La fusión de los dos principales servicios de información y seguridad de Interior del Estado francés, que el propio Nicolas Sarkozy había intentado cuando se encontraba al frente del Ministerio de Interior, está aprobada, y en ella está teniendo un protagonismo especial la actual ministra de Interior, Michèlle Alliot-Marie, quien, como hiciera Jacques Chirac, se opuso firmemente al entonces proyecto de Sarkozy. Así, los Renseignements Géneraux (RG) y la Direction de la surveillance du territoire (DST) darán lugar a la Direction Centrale du Renseignement Intérieur (DCRI).

El objetivo final de esta reforma de los servicios de información franceses es lograr una mayor eficacia a la hora de garantizar la seguridad. Sin embargo, al margen de las reticencias en el seno de ambos servicios, cabe preguntarse qué seguridad es la que pretende garantizar. La seguridad de quién. No parece probable que la reforma contemple, por ejemplo, revisión alguna de los modos de actuar reiteradamente cuestionados y que, amparados en legislaciones especiales, en vez de garantizar esa seguridad han vulnerado los derechos de numerosos ciudadanos. Eso sí, en nombre de la seguridad, palabra constantemente utilizada para tratar de encubrir la naturaleza de una Policía política cuya única misión es la salvaguardia del Estado y no precisamente servir al ciudadano.