ELA denunció en una rueda de prensa celebrada ayer en Donostia la política social que impulsa la Diputación de Gipuzkoa, que calificó de neoliberal, y sus consecuencias en la situación que atraviesan las 30 trabajadoras de la Residencia Municipal Faustino Orbegozo de Zumarraga, que iniciaron paros parciales el 16 de enero y mantienen una huelga indefinida desde el pasado 29 de febrero en defensa de la subrogación.

Joseba Villarreal e Idoia Elustondo, responsables de negociación colectiva y del sector socio-sanitario, respectivamente, de ELA, indicaron que el conflicto arranca con la plasmación del plan estratégico de atención de personas mayores de la Diputación, que no es otra cosa que, denunciaron, la privatización de los servicios sociales públicos.

En el caso de Zumarraga la gestión del nuevo centro fue adjudicada a la empresa Gerozerlan, participada en un 51% por la constructora Moyua y el restante 49% por la Fundación Matía.

Hasta ahora la gestión del centro era pública y a las trabajadoras se les aplicaba el convenio del Ayuntamiento correspondiente al sector. En adelante, cuando aún no tienen garantizado los puestos de trabajo, se convierten en trabajadoras de una subcontrata y se les aplicará el convenio del sector de residencias privadas, lo que supone importantes retrocesos laborales, además del «emporamiento del servicio». Sólo económicamente, la reducción salarial es de unos 6.000 euros anuales.

La central denunció que el departamento de Bienestar Social gestionado por EA y liderado por la Diputada Maite Etxaniz, tiene «muy claro lo del `bienestar social'. El binestar es para la clase política y sus amigos, mientras que la sociedad queda en el olvido». Para ilustrar la acusación explicaron que «el exdirector de la dependencia en la diputación de Gipuzkoa, Jose Luis Madrazo, adjudicó la gestión del nuevo centro gerontológico de Zumarraga a Gerozerlan. En la actualidad [Madrazo] es el coordinador de Gerozerlan. ¿Casualidad? o ¿Premonición?».

La situación de Orbegozo sólo es la «punta del iceberg», ya que las trabajadoras municipales de Urats Gain, de Aretxabaleta, y San Juan, de Zumaia, tampoco tienen garantizados los puestos de trabajo ni las condiciones laborales actuales.

La Diputación, entretanto, se niega a reunirse con los trabajadores tal y como prometió.