Maider González viajaba el pasado sábado -un sábado más- hacia la cárcel de Burgos, con la intención de visitar al preso donostiarra Asier Etxenike. En el camino, sufrió un accidente de tráfico. El coche quedó destrozado y ella recibió un fuerte golpe en la cabeza que le causó una brecha y una fuerte conmoción. Ayer acudió a la rueda de prensa de Etxerat en Bilbo acompañada de dos amigas, que le servían de apoyo para poder caminar. «Estoy bien -comentaba a GARA, tras finalizar el acto- todo se ha quedad en un susto».

Sin embargo, y por si fuera poco, el relato de lo acontecido ese sábado no termina ahí. «Yo sangraba mucho de la herida de la cabeza y estaba conmocionada; apareció la ambulancia, me metieron dentro y me desnudaron para ver mi estado. Entonces llegó la Guardia Civil de Tráfico, y cuando vieron lo que había en mi coche -un paquete con un par de ejemplares de GARA, cartas y otras cosas- entraron a la ambulancia para someterme a un interrogatorio. Empezaron a preguntarme de dónde venía, a quién iba a visitar y otras cosas que no recuerdo bien porque estaba conmocionada. El médico se dio cuenta de lo que estaba pasando y les dijo que salieran de la ambulancia, que yo estaba en estado de shock y no podía contestar a las preguntas».

Más tarde, algo recuperada, Maider regresó a su coche y se lo encontró completamente revuelto. Tras revisarlo, comprobó que estaba todo menos su móvil y una de las cartas, la única que estaba cerrada.

El testimonio de Maider es sólo el capítulo más reciente, y no será el último, de una realidad, la de los familiares de los presos vascos, marcada por la política penitenciaria de los estados español y francés, la misma que Etxerat, ayer y ante los medios de comunicación, no dudó en calificar de «criminal».

«Potencian el sufrimiento»

Pañuelo al cuello, en la comparecencia estuvieron presentes nueve familiares de represaliados políticos vascos, que cedieron su voz a Jone Artola -hermana de Joseba Artola, que lleva 22 años encarcelado a pesar de haber cumplido la totalidad de su condena- para describir en toda su crudeza la situación que sufren cada día.

Artola presentó a Anttoni Galdos: «La política penitenciaria de los estados español y francés mató a su hija, Oihane Errazkin, cuando se encontraba en la cárcel de Fleury». Y a Arantza Goikoetxea, cuñada de Aintzane Orkolaga, aislada en la cárcel de Bapaume, a más de mil kilómetros de Euskal Herria y que lleva más de cinco años aislada sin coincidir con ninguna otra presa política vasca. Esta situación la soportan otros 39 presos políticos vascos.

Cerca de ella, Estrella Nieto, hermana de Esteban Esteban Nieto, «muerto por la inasistencia sanitaria de la política penitenciaria del Estado español», apuntó Artola. Y Gregorio Agirre, primo de Jon Agirre Agiriano, que el pasado domingo cumplió 27 años en la cárcel. Tiene 66 años y está muy enfermo. «Hay otros 11 presos en la misma situación, gravemente enfermos y sin que el Estado les deje en libertad», precisó Artola.

Detrás de Agirre se sentó Itziar Otaegi compañera de Bittor Tejedor, «que tuvo que abandonar su casa hace 20 años tras ser detenido y torturado salvajemente. En 2007 -recordó la portavoz de Etxerat- lo volvieron a detener en Canadá por acusaciones obtenidas bajo tortura». Hoy corre el riesgo de ser entregado e incomunicado.

Tampoco faltó Joxe Balerdi, que perdiera para siempre en un accidente de tráfico provocado por la política de dispersión a su esposa, Argi Iturralde, y a su hijo Iñaki. «Hoy en día le siguen obligando a pasar por el mismo sitio donde murieron su mujer y su hijo, si quiere ver a su otro hijo, que sigue encarcelado», lamentó Artola.

«Podemos salvarles la vida»

La narración de las vivencias personales que ayer se reunieron en Bilbo, como muestra de los cientos de casos que se cuentan entre los familiares de represaliados vascos, empuja al colectivo a una conclusión: «Nos están haciendo sufrir de la manera más cruel a nosotros y a nuestros familiares», en palabras de Jone Artola.

No obstante, la portavoz de Etxerat manifestó que «nosotros creemos que podemos salvar la vida de nuestros familiares presos y las nuestras propias, pero para ello es imprescindible un cambio de actitud de los políticos y de las instituciones de este país. Los estados español y francés no se permitirían el lujo de cometer todas estas atrocidades si Lehendakaritza en vez de cerrarnos sus puertas, tomara iniciativas efectivas, si la Dirección de Derechos Humanos usase todos los medios a su alcance para denunciarlo».

Sin embargo, la realidad es otra: «No han planteado ni una sola propuesta en los últimos treinta años para acabar con las políticas criminales de los dos estados, no han hecho sino declaraciones vacías, siempre en momentos de interés político. Pero sí han torturado en sus comisarías y con su policía han dejado en manos de la Audiencia Nacional a nuestros familiares. Lejos de tendernos la mano, nos han golpeado cuando han podido. Si hubiesen actuado con la mitad de humanidad con la que nos han ayudado y nos ayudan los hombres y mujeres que hoy están siendo juzgados en la Audiencia Nacional estaríamos en otra situación distinta».

En la rueda de prensa también tomó parte Ramón Gaztelumendi, quien recordó el caso de su propio hermano «que durante veinte años pasó por 18 cárceles diferentes» para ilustrar «los duros tiempos que hemos vivido, y en los que, desde el primer momento, hemos contado con la ayuda sincera y efectiva de quienes hoy están siendo juzgados en Madrid».

Añadió que «hoy día se mantiene la estrategia de destrucción de los tiempos de Franco, contra un importante sector de la población vasca; aunque los métodos son diferentes, se mantienen la estrategia de `olvidar y silenciar'. Pretenden silenciar la situación de las familias que hoy estamos aquí, los testigos, la ayuda, la solidaridad... con represión, chantaje, mentiras y amenazas. Pretenden hacer creer que aquí no pasa nada. Y nosotros debemos decir que no tenemos miedo y que, si nuestros padres lo hicieron por miedo, nosotros no nos callaremos».

Desmentido en Madrid

Por otra parte, en el juicio contra el movimiento pro-amnistía que se está desarrollando en Madrid, el comisario de la Policía española identificado con el número 19.242 desmintió una de las acusaciones en las que se sustenta el sumario. El miembro de la UCI dejó en evidencia al fiscal, Carlos Bautista, cuando éste le preguntó si el movimiento pro-amnistía coordinaba la kale borroka. Su respuesta fue contundente: «es impensable». Según explicó el comisario, el movimiento pro-amnistía podía convocar jornadas de lucha para denunciar la situación en las cárceles o otros actos represivos, pero que no desarrollaba el trabajo de coordinación de los ataques.

Las manifestaciones del «perito» 19.242 desmontan la acusación que Bautista trató de probar con los atestados de los ataques a juzgados que ratificaron los 40 agentes de la Policía autonómica que declararon por videoconferencia. El fiscal reconoció en su día ante los alumnos que asistían a la sesión que llamando a declarar como testigos a los ertzainas pretendía hacer ver que era el movimiento pro-amnistía el que generaba el «ambiente» para que se produjeran actos de kale borroka contra sedes y miembros de la judicatura española. Asimismo, Bautista señaló que no existían imputaciones individualizadas contra los procesados contradiciendo uno de los principios básicos del Código Penal español.

El lunes se reanudará el juicio con los informes de los «peritos» de la UCI ya que ayer sólo declararon por la mañana. En la sesión trataron de vincular al movimiento pro-amnistía con Ekin, al asegurar que en los registros de las sedes se encontraron documentos del citado organismo.