Al término de una visita de una semana en el Estado español, ayer el relator especial sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo de la ONU, Martin Scheinin, reflexionó acerca de la definición que se hace en la legislación de los delitos de «terrorismo».

Remarcó que éstos deben incluir un «elemento fundamental de violencia física mortal o grave contra la población en general o sus segmentos», y advirtió contra «definiciones vagas y amplias que acaban socavando el firme mensaje moral inherente en las definiciones estrictas basadas en el carácter inexcusable de cada acto de terrorismo individual».

«Caer por la pendiente»

A este respecto, Scheinin calificó de «definición sensata» la que se hace de los delitos de terrorismo en el artículo 157 del Código Penal, pero subrayó que otras disposiciones relativas a esta cuestión incluidas en el Código, como «la referencia a 'cualquier otro delito' del artículo 154, la noción de 'colaboración' del artículo 576 y la disposición enmendada del artículo 577 sobre la violencia callejera, conllevan el riesgo de un 'deterioro gradual'» de la definición de terrorismo. Esto supone el riesgo, añadió, de que, «poco a poco se vaya ampliando la noción de terrorismo a actos que no constituyen y no guardan suficiente relación con actos de violencia grave contra la población en general». Agregó que «cuando se empieza a caer por esa pendiente se corre el riesgo de conculcar muchos derechos».

Al parecer de este relator finlandés de la ONU, este deterioro conlleva también el hecho de que se aplique «la detención en régimen de incomunicación». Por eso, llamó al Gobierno español a iniciar un proceso de examen pericial independiente sobre lo adecuado de las actuales definiciones y el riesgo de deterioro gradual. No sólo eso. Scheinin le reclamó que derogue la incomunicación. Piensa que esto daría credibilidad a las medidas «antiterroristas» y contribuiría a eliminar la «zona gris» en la que el detenido está solo.

En cuanto a las denuncias por torturas y malos tratos de detenidos, Scheinin pidió al Gobierno «mayor vigilancia en su compromiso de erradicar la tortura» y se dijo consciente del «uso generalizado de la tortura» durante el régimen franquista. Aunque aclaró que no considera que haya habido «una continuación» de esta práctica, aseguró que le preocupa «que siga habiendo alegaciones de tortura y malos tratos a los sospechosos de delitos de terrorismo y que esto no redunde en investigaciones rápidas e independientes». «Estoy convencido de que la existencia de esas alegaciones y la falta de investigación independiente sistemática socavan la lucha antiterrorista de España», aseveró.

No sólo jurisdicción de la AN

El relator realizó otra petición al Ejecutivo español. Le reclamó que estudie la posibilidad de que los «delitos de terrorismo» no sean únicamente jurisdicción de la Audiencia Nacional, sino que puedan ser juzgados por tribunales ordinarios.

Explicó que debido a que en el Estado español sólo la Audiencia Nacional se encarga de los casos de «terrorismo», y a que la función del Tribunal Supremo tradicionalmente se limita a cuestiones de derecho, los mecanismos existentes de revisión por un tribunal superior, a los que tiene derecho toda persona condenada por un delito, adolecen de una deficiencia estructural. Constató que pese a las medidas adoptadas para abordar esta cuestión, el problema sigue vigente.

Durante la visita Scheinin se ha reunido con el ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, y el de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, así como con expertos de los Ministerios de Exteriores, Interior, Justicia, Defensa, Presidencia del Gobierno, Defensor del Pueblo, parlamentarios y presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el CGPJ.

Otro relator especial de la ONU, Theo Van Boven, encargado de analizar la práctica de la tortura, realizó hace cuatro años un informe muy crítico con la aplicación de esta práctica en el Estado español, y censuró también el régimen de incomunicación, aunque las autoridades españolas han hecho caso omiso de sus recomendaciones y trataron de desacreditarlo.