La justicia constituye uno de los tres poderes de la república. En este sentido, allá donde está garantizado el estado de derecho el sistema judicial debe ser independiente, sin estar atado a los vaivenes de la política o a los planes específicos de un partido o más partidos, los cuales, cuando influyen ideológicamente en las decisiones judiciales, seguramente es porque tienen como única estrategia: limitar, suprimir y, en definitiva, negar los derechos esenciales de los ciudadanos y ciudadanas de ese determinado país.

El Tribunal Constitucional de España, en fallo dividido, ha confirmado las penas para los miembros de la Mesa del Parlamento Vasco, en su momento constituida por Atutxa, Knorr y Bilbao, quienes, en un acto de soberanía política, se negaron a disolver al grupo político parlamentario Sozialista Abertzaleak, según la recomendación de la justicia española. En tal sentido, los antes nombrados son condenados con multas e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por haber defendido la institucionalidad del Parlamento vasco.

No es ésta la primera determinación -ni será la última- que se tome desde los tribunales españoles con el fin de limitar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas vascas, sean esos derechos individuales o colectivos.

En tal sentido se han cerrado periódicos -incluido el único que existía íntegramente en euskera-, se ha ilegalizado un partido político -y otros están amenazados de serlo-, se han duplicado las penas de los presos, se ha iniciado un proceso contra el lehendakari por el delito de dialogar, se ha enviado a Arnaldo Otegi a la cárcel -y más tarde a toda la Mesa de Batasuna-, se ha desarrollado de forma escandalosa el sumario 18/98, se llevarán adelante de la misma manera los sumarios contra Udalbiltza, contra Gestoras pro Amnistía y Askatasuna, y seguirán imputando y condenando a todo el mundo bajo los auspicios de la Ley Antiterrorista.

Esta irresponsabilidad política tiene como único objetivo hacer aumentar la crispación en Euskal Herria, donde la espiral de violencia sólo beneficia a quienes no tienen ningún interés en lograr una solución al contencioso vasco. Parece que nadie quiere aprender de la sabia experiencia irlandesa, donde un día tanto los británicos como los miembros de la organización armada IRA se dieron cuenta de que el conflicto sería interminable, y que el único camino era el diálogo y el fin de la violencia.

Los vascos somos una nación y tenemos derecho a decidir. El camino es la construcción de una estrategia común que reivindique los derechos históricos de nuestro pueblo, donde confluyan partidos políticos, sindicatos, militantes sociales y culturales, etcétera.

Seguramente habrá muchos avances y retrocesos, pero es necesario plantarse ante España y Francia de una vez por todas. Necesitamos la paz, y también que finalice la violencia policial, militar y judicial para que podamos de ese modo garantizar la plena vigencia de nuestros derechos.

Además, no podemos frustrar de nuevo las ilusiones de otra generación de vascos y vascas. Y para que ello sea posible se debe trabajar en un marco de unidad de acción.

De lo contrario, solamente seguiremos sufriendo los efectos de la balanza inclinada.