El juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional contra los miembros de Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, organizaciones de referencia en el ámbito de la denuncia de violaciones de derechos humanos y la solidaridad con los presos vascos, supone una pieza más del kafkiano laberinto del que forma parte el macroproceso 18/98. La tesis «garzoniana» es ya conocida: todos los grupos ligados a la izquierda abertzale son, o están destinados a ser, «apéndices» de la estructura de ETA. Han sido creados, «fagocitados» o «colonizados» por ella y responden a sus directrices. La maquinaria penal de la Audiencia Nacional se ha transformado, a partir de esa singular premisa, en un gigante en continua expansión destinado a ilegalizar y clausurar bajo la acusación de pertenencia o colaboración con banda armada todo aquello que se encuentra por delante. Se han cerrado periódicos, se han prohibido agrupaciones electorales, fundaciones, partidos y otras organizaciones políticas, y hasta se han impedido manifestaciones o reuniones. Todo un derecho penal del enemigo propio de «tiempos de guerra» que persigue ideologías en vez de hechos, inspirándose en una vieja y nunca apagada tentación totalitaria: la idea de que se debe castigar no por lo que se ha hecho sino por lo que se es.

En ese contexto, no resulta extraño que la denominada «lucha contra el terrorismo» alcance también a los defensores de los derechos humanos o a los abogados de la izquierda abertzale que han venido denunciando esa involución. No hace mucho, la Audiencia Nacional levantó testimonio de particulares en la propia sentencia del sumario 18/98 contra dos de los abogados defensores, Jone Goirizelaia y Jose María Elosua, acusados de injurias terroristas -delito que por otro lado no existe en nuestro ordenamiento- por referirse, en ejercicio de su libertad de expresión y derecho de defensa, a las torturas padecidas por sus defendidos. Ahora, otra vez en el mismo tribunal, se juzga a los abogados de Gestoras Pro Amnistía bajo la acusación de formar parte del «frente de macos» -o cárceles- de la organización armada.

Por este motivo algunas asociaciones de abogados como AED (Abogados Europeos Demócratas) han venido realizando una labor jurídica de observación, seguimiento y denuncia de esos procesos. En el juicio de Gestoras los abogados europeos han denunciado, entre otras cuestiones, la entrada y registro de despachos profesionales de abogados como Julen Arzuaga, miembro de la propia AED, sin las garantías debidas al secreto profesional y a la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes. En una situación muy parecida, pero desafortunadamente no tan conocida, se encuentra el abogado Juanma Olarrieta, encarcelado bajo la acusación de pertenencia a banda armada por su actividad profesional de defensa en Madrid de los presos de GRAPO.

Con estos y otros casos se pone en evidencia, como ya apuntaba la propia ONU en su resolución 53/144 del 1998, las dificultades y obstáculos a los que se enfrenta la labor de denuncia de maltratos y torturas incluso por parte de los profesionales del Derecho. Sustraer del silencio e invisibilidad tales actos de barbarie se convierte todavía hoy en día en una auténtica tarea titánica y de riesgo. En Cataluña, sin ir más lejos, recientemente lo han podido comprobar otra vez los propios miembros del Observatorio del Sistema Penal de la U.B., a los que el Gobierno catalán ha prohibido su entrada a las prisiones catalanas para realizar su labor de investigación y seguimiento de los maltratos o torturas denunciadas.

Las personas u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y denuncia de sus violaciones son la base imprescindible sobre la que se constituye la confianza en los mecanismos específicos de protección de los ciudadanos frente al arbitrio punitivo. Aquí y en cualquier parte del mundo. La no comprensión de ese papel fundamental y su persecución no son más que otro signo inconfundible de involución autoritaria y pérdida de legitimidad política del actual estado de derecho.