El pasado 31 de enero, GARA publicó este documento. Recoge tanto el segundo borrador de Loiola (en letra normal) como la propuesta de concreción posterior de la izquierda abertzale (en negrita), que trataba de clarificar algunos conceptos ambiguos. Tanto PSOE como PNV se negaron a incluir esos añadidos, lo que provocó el fin de las conversaciones sin acuerdo. Pues bien, la propuesta hecha llegar por Ibarretxe a La Moncloa y difundida públicamente ayer es idéntica al borrador, y en ella no se incluye tampoco ni una sola palabra de las aportaciones finales de la izquierda abertzale. Por su interés, el documento se reproduce de nuevo en las siguientes líneas:

El acuerdo resultante reconocerá la identidad nacional del Pueblo Vasco. Dicho reconocimiento recoge así el sentimiento de pertenencia a una nación ampliamente compartido en la sociedad vasca.

Reconociendo que los partidos mantenemos diferencias sustanciales en torno a la presente y futura configuración del Pueblo Vasco, aceptamos que existe una realidad conformada por vínculos sociales, lingüísticos, históricos, económicos y culturales llamada Euskal Herria, que se constata en los territorios de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa en el Estado español y Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa en el Estado francés.

Se entiende que esta realidad está configurada en el momento actual en dos ámbitos administrativos, políticos e institucionales con personalidad propia, Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral Navarra, y los territorios vascos incluidos en el Departamento de Pirineos Atlánticos.

1.2.- Sobre los mecanismos que permitan a la ciudadanía vasca adoptar libre y democráticamente decisiones en torno a su futuro político e institucional:

El ordenamiento jurídico-político resultante para los territorios de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa reconocerá y regulará los mecanismos jurídicos y políticos que permitan a la ciudadanía de los cuatro territorios adoptar decisiones en torno a su futuro político e institucional. Dichas decisiones se tomarán teniendo como único límite la voluntad popular.

La utilización de dichos mecanismos permitirá a la ciudadanía de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa establecer libremente su condición política proveyendo asimismo su desarrollo económico, social y cultural.

Asimismo, nos comprometemos a defender que las decisiones que sobre su futuro político e institucional adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca serán respetadas por las instituciones del Estado.

Dichas decisiones se adoptarán, en ausencia de cualquier tipo de violencia y coacción, siguiendo las normas y procedimientos legales, y respetando los métodos democráticos y los derechos y libertades de la ciudadanía.

El acuerdo resultante garantizará que todos los proyectos políticos (autonomista, federalista o independentista) pueden ser no sólo defendidos en condiciones de igualdad de oportunidades y ausencia de toda forma de coacción o injerencia, sino que además puedan ser materializados si ése es el deseo mayoritario de la ciudadanía vasca expresado a través de los procedimientos legales.

Entendemos que dichos procedimientos legales se refieren a los vigentes en cada momento, pudiendo ser modificados en el futuro, para que no sean una limitación a la voluntad popular sino garantía de su ejercicio.

1.3.- Sobre las garantías y el respeto a todos los derechos para toda la ciudadanía vasca:

Nos comprometemos a que el acuerdo resultante garantizará, en términos de igualdad para toda la ciudadanía vasca, todos los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico internacional tales como la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Asimismo, en el futuro ordenamiento jurídico se definirán y garantizarán, de forma acordada, los derechos que pudieran derivarse de la condición nacional del Pueblo Vasco.

Nos comprometemos a defender que el euskara constituye un patrimonio común de todos/as los/as ciudadanos/as del Pueblo Vasco, que su conocimiento y uso es un derecho de todos y todas, y deber de las administraciones públicas garantizar las condiciones que posibiliten el ejercicio de dicho derecho en igualdad, especialmente en todo lo referido al sistema educativo y a los medios de difusión cultural y de comunicación.

En este sentido será reconocido legalmente y utilizado como lengua oficial (al igual que el castellano) en los cuatro territorios de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra, desarrollándose una política activa y progresiva tendente al objetivo de la total normalización lingüística.

Nos comprometemos a establecer las medidas jurídicas y normativas que garanticen la igualdad de condiciones y oportunidades a mujeres y hombres en el acceso y ejercicio real de todos los derechos.

1.4.- Sobre la articulación institucional del Pueblo Vasco:

a.- Partiendo de la actual realidad jurídico-política plasmada en la existencia de dos ámbitos institucionales diferenciados (Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra), nos comprometemos a promover la creación de un Órgano Institucional Común para los cuatro territorios comprendidos en dichos ámbitos.

Este Órgano Institucional tendrá las atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa en el marco competencial que se acuerde, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Dichas atribuciones serán objeto de negociación durante el transcurso del proceso de diálogo multipartito.

Este Órgano Institucional elaborará un Estatuto de Autonomía para los territorios de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa en un plazo no superior a dos años desde su constitución. Dicho Estatuto deberá de ser refrendado por la mayoría de la ciudadanía de cada ámbito.

Asimismo, dicho Órgano Institucional Común garantizará y regulará, entre otros, la gestión de los derechos que pudieran derivarse de la condición nacional del Pueblo Vasco, así como de los mecanismos que dispondrá la ciudadanía de los cuatro territorios para determinar su futuro político e institucional.

Estas atribuciones tendrán que contar con la adhesión y el respeto de la voluntad democrática de la ciudadanía en cada ámbito territorial. El modelo institucional resultante podrá modificarse en un futuro respetando la voluntad popular y en el marco de los procedimientos legales vigentes en cada momento.

b.- Atendiendo a la actual realidad institucional y desde la aceptación de la voluntad popular, nos comprometemos a respetar el derecho de los/as representantes democráticamente elegidos/as en cualquier ámbito institucional a crear, impulsar, desarrollar y financiar instituciones del conjunto de los territorios y ámbitos administrativos de Euskal Herria.

Nos comprometemos a que el acuerdo resultante, dentro del marco de la Unión Europea y el respeto de las legislaciones de los Estados correspondientes, contemple la creación de una eurorregión vasca, u otras estructuras institucionales que la evolución del Tratado de la Unión Europea vaya posibilitando. Asimismo, nos comprometemos a promover acuerdos y políticas transfronterizas para abordar y financiar en su caso políticas comunes y favorecer iniciativas sociales en los ámbitos económico, cultural, medioambiental...

1.5.- Sobre la incorporación de los acuerdos al marco jurídico y refrendo popular:

Nos comprometemos a la aplicación de los acuerdos, su defensa e implementación en todos los ámbitos institucionales en que tengamos representación.

Así, los acuerdos que se alcancen fruto del diálogo político se trasladarán a las instituciones competentes para su desarrollo e incorporación al ordenamiento jurídico.

En última instancia, tras los procesos de negociación, pacto y tramitación en las instituciones competentes, los acuerdos serán sometidos a la decisión de la ciudadanía a través de referéndum.