La Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó el viernes una norma que anula la mayoría de las concesiones mineras en el país y las revierte al Estado, según informó ayer la BBC en su edición digital.

La Asamblea, de mayoría oficialista y que actúa como cuerpo legislativo, aprobó abrumadoramente el llamado mandato minero. Éste declara la extinción, sin compensación económica alguna, de todas las concesiones que no hayan realizado inversiones y no hayan presentado estudios sobre impactos ambientales.

Además, declara una moratoria de nuevas concesiones hasta que entre en vigor la nueva Constitución que redacta la Asamblea. Con esta medida, más de 3.000 de las 4.112 concesiones activas fueron suspendidas y unos 1.200 pedidos de concesión congelados.

El presidente, Rafael Correa, cuyo partido tiene la mayoría en la Asamblea, dijo que la norma busca eliminar todas las concesiones mineras entregadas de forma irregular. Pero el director de la Cámara de Minería, Javier Cruz, manifestó que el decreto podría significar la perdida de inversiones en los próximos 2 años, así como la pérdida de miles de empleos.

«El dilema actual no es decir sí a la minería, o no, sino buscar una minería responsable, económica, social y ambientalmente (sustentable)», expresó el presidente Correa.

El mandato también contempla la creación de la Empresa Nacional Minera, un ente estatal que participará en todas las fases de la exploración y explotación de recursos.

La industria minera en Ecuador es mínima, aunque muchas compañías realizan exploración de oro y cobre.