Reforma de los servicios de información
DST y RG se fusionan para garantizar mejor la seguridad del Estado francés
Los decretos por los que se fusionan las dos principales estructuras de información ya están aprobados. El objetivo de la reforma es, por un lado, evitar la duplicidad de las investigaciones y la competencia entre servicios y, por otro, trabajar en simbiosis. De paso, el Estado se ahorra cientos de funcionarios que trabajaban en las direcciones centrales, cuyos puestos, una vez alcanzada la jubilación, no serán reemplazados.
Arantxa MANTEROLA | BAIONA
El 7 de abril se aprobaban los cinco decretos por los que se fusionarán los dos servicios más importantes de información y seguridad interior del Estado francés: los Renseignements Généraux (Informaciones Generales-RG) y la Direction de la surveillance du territoire (Direc- ción de Vigilancia del Territorio-DST). Una fusión que teóricamente es ya realidad pero que en la práctica real necesitará más tiempo para concretarse, porque la puesta en marcha del nuevo ente, que se llamará en adelante Direction Centrale du Renseignement Intérieur (DCRI), ha originado sus más y sus menos entre estas estructuras que llevan décadas funcionando cada una a su manera y con cometidos diferenciados pero también similares; por ejemplo, en lo que respecta a la «lucha antiterrorista».
La unificación de los dos servicios es una cuestión de la que se lleva años hablando en el Estado francés. De hecho, el propio Nicolas Sarkozy, siendo ministro de Interior, lo intentó. Sin embargo, su predecesor, el presidente Jacques Chirac, se opuso tajantemente y el proyecto se quedó, una vez más, en el cajón.
Por ello, en cuanto tomó las riendas de la República y con la vía libre cuando menos en cuanto a oposición interna se refiere, Sarkozy abordó «la modernización» de los servicios de inteligencia y contra-espionaje basándose en el modelo anglosajón. Lo hizo, eso sí, con cierta premura, en su estilo contundente y categórico, como si quisiera probar que él cumple lo que promete y que, además, lo hace ya.
Comenzó por reubicar las direcciones centrales de los RG, de la DST y también de la DNAT (División Nacional Anti-Terrorista) en Levallois-Perret (Departamento de Hauts-de-Seine, periférico a París). Ironías del destino, le tocó inaugurar los nuevos locales a la actual ministra de Interior, Michèle Alliot-Marie, que había hecho piña con Chirac para oponerse al proyecto de fusión de ambos servicios.
Sin embargo, lo más difícil quedaba por hacer. ¿Cómo repartir las tareas, unificar las estructuras, reorganizar todos los servicios, redistribuir y homogeneizar las zonas de actuación (diferentes hasta ahora para cada servicio) y, sobre todo, cómo conseguir que los agentes y funcionarios provenientes de diferentes cuerpos trabajen conjuntamente?
Reticencias manifiestas
Experiencias anteriores como la de la UCLAT (Unidad de Coordinación de la Lucha Antiterrorista) habían servido para iniciarse en el trabajo en común, pero en las instancias internas de los servicios de información el recelo respecto a la fusión, en particular en las jerarquías apegadas a las poltronas, era manifiesto. Y es que, de lo poco que se trasluce en los medios sobre tan opaco tema, parece que la eterna rivalidad entre ambos servicios hacía que funcionasen en competencia, consagrándose, cada uno por su lado, en preparar y proporcionar a los jueces los informes más voluminosos posibles para demostrar su respectiva eficiencia.
Sarkozy quería evitar el choque frontal y, como ya lo está haciendo en otros campos con mayor o menor éxito, también en éste tan delicado en cuanto que atañe a las estructuras encargadas de «la seguridad del territorio nacional» procedió a contrastes previos con los principales sindicatos policiales con el fin de intentar conseguir la mayor concertación posible. La encargada de la labor ha sido, naturalmente, Alliot-Marie.
La nueva Dirección Central de Información Interior (DCRI), a cuya cabeza estará Bernard Squarcini, actual director de la DST y hombre de confianza de Sarkozy, tendrá cuatro cometidos: la lucha contra las injerencias externas, denominado habitualmente contraespionaje; la lucha contra el «terrorismo y conspiraciones subversivas»; la protección del patrimonio y de la inteligencia económica, cientifíca y técnológica; y la vigilancia de los «grupúsculos extremistas y de la contesta-ción social».
Reagrupará en su seno a los ex agentes de la DST y a más de la mitad de los de la DGRG, de los que la mayor parte serán diseminados por todo el territorio del Estado. El trabajo de información «puertas adentro» será considerado materia reservada. Paralelamente, unos 1.000 agentes RG y 450 administrativos dejarán sus despachos para ocuparse de la seguridad pública y trabajar recabando información en el «exterior», en particular en tres campos: el aná- lisis institucional (los «sin papeles», el medioambiente...); la seguridad de los viajes oficiales; y el orden público (manifestaciones de estudiantes, de agricultores o camioneros, violencia urbana, en el deporte...).
Se ha creado una Subdirección de Información General, la SDIG (habrá una en cada Departamento), a cuya cabeza han puesto a Serge Guillen, un antiguo mando de los RG, y al ex director de los RG de Créteil, Emmanuel Ponsard. Los dos han tratado de calmar los reticencias de los agentes del extinto servicio porque son, precisamente, a quienes más afectará la fusión.
Las protestas y reservas en cuanto al nuevo funcionamiento provienen, en su mayor parte, de sus sindicatos. Así, el secretario general adjunto de Synergie Officiers, Patrice Ribeiro, ha mostrado su temor por la eventual pérdida del savoir faire de los dos servicios que hasta ahora eran, en su opinión, «complementarios». Henri Martín, secretario general de UNSA-Policía, también ha manifestado sus recelos aduciendo que «ya veremos en la práctica».
En 2009, la Gendarmería
La Gendarmería tampoco escapará a los propósitos de reforma de las estructuras de seguridad interior. Hacia setiembre se empezará a debatirse la ley por la que este cuerpo militar con funciones de Policía pasará a depender del Ministerio de Interior en lugar de hacerlo del de Defensa, de quien dependía desde su creación (1791) tras la Revolución francesa, aunque sus orígenes se remontan al siglo XIV. Esta reforma también está generando muchas reticencias en policías y gendarmes que temen las consecuencias que pueda tener sobre sus empleos y funciones habituales.
Bien es cierto que en lo que a emolumentos se refiere, la mayoría de los policías están mejor pagados que los gendarmes, pero tampoco lo es menos que, aunque efectúen más horas de trabajo, estos últimos tienen ventajas sustanciales respecto a los primeros para conseguir vivienda (eso sí, la mayoría de las veces integrada en el recinto del cuartel), para el transporte ferroviario (75% de reducción) y, además, pueden si lo desean acceder a la jubilación tras quince años de servicio.
En sus tiempos de ministro de Interior, Sarkozy ya había emprendido el «acercamiento» entre policías y gendarmes «sacudiendo» los hábitos de trabajo de los militares y haciendo que éstos salieran de su reserva. La creación de los Grupos de Intervención Regional (GIR) hizo que gendarmes y policías unificaran medios y comenzasen a trabajar en equipos conjuntos. Estas estructuras han solido coordinar y dirigir, por ejemplo, muchas de las últimas operaciones contra militantes vascos desarrolladas en el Estado francés.
A finales de noviembre 2007, el ya presidente anunciaba que a principios del año que viene los 101.000 efectivos de la Gendarmería iban a ser integrados en el Ministerio de Interior aunque conservarán el estatuto militar. Se formó un grupo de trabajo conjunto Defensa-Interior encargado de estudiar la armonización de baremos económicos, escalas, etc. y la coexistencia de los estatutos específicos, cuestión ésta sensible porque, si bien algunos creen que ambos estatutos (policía-gendarme) subsistirán, para otros no es más que un paso más hacia una futura fusión alentada, por otro lado, por la Unión Europea.
Ya en 1986, cuando Jacques Chirac tuvo que cohabitar con el presidente socialista François Mitterrand, se empezó a hablar de una única Dirección de Información. En 2002, el gobierno de Lionel Jospin (PS) también se planteó una unificación de la DST y de la Dirección Central de los RG «para racionalizar medios y ganar en eficacia».
La DST, creada en 1944 para «luchar contra las actividades de espionaje y contra las injerencias de potencias extranjeras», trabaja principalmente en dos campos: el convencional de información y el de la Policía Judicial, por lo que el Ministerio Público o el juez pueden encargarles determinadas investigaciones preliminares. A finales de 1982 sus funciones fueron «adaptadas a los nuevos tiempos». Así, en la actualidad se ocupa de «contraespionaje, antiterrorismo y de la protección del patrimonio económico y científico-tecnológico».
En materia de lo que se denomina «terrorismo islamista y otros», desde el atentado del 11 de setiembre de 2001 es el interlocutor casi exclusivo de los magistrados. Esta colaboración que algunos califican de «privilegiada», ha sido denunciada muy a menudo porque ha dado lugar a abusos en materia de detención y encarcelamiento provisional gracias a los cambios realizados en la legislación.
Tras mucho tira y afloja, se ha aceptado que la Prefectura de Policía de París mantenga sus 800 agentes que hoy dependen de los RG. Será el prefecto quien informe a la DCRI.
Con la reforma, será la Policía Judicial la que se ocupe de los asuntos y delitos que tengan que ver con «juegos y apuestas», un campo del que tradicionalmente se han encargado los RG.
Se creará un Servicio de Información General en cada departamento para los ex RG, cuya misión seguirá siendo recabar información pero sólo en materia social y de violencia urbana.
Los Renseignements Généraux (RG-Informaciones Generales) han sido tradicionalmente considerados como la Policía «política». Se encargan de proporcionar elementos de análisis e investigación a las estructuras gubernamentales. Su ramificación y presencia territorial en el conjunto del Estado es una de sus características.
Además de la contestación social, del seguimiento de los movimientos «radicales», del análisis del estado y tendencias de la opinión pública sobre todo tipo de temas (sociales, políticos, medioambientales, sindicales, etc.), este servicio también se ocupa de la «lucha antiterrorista». Su quehacer es detectar individuos «potencialmente peligrosos». Los RG no están habilitados para actuar como Policía Judicial salvo en el campo de «juegos y apuestas».
Será el servicio más afectado por la fusión prevista para julio de este año, ya que muchos de sus efectivos pasarán a labores de «seguridad pública».