El responsable vizcaino de Medio Ambiente, el jeltzale Josu Madariaga, anunció ayer en las Juntas Generales que pospondrá la aprobación en el Consejo de Gobierno del convenio con la Diputación guipuzcoana para el traslado hasta 2013 de 25.000 toneladas de basuras -previsto para hoy- hasta lograr reeditar el acuerdo político alcanzado a final de la pasada legislatura con PSE y PP sobre el tratamiento de los residuos urbanos, incluida la incineración en la planta de Zabalgarbi.

Una comparecencia solicitada un mes antes de que se hiciera público el «acuerdo político» entre los diputados generales de Bizkaia y Gipuzkoa sirvió para que la mayoría de los grupos de la oposición en la Cámara vizcaina lo pusieran en cuestión. El propio diputado de Medio Ambiente y la portavoz jeltzale se vieron en la obligación de reconocer que el modo en que fue hecho público no fue el más adecuado. «Quiza no hayamos cuidado las formas. Siento el enfado», manifestó Madariaga después de que los portavoces de PSE, PP, EB y Aralar criticasen que se habían enterado del acuerdo «por la prensa».

A partir de ahí, recogiendo el guante de Arturo Aldecoa (PP), mostró su disposición a dialogar con la oposición para contar con el mayor respaldo político posible, aunque aclaró que la Diputación vizcaina no necesita de él para transferir las basuras a los vertederos de Igorre, Jata y Urtuella. Tan sólo debe presentar el convenio para su ratificación formal; no negociar su contenido.

Josu Madariaga negó que esta solución, la del traslado de basuras, llevase tiempo -desde 2004- negociándose. El 5 de mayo, según informó, su homólogo guipuzcoano, Carlos Ormazabal, se puso en contacto telefónicamente con él en dos ocasiones y un día después el equipo que preside Markel Olano pidió formalmente a la Diputación vizcaina que estudiase su propuesta de traslado de residuos para tratar de paliar la situación «límite» que viven por la clausura del vertedero de San Marcos. El «acuerdo político» se visualizó hace cinco días, el 8 de mayo, con una rueda de prensa conjunta de los diputados generales y los responsables de Medio Ambiente, a espaldas del resto de grupos políticos y de las mancomunidades.

San Marcos: «Es un parche»

Una de las aludidas, la Mancomunidad de San Marcos, emitió un comunicado el sábado pasado en el que afirmó que el tratamiento de los residuos «no necesita de traslados sino de soluciones».

Para la entidad que dirigen representantes de Ezker Batua y ANV, el «acuerdo político» entre Bilbao y Olano «es un parche más» con el que «tan sólo se traslada el problema a otro sitio», y «sólo pretende ganar tiempo para imponer el modelo de incineración en lugar de adoptar medidas encaminadas a dar solución al problema».

Ayer, en la comisión de Agricultura y Medio Ambiente de las Juntas Generales de Bizkaia, EB y Aralar aseguraron que la llegada de 24.000 toneladas de basuras de Ermua y Mallabia y otras 76.000 de Debabarrena pueden colmatar antes el vertederos de Igorre y Jata, acelerando la puesta en marcha de la segunda línea de Zabalgarbi.

Este extremo fue negado por Madariaga y por la portavoz jeltzale, Nerea Ahedo, quien aseguró que el actual Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 2005-2016 puede asumir las 25.000 toneladas anuales y no tiene nada que ver con el incremento de la actividad de la incineradora, prevista para 2012. Se trataba así de calmar el «enfado mayúsculo» del PSE, cuyo portavoz, Joaquín Colmenero, acusó al PNV de poner en peligro el consenso alcanzado con el Plan.

Ahedo, a su vez, rechazó que la Diputación vizcaina pida compromisos firmes a la guipuzcoana respecto a sus planes para resolver la problemática de los residuos urbanos.