ETA llevó a cabo en la madrugada de ayer un atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Legutio que causó la muerte a un agente adscrito a la instalación militar. Otros tres números quedaron hospitalizados al resultar heridos por la fuerte explosión, que destruyó el acuartelamiento.

El atentado provocó una escalada de reacciones de condena que se condensaron en una declaración oficial aprobada por todos los grupos políticos representados en el Congreso español. A diferencia de ocasiones precedentes, el PP evitó hacer casus belli de la no mención a la renuncia expresa al final dialogado de la violencia. La doctrina policial a la que se consagra hoy el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha debilitado el argumentario de una formación que se dirime en una fuerte controversia interna, como lo demuestra la crisis escenificada por María San Gil, que deja traslucir el temor a que el PP module el discurso más intransigente sobre la identidad nacional española y modernice su oferta política sobre la llamada vertebración territorial.

La Guardia Civil, como institución, encarna una noción de la unidad española que, como lo demuestra la Historia reciente, no ha dudado en imponerse a sangre y fuego. Este cuerpo militar es sinónimo de «continuidad territorial» y espejo de una «España eterna» para la que la voluntad de la ciudadanía no es la seña básica que define a una comunidad política.

El de Legutio es el tercer atentado cometido por ETA contra instalaciones de las FSE desde que se colapsara la mejor oportunidad de las últimas décadas para resolver el conflicto político que sorporta Euskal Herria y todas y cada una de sus dolorosas consecuencias. Los discursos de «unidad frente al terrorismo» que ayer se calificaban de históricos aparecen -y se desvanecen- desde hace más de 30 años; también las especulaciones, ciertamente frívolas, sobre la fortaleza o debilidad de una organización armada cuyo inminente final ya auguró el dictador Francisco Franco.

La cruda realidad indica que habrá que recorrer otras sendas, por las que han transitado ya antes todos los gobiernos españoles, para alcanzar una solución democrática que traiga la paz.