Es ciertamente difícil batir récords de indefensión judicial en un Estado en el que la ley se retuerce cuanto se quiere y más cuando se trata de perseguir a militantes independentistas. En todo caso, en el extenso libro de los dislates de la judicatura española el caso de Fernando Etxegarai tiene ya asegurado un pasaje.

El preso de Plentzia, que salió en libertad en enero pasado, tras cumplir 21 años de condena, fue detenido el pasado día 4, con la espada de Damocles de una condena suplementaria de cuatro años, en aplicación de la doctrina que impone una cadena perpetua de hecho a las presas y presos vascos. El de Etxegarai es el primer caso en que se ordena la detención de una persona ya en libertad y que si se encuentra en su casa es porque los jueces han confirmado que ha cumplido la pena que le fuera impuesta por los tribunales españoles.

Ayer, el preso vizcaino, tras ese ¿secuestro legal? de 13 días en la prisión a A Lama, salió de nuevo en libertad. Sin duda, es una buena noticia que se haya corregido la situación de Etxegarai, pero ello no rebaja un ápice la gravedad de lo ocurrido con este ciudadano vasco, y sólo puede elevar el tono de la reclamación popular de que la treintena de presos que han visto prolongada su condena salgan de inmediato en libertad, al igual que los presos enfermos.