Bill Bowring es un conocido abogado inglés que ha trabajado durante muchos años defendiendo los derechos humanos en Chechenia, Turquía o Serbia. Reconoce estar asombrado por el procesamiento de su «amigo» Julen Arzuaga en el juicio contra el movimiento pro-amnistía y destaca su trabajo en favor de los derechos humanos.

Ha seguido el sumario 18/98, ¿cómo valora la sentencia?

Hace dos años participé en Bilbo en una manifestación para protestar por el sumario y también en una conferencia de prensa. Aunque conozco por encima la sentencia, me parece una sentencia muy dura con evidencias muy débiles para justificar las acusaciones. Estamos esperando a ver cómo se pronuncia el Tribunal Supremo sobre el recurso. Pero nos ha llamado la atención que de 52 personas 47 fueron condenadas.

¿Cree que se repetirán las condenas en el juicio contra el movimiento pro-amnistía?

Sí, tengo la sensación de que la mayoría serán condenados y, al igual que en el 18/98, habrá algunos procesados que quedarán absueltos. De este sumario me preocupa que la solidaridad con los prisioneros sea considerada como terrorismo. Estuve trabajando en el norte de Irlanda y nunca se puso en cuestión este tema. Ninguna persona fue arrestada ni perseguida por ayudar a los prisioneros.

¿Por qué cree que el Estado español actúa de esa manera?

En Irlanda del Norte la forma en la que el conflicto llegó a su fin fue cuando el Gobierno comenzó a hablar con los líderes republicanos y el Gobierno irlandés. Y nunca tuvo la intención de encarcelar a los líderes de Sinn Fein o ilegalizar esta formación. En Euskal Herria, en cambio, con las ilegalizaciones de HB, Gestoras pro-amnistía o demás organizaciones y encarcelando, el Gobierno español está evitando con esa actitud que se pueda producir un proceso de paz. Me parece una política errónea y el peor camino para una resolución de paz.

¿Se puede decir que la legislación del Gobierno británico era más blanda?

No, también era muy dura. Cualquier irlandés era sospechoso, pero no eran encarcelados por ser miembros de un partido político o simpatizar con los presos políticos.

En cuanto al conflicto vasco, ¿qué opinión le merece la Audiencia Nacional?

Creo que mantener un tribunal de excepción como éste es un error, y reclamó su abolición. Por ello, entiendo la postura adoptada por los procesados en el sumario 33/01 de no defenderse por entender que no tienen garantías. Es una decisión difícil. Yo soy abogado y siempre digo que hay que aprovechar cualquier posibilidad. Pero, en este caso es comprensible. Espero que tomen la decisión de recurrir la sentencia al Tribunal Supremo y después, a Estrasburgo.

¿La legislación «antiterrorista» española preocupa a nivel internacional?

Sí, ha habido críticas muy duras por parte de el relator de la ONU, Martin Scheinin, y del relator del Consejo Europeo, Dick Marty, que censuró la inclusión de Segi que en 2002 en la lista de «organizaciones terroristas», cuando el juicio ni siquiera había comenzado. Además, es una locura que la misma organización sea legal en Francia y no en España. La ONU y la UE se han dado cuenta que han metido a organizaciones en las listas sin saber quienes son. El problema de las listas es que no sabes por qué te han metido y luego te quedas fuera de la ley y es muy difícil salir de ahí.

¿Cree que en Europa pueden ser rechazadas las ilegalizaciones de estos organismos?

Espero que los procesados apelen a la Corte europea de derechos humanos de Estrasburgo. Estoy seguro de que algunos de estos temas serán corregidos. Es muy importante hacerlo, aunque vayan muy lento. Es un mensaje público al Gobierno español el hecho de que algunas ilegalizaciones hayan sido simplemente tramitadas. Al Gobierno británico, por ejemplo, le dolió mucho perder casos en dicha Corte. En mi opnión, en estos momentos no hay justicia en la Audiencia Nacional, esperaremos a ver qué dice el Supremo, pero después deben apelar a Estrasburgo.