Las formaciones políticas catalanas que impulsaron el Estatut de Catalunya destacaron que el Tribunal Constitucional (TC) español «no es un árbitro ni neutral ni equitativo», después de que la muerte de un magistrado derechista, Roberto García-Calvo, haya provocado que exista una nueva correlación de fuerzas entre conservadores y «progresistas».

Hasta ahora, había seis magistrados de cada tendencia, pero en estos momentos, los favorables a dar el visto bueno al Estatut.

Joan Ridao, portavoz de ERC en el Congreso español, destacó que García-Calvo era uno de los magistrados más hostiles al Estatut y alertó de que si el TC limita esta norma, «Catalunya deberá empezar a estudiar la posibilidad de no reconocer la legitimidad de este tribunal».

El presidente del Parlament, Ernest Benach, también señaló, desde Bruselas que «si el TC llega a tocar alguna parte del Estatut habrá una crisis importante entre el Estado y las comunidades autónomas, en este caso Catalunya».

El diputado de ICV, Joan Herrera, subrayó que el fallecimiento de García-Calvo «pone más de manifiesto la necesidad de renovar a todos los miembros del TC». Actualmente, cuatro magistrados actúan en funciones ante la falta de acuerdo entre PSOE y PP para proceder a la renovación del tribunal.

Tanto UDC como el PP subrayaron que la muerte de García-Calvo no debería influir en la resolución del recurso contra el Estatut.

Juez y ex gobernador civil

García-Calvo, nacido en La Bañeza (León) en 1942, falleció el domingo en Villaviciosa de Odón (Madrid).

Antes de llegar a la cúpula del sistema judicial español, García-Calvo fue gobernador civil de Almería tras la muerte de Francisco Franco en el Ejecutivo que presidió Carlos Arias Navarro.

En la provincia andaluza permaneció menos de un año, pero dejó un recuerdo de represión, incluida la muerte de Javier Verdejo, un joven antifranquista que realizaba una pintada.

De su paso por el Tribunal Supremo, destaca que fue el ponente de la sentencia que encarceló en 1997 a los miembros de la Mesa Nacional de HB. Esta sentencia fue revocada posteriormente por el Tribunal Constitucional.

En diciembre de 2007, García Calvo fue denunciado por un vecino de Carabanchel por amenazarle con una pistola que portaba en el maletero tras una discusión por un incidente de tráfico en Móstoles.

García-Calvo accedió al TC en 2001 tras ser propuesto para el cargo por el PP.