de jueces que en un proceso u otro se hacen famosos, pero el problema no es un juez, el problema es la Audiencia Nacional y su filosofía. Es un tribunal especial que tiene una función concreta y la está haciendo al margen de quién es el juez. Ese tribunal existe para impartir represión política, judicializar la política y desarrollar la política de chantaje que desde el correspondiente gobierno se plantea.

Para el viernes, el movimiento pro-amnistía ha convocado un día de movilización. ¿Cree que es importante la activación social para frenar este tipo de macrojuicios?

No solamente eso, yo creo que la movilización social es importante para que el Estado y quienes amparan este tipo de estrategias judiciales sientan a todo un pueblo delante. Pero la gente que participa en este tipo de movilizaciones se debe fijar en lo que hay debajo de este juicio. Hoy en día los presos necesitan más apoyo que nunca, porque están apretando cada día más en la política penitenciaria. Hay presos gravemente enfermos a los que están chantajeando de forma vergonzosa, presos en completo aislamiento; la dispersión es más fuerte que nunca y la prisión de Puerto-III es un laboratorio de futuro. Los 700 presos son materia de acción política para el Gobierno, y ahí hay que poner el foco. Hay que trabajar en la línea de solidaridad y en buscar una salida democrática al conflicto. Hay que conseguir que los presos y exiliados vuelvan a casa. En definitiva, tenemos que pasar página.

En toda su trayectoria política ha conocido la prisión hasta en siete ocasiones. ¿Cómo ve la evolución de la política penitencieria?

La actual política penitenciaria es muchísimo más agresiva que en tiempos de Franco. La primera vez que ingresé en la cárcel era el mismo día en que murió Franco, tras ocho días de comisaría de la Guardia Civil. Entonces, en la prisión de Martutene éramos más de cien presos, vivíamos juntos y teníamos actividades, en definitiva era una situación muchísimo más llevadera que ahora. La evolución siempre ha ido en esa dirección de empeorar las condiciones de vida de los presos, ya que para el Gobierno la política penitenciaria es un instrumento de chantaje cada vez más útil.

Hay distintas etapas; en 1978, los primeros detenidos después del indulto son encarcelados en prisiones de Euskal Herria, pero el Día de los Inocentes de ese mismo año son enviados a la prisión de Soria. Más tarde llegan las cárceles de Puerto de Santa María y Herrera de la Mancha, dos macrocárceles con régimen militar para intentar doblegar la voluntad de los presos, y tras el proceso de Argel llega ya la dispersión. Esta es la línea de actuación de los distintos gobiernos; la utilización del sufrimiento humano para conseguir dividendos políticos. En definitiva, una violencia estructural y permanente.

¿Qué mensaje enviaría a la sociedad vasca y, en concreto, a las bases de la izquierda abertzale que viven con preocupación esta situación?

En los últimos meses, tanto el Gobierno español como los nuevos mandatarios del PNV auguran un futuro negro para la izquierda abertzale. Quieren hacernos creer que no hay futuro, que no hay nada que hacer, que no vamos a poder con toda esta violencia del Estado; y, en este sentido, nos dicen que debemos rendirnos. Ese es el mensaje que quieren hacernos llegar. Yo, sin embargo, estoy convencido de que la voluntad de la ciudadanía será capaz de dar la vuelta a estas situaciones y de crear escenarios de luz, de ilusión y de futuro. Es cierto que con esta apuesta van a generar muchísimo sufrimiento, pero los autores de esta política saben perfectamente que están condenados al fracaso. Lo que hoy parece imposible o difícil, en pocos meses se convertirá en realidad.

Creo que hay suficiente masa crítica para ello y que la mayoría social apuesta por una salida democrática, y por eso estoy convencido de que esta vez también superaremos este escenario. Nosotros, más que solidaridad hacia nosotros o en denuncia contra este juicio, lo que demandaríamos a la sociedad es que siga dando toda su fuerza para cambiar esta realidad y en concreto, que lo hagan por la amnistía, que es el sello de la solución al problema político que padecemos desde hace siglos. O.L.