LAB denunció ayer que la elección de Iñigo Barandiaran Benito, elegido el pasado 25 de abril como miembro del consejo de administración de Kutxa, incumple la Ley de la Función Pública, que determina que «los funcionarios vendrán obligados a observar, estrictamente, el régimen de incompatibilidades». Dado que Barandiaran Benito es funcionario del Ayuntamiento de Donostia, LAB exigió su inmediata dimisión.

La central abertzale indicó que este «funcionario, que se presentó a consejero de Kutxa por el grupo de impositores en la lista de PNV-EA, tiene un puesto de trabajo con dedicación exclusiva, con prohibición expresa de ejercer cualquier otra actividad remunerada, tanto pública como privada. Tiene un complemento de dedicación exclusiva del 30% y cobra del Ayuntamiento más de 67.700 euros anuales, sin contar su antigüedad, que es mucha, y ahora quiere también hacerlo de Kutxa», añadió.

En opinión de la central, Barandiaran Benito sabía lo que hacía, porque «no es nuevo en estas lides, pues lleva años ejerciendo su profesión en diferentes puestos de la Administración, entre ellos desde el año 1992 como director de Relaciones Institucionales y Administración local desde el Gobierno de Gasteiz, por lo que se puede decir que no desconocía sus obligaciones».

LAB señaló en una nota de prensa que Barandiaran Benito no solicitó la perceptiva compatibilidad de puestos.

Según el sindicato, «una vez más el PNV demuestra su verdadera ética». «No les ha bastado ni aprendido del caso Jauregi, del fraude a la Hacienda guipuzcoana, ni del Museo Balenciaga de Getaria, ni del Gugenheim».