Ofensiva judicial contra la izquierda abertzale
La Guardia Civil presenta actividades públicas como prueba en el juicio
Agentes que participaron en la instrucción de las declaraciones de Ibon Aranalde y Susana Atxaerandio aseguraron ayer en el juicio que estos detenidos revelaron el modo de financiación del movimiento pro-amnistía y su organigrama de funcionamiento interno. Frente a ello, los procesados tuvieron que recordar que lo que ha «descubierto» la Guardia Civil «lo sabe todo el mundo en Euskal Herria», ya que sus actividades son totalmente públicas.
Manex ALTUNA | MADRID
La tercera sesión del juicio contra el movimiento pro-amnistía celebrada en el recinto habilitado por la Audiencia Nacional en la Casa de Campo finalizó ayer en menos de media hora. Cuatro guardias civiles que instruyeron las diligencias abiertas tras las detenciones de Ibon Aranalde y Susana Atxaerandio, que el lunes denunciaron que fueron torturados durante el periodo de incomunicación al igual que Jorge Olaiz, relataron ante el tribunal especial que en sus declaraciones en comisaría les «comentaron» -en palabras textuales- la forma de financiación y la estructura interna de los organismos antirrepresivos.
En nombre de los procesados, Iker Zubia señaló tras finalizar la vista, en declaraciones a GARA, que lo sucedido en la sala demuestra lo «absurdo» de un juicio que tildó de «circo» y «esperpéntico».
«No han demostrado nada que no sepa todo el mundo en Euskal Herria», dijo. Y añadió que, «lejos de tener pruebas contra nosotros, presentan hechos contrastables y reales que son las dinámicas que realiza el movimiento pro-amnistía».
Por ello, en un tono irónico, aseguró que la Guardia Civil ha «desvelado» el «secreto mejor guardado» de las investigaciones efectuadas por el Ministerio del Interior español. «Podemos decir que los guardias civiles son los magos del circo que han montado y descubren unos grandes secretos que seguramente servirán para condenarnos», declaró.
Txoznas, huchas y sorteos
Los agentes identificados como H-76747-Q y L-28205-A y que declararon ocultos tras la «pecera», dijeron que Susana Atxaerandio declaró de forma «es- pontánea» que Gestoras pro-Amnistía se financiaba colocando «txoznas en fiestas de pueblos y barrios», «huchas en los bares de su ideología», y mediante «rifas y sorteos».
El fiscal hizo especial hincapié en este hecho tanto ayer como en la sesión del día anterior, al cuestionar en repetidas ocasiones sobre ello a la testigo. Para Zubia, que éstas sean las «pruebas» resulta «irrisorio» y «clama al cielo». «Pidiendo dinero y aportando la gente voluntariamente su grano de arena a nivel económico se financian un montón de organizaciones en todo el mundo, y no hay ningún delito en ello», criticó.
Asimismo, los agentes indicaron que la detenida dio los nombres de Maite Díaz de Heredia e Iker Zubia como responsables de Gestoras en Araba. Atxaerandio denunció el lunes en la Audiencia Nacional que la Guardia Civil tenía «interés» en que declarara contra estas personas y que le hizo «miles de preguntas entre golpes, humillaciones, abusos sexuales y vejaciones».
Sede y estructuras
Aranalde también denunció que los datos que constaban en su declaración, como la estructura de Askatasuna o la ubicación de la sede en Hernani a la que se refirieron ayer los agentes identificados como M-64905-Z y V-92991-D, fueron aportados por la propia Guardia Civil.
Los policías que participaron en su arresto argumentaron por contra que Aranalde explicó que la organización interna del organismo antirrepresivo estaba estructurada «a nivel nacional, en herrialdes para las provincias, eskualdes para las co- marcas y grupos locales».
En este sentido, el portavoz de los procesados censuró que esa estructura «se utilice como prueba acusatoria cuando funciona así tambien el PNV o cualquier ONG que tenga un ámbito amplio de actuación y no funcione sólo a nivel local».
Zubia también se refirió a que el Ministerio Fiscal y el abogado de la AVT trataron de «desmontar» las denuncias de tortura realizadas la jornada anterior por los tres represaliados vascos que declararon como testigos. Los representantes de la acusación preguntaron a todos los agentes que testificaron si las declaraciones policiales realizadas por Olaiz, Aranalde y Atxaerandio se realizaron junto al abogado de oficio y se les leyeron sus derechos, a lo que éstos respondieron de forma afirmativa. «Es un sarcasmo que los guardias civiles hablen de que los detenidos les `comentaron' las estructuras, financiación y demás y no se les exija ninguna constatación para las pruebas, ya que su palabra vale más que la de cualquier otra persona», denunció.
El bloqueo de cuentas a militantes de Batasuna y sus familiares que empezó hace tres semanas se está extendiendo a otras personas y también a tres asociaciones. Askatasuna compareció ayer en Baiona junto a una decena de afectados e informó de que han tenido constancia de que es la jueza Laurence Le Vert quien está ordenando el bloqueo de las cuentas.
El mahakide Xabi Larralde añadió que lo han sabido a través de sus abogados, «porque nadie todavía ha recibido ninguna información oficial». Le Vert ha manifestado a los letrados que han solicitado la anulación de la medida que la petición emana del juez Garzón y que ella no ha hecho más que ejecutarla, por lo que la decisión corresponde al juez español. Para el portavoz de Batasuna, sin embargo, no es de recibo «escudarse» en ese argumento, máxime cuando se trata de «territorios jurisdiccionales diferentes» y cuando «Batasuna es una fuerza legal» en el Estado francés. «Como ya denunciamos antes, se trata de una ilegalización `de facto'», agregó Larralde.
Anaiz Funosas, portavoz de Askatasuna, también responsabilizó directamente a Le Vert, a quien acusó de «actuar voluntariamente»: «Es ella quien ha facilitado la información a Garzón y la orden de bloqueo a los bancos también ha partido de ella. Le Vert ha decidido por sí misma. ¿Por qué Belgica no ha actuado así?» preguntó antes de constatar que «la estrategia de la ilegalización» está poniéndose en marcha también en Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa.
Las parejas de dos militantes, en nombre de las familias cuyas cuentas también han sido inmovilizadas, manifestaron por su parte que «están viviendo una película de ciencia-ficción». Denunciaron con rotundidad el hecho de que «nadie les diga nada» y dirigieron particularmente sus críticas hacia los bancos: «Es increíble. No entendemos su actitud. Somos clientes suyos y se niegan a decirnos nada, aun cuando saben todos los problemas que nos está acarreando en nuestra vida diaria». Explicaron que el tema es «surrealista» porque si lo desean se les permite realizar ingresos, «pero, eso sí, ningún pago ni ninguna retirada de dinero».
Añadieron que, aunque se parapetan en las órdenes de la dirección, la suya «no es una actitud pasiva»: «Cállandose y aceptando estos atropellos están fortaleciendo la injusticia que nos están aplicando. Es evidente que han elegido su campo», dijeron Eñaut Elosegi y Mirentxu Lako, antes de espetar al Crédit Agricole, Caisse d'Epargne, Balmi, La Poste, Société Générale y al Crédit Mutuel que «no aceptan su proceder».
Por su lado, Ione Josie, de la editorial Gatuzain, una de las tres asociaciones a quien también les han aplicado el bloqueo -del que han tenido constancia «por casualidad el 22 de abril porque tampoco a nosotros nos han dado explicaciones»-, subrayó que la medida es un «ataque contra la libertad de pensamiento, de expresión y contra el derecho a militar». Y añadió que «callarse es aceptar este proceder».
Los intervinientes se quejaron en general del «gran silencio» de electos y políticos y anunciaron iniciativas de interpelación a partidos, sindicatos y agentes sociales. Funosas comunicó que también se dirigirán a Le Vert y al responsable de la Policía Jurídica y remarcó la importancia de movilizarse para «hacer frente y frenar este precedente».
