La Fiscalía y el abogado de la coordinadora de ONGs de Euskal Herria, Harresiak Apurtuz, solicitan seis años de prisión para un supuesto empresario y otros tantos para una abogada, acusados ambos de estafar conjuntamente a un total de 66 inmigrantes. Según la acusación, ambos prometieron a todos ellos regularizar su situación tras ofrecerles trabajo.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia celebrará hoy el juicio, en el que también acusa el Colegio de Abogados de Bizkaia de estafa y deslealtad profesional.

El Ministerio Público y la representación legal de Harresiak Apurtuz sostienen que los procesados, aprovechando el inicio del proceso de normalización de inmigrantes regulado en el Real Decreto 2393/2004 por el que aprobó el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los inmigrantes y su integración social, «se concertaron para enriquecerse ilícitamente».

De esta forma, recibían dinero por parte de decenas de inmigrantes en situación irregular, con los que la acusada contactaba, «prometiéndoles falsamente la obtención de la correspondiente autorización de residencia y trabajo mediante la presentación ante la autoridad administrativa competente de una oferta de trabajo». Así, el acusado constituyó en abril de 2005 una comunidad de bienes, la cual denominó Reformas Koldo, que carecía de actividad.

Por su parte, la abogada, que actuaba en representación de la supuesta empresa, exigió y obtuvo dinero de numerosos inmigrantes, confiados por su condición de letrada. En concreto, les pedía una cantidad media de 800 euros «a sabiendas de que algunos de ellos no cumplían los requisitos previstos en la normativa correspondiente».

Harresiak apurtuz reclama también una multa de 16.200 euros y que devuelvan a los inmigrantes las cantidades estafadas. El fiscal rebaja la petición de multa a 8.100 euros.