El contexto. Después de meses en los que hubo mil rumores y ninguna noticia, parece que algo se mueve. El lehendakari propuso una hoja de ruta y un jalón al final del camino: la famosa consulta. Una consulta, hay que decirlo, que, si bien no es un referéndum (para aquellos a quienes esta palabra asusta tanto), sí tendrá indudables consecuencias políticas, aunque sólo sea el conocer por una vez algo real: la voluntad ciudadana sobre la pregunta que se formule.

En segundo lugar, la consulta, su solo nombre, ha introducido un elemento nuevo en el panorama político, alguna perspectiva distinta, lo que no es poca cosa en momentos tan frustrantes. Pero esta apreciación no puede obviar que, por lo demás, los mismos actores (partidos políticos, Gobierno y ETA) desempeñan una y otra vez la misma obra teatral, para hartazgo de público (la población) y crítica.

Creemos que es ya evidente que las negociaciones únicamente entre partidos no permiten profundizar en el debate y realización del derecho a decidir. En una situación de creciente desánimo han surgido muchas voces individuales y colectivas (Erabaki, Ahotsak, Lokarri, Euskaria, Elkarbide, etc.) planteando, de forma plural, la necesidad de abrir vías de acuerdo y de profundizar en la aplicación del derecho a decidir.

Estas voces tienen un significado que no debe olvidarse, que los ciudadanos queremos participar. Por otro lado, un proceso de esta envergadura no va por buen camino si queda completamente en manos de las elites políticas. Hace falta un impulso popular fuerte, siendo tarea de las instituciones favorecer dicho impulso, lo que hasta ahora no ha sucedido. Antes hemos dicho que valoramos la propuesta de la consulta, pero también queremos decir que hasta la fecha no se ha «socializado». Deberían articularse las formas para que los ciudadanos podamos participar, porque cuando esto no se hace, por mucho apoyo de los partidos que tenga el texto final, el proceso queda devaluado. Esto ya pasó en Cataluña, donde Zapatero prometió respetar el acuerdo del Parlament catalán para, posteriormente, desvirtuarlo por completo.

El papel de los ciudadanos. Es fundamental que la ciudadanía participe también en la propia formulación de la pregunta. Así se implicará de verdad a la población y el proceso será real lo que hará que sea mucho más difícil de parar por aquellos a quienes no guste como va. Ya se vislumbra la hoja de ruta de Zapatero, que previsiblemente planteará una ligera revisión al alza del autogobierno (eso debe significar la «reforma estatutaria dentro de la Constitución»), es decir, un acuerdo entre vascos con el visto bueno del PSOE, el visto bueno del Congreso y un referéndum final; y evidentemente nada de consultas intermedias a la sociedad. Frente a esto, nosotros proponemos generar la ilusión de un proceso abierto en el que todos podamos aportar, sin perjuicio de que al final serán, lógicamente, las mayorías que puedan darse las que terminen por influir más en el resultado final.

A la vez, esto también significa que el descontento existente debe ser canalizado de una forma positiva, ayudando a construir una comunidad política, un sujeto colectivo vasco; y no limitarse a expresar rechazo y hartazgo de forma disgregadora y despolitizadora. Este es un peligro muy real que debe ser evitado.

No es tarde para articular algún tipo de iniciativa o plataforma social que presione activamente a los partidos. Se trata de que la gente se sienta parte del proceso, de introducir la participación activa en la política normal, no sólo vinculada a la resolución de un conflicto, sino entenderlo como parte del sistema democrático. Será con más participación, no con menos, como se solucione el problema.

Claves para un acuerdo. Un acuerdo político que sirva parece que debería cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

1) respeto entre las dos comunidades territoriales y las personas.

2) reconocimiento de los territorios afectados, aunque prácticamente todos los actores aceptarían una diversidad de situaciones en función de las distintas circunstancias de dichos territorios.

3) posibilidad de adaptar el acuerdo cada cierto tiempo (la idea de un pacto para cada generación, en línea con el pensamiento constitucional clásico).

4) interés de los partidos en mantener al menos sus cuotas de poder actuales y, quienes gobiernan, en seguir gobernando; mientras quienes no gobiernan buscarían derribar dichos gobiernos como consecuencia del proceso.

5) interés del Estado en mantener no sólo la integridad del territorio sino de aumentar la unificación y homogeneización del modelo político autonómico.

6) y debería añadirse el respeto a las mayorías políticas y sociales, e incluso buscar una participación ciudadana activa (que no se limite a ratificar el acuerdo final elaborado por las elites).

El problema de todos estos requisitos es, como resulta obvio, que no es posible un acuerdo que cumpla todos ellos. Ello nos obliga a saber, cuando dos requisitos sean contradictorios, cómo decidir entre ellos, cómo priorizar uno, otro o descartar ambos.

Para poder hacer esto es necesario adaptar primero las reglas de juego al verdadero juego social (apenas uno de cada cuatro vascos apoya el actual marco político tal cual está, con una amplia mayoría demandando mayor poder de decisión). Esta es la clave de la política para evitar la cruda confrontación social. Y para que las reglas del juego respondan a la realidad todos los sectores sociales deben participar en su elaboración.

La plataforma social. En este sentido, parece mucho más prometedor avanzar en incorporar a los ciudadanos, de forma regular, en los procesos de toma de decisión. En todos. Lo que incluye, por supuesto, al marco político de este país. ¿Cómo podría ser de otra forma. Los ciudadanos tenemos derecho a participar en la propia construcción de la pregunta o preguntas, a expresar las distintas sensibilidades sobre un tema muy complejo que no puede reducirse a responder sí o no una sola vez y sobre una única cuestión. Y en este camino, sin desdeñar la hoja de ruta de Ibarretxe y las eventuales conversaciones con Zapatero, nos parece mucho más importante comenzar el proceso implicando fuerzas sociales (sindicatos, asociaciones, grupos de ciudadanos) hacia la convergencia en una plataforma plural que tenga como referencia el construir y consolidar un sujeto político vasco. ¿Es mucho pedir que se vaya formando una alianza estratégica entre agentes sociales, sindicales y políticos para constituir una plataforma con este objetivo? Ya en 2006 un grupo de profesores y profesionales convocamos a sindicatos y otros agentes sociales por el derecho a decidir en una jornada que, finalmente, no produjo ningún avance.

Ahora tenemos un calendario de dinámica institucional tanto en junio próximo (solicitar al Parlamento vasco la habilitación para una consulta) como para octubre (realización de la consulta). ¿Hay que limitarse a realizar un seguimiento más o menos crítico de lo que nos aporten las elites de los partidos? ¿No es posible marcar una hoja de ruta ciudadana, fruto de la dinámica y de los acuerdos de una plataforma plural? Esta plataforma velaría por introducir la idea de bien común en la agenda. ¿No tendría más adhesión social dicha hoja de ruta? Además, ayudaría a marcar los pasos a dar en las negociaciones entre partidos, impidiendo con la presión social que haya retrocesos. Entendemos que este proceso abierto, popular, robustece la construcción del sujeto político vasco y fortalece la comunidad política. Algo muy necesario si observamos que ningún proyecto político despierta grandes ilusiones sociales y que el marco político actual apenas lo respalda un cuarto de los ciudadanos y ciudadanas vascas, según distintos sondeos.

Y el tiempo cuenta. Es necesario articular ya la dinámica de una plataforma social que influya en el proceso en curso. Hay una oportunidad real de intervención en el proceso ya que, a pesar de la cerrazón existente, tiene muy mala venta democrática negar a la sociedad vasca la posibilidad de expresarse democráticamente sobre unos asuntos que condicionan decisivamente su convivencia. Somos conscientes que los retos planteados son importantes, pero pensamos que merece la pena emprender una dinámica que incluya la actuación de una plataforma social plural por el derecho a decidir. Estamos a tiempo. Es apremiante que las ejecutivas de los agentes sociales recapaciten y comiencen a dar pasos para poder crear esta plataforma plural, trascendiendo las viejas «políticas de bloques».