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Nicola Duckworth directora programa regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional

En respuesta al artículo «Gestoras pro Amnistía y Amnistía Internacional» de Manuel F. Trillo

Distintas personas relacionadas con estos procesos han solicitado a Amnistía Internacional que intervenga, y la organización está examinando cada una de estas peticiones, a fin de determinar si existen motivos de preocupación a la luz de las normas internacionales y el mandato de AI

En respuesta al artículo «Gestoras pro Amnistía y Amnistía Internacional», publicado en GARA el 6 de mayo de 2008, y firmado por el profesor Manuel F. Trillo, Amnistía Internacional desea hacer las siguientes aclaraciones:

Amnistía Internacional tiene conocimiento de los procesos en curso contra personas acusadas de pertenencia o colaboración con ETA, como el llamado macroproceso 18/98 y el sumario 33/01, al que se refiere el profesor Trillo. Distintas personas relacionadas con estos procesos han solicitado a Amnistía Internacional que intervenga, y la organización está examinando exhaustivamente cada una de estas peticiones, a fin de determinar si existen motivos de preocupación a la luz de las normas internacionales y el mandato de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional continúa investigando y planteando motivos de preocupación en torno a cuestiones de derechos humanos relevantes para el País Vasco. Desde mayo de 2002, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por entender que ciertos artículos de la Ley de Partidos Políticos son imprecisos y amplios y que puede interpretarse que prohíben actividades políticas que buscan, por medios pacíficos y democráticos, propugnar cambios en los principios constitucionales o las leyes.

Amnistía Internacional ha continuado expresando preocupación por la política penitenciaria de dispersión de presos, en virtud de la cual los reclusos son trasladados regularmente a diversas prisiones del país. Amnistía Internacional mantiene que, con arreglo a las normas internacionales, se debería permitir -siempre que sea posible- que todos los presos cumplan sus condenas de prisión en establecimientos penitenciarios razonablemente cercanos a su lugar de residencia habitual, si así lo solicitan.

Otro de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional desde hace tiempo guarda relación con la legislación que permite la detención prolongada en régimen de incomunicación después del momento del arresto de sospechosos detenidos por cargos relacionados con el terrorismo. En este contexto, Amnistía Internacional ha planteado motivos de preocupación en relación con violaciones del derecho a acceder sin demora a un abogado elegido por la persona detenida, el derecho a exámenes médicos a cargo de un profesional de la medicina elegido por la persona detenida; y el derecho a notificar sus familiares de su detención. Amnistía Internacional también considera motivo de preocupación la duración del secretismo del procedimiento sumario especial.

Amnistía Internacional continúa considerando motivo de profunda preocupación la persistencia de las denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tanto en el País Vasco como en todo el Estado español. En su reciente informe «Sal en la herida» (Índice AI: EUR 41/006/2007), Amnistía Internacional ponía de relieve la insuficiencia, ineficacia y falta de imparcialidad y exhaustividad de los mecanismos internos y judiciales para investigar tales violaciones de derechos humanos. La organización ha recomendado la creación de un mecanismo independiente para la rendición de cuentas de la policía que garantice que las denuncias de violaciones graves de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se investigan conforme a las normas internacionales.

Finalmente, Amnistía Internacional desea reiterar que ha condenado de manera constante y sin reservas los abusos contra los derechos humanos cometidos por ETA y le ha pedido que trabaje por la creación de un clima en el que se respeten el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona y el derecho a no ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A título de ejemplo reciente, Amnistía Internacional pidió sin reservas a ETA que pusiera fin a su campaña declarada de amenazas y homicidios contra representantes de partidos políticos, como fue el caso del homicidio de Isaías Carrasco el 7 marzo.

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