El Gobierno de Sri Lanka advirtió ayer que no permitirá la entrada al país de observadores internacionales de derechos humanos. La excusa es que Sri Lanka no tiene por qué dar explicaciones a quienes le han vetado para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La explicación oficial hecha pública por el Gobierno de Colombo, como no podía ser de otra manera, es la misma que la del resto de estados del mundo: existen suficientes garantías en las leyes estatales para velar por los derechos humanos. Es decir, también en Sri Lanka funciona el «estado de derecho».

Pero es evidente que la vigencia de un «estado de derecho» no implica ni democracia ni la salvaguarda de los derechos más básicos. El caso de Sri Lanka es especialmente sangrante por la guerra que ese estado mantiene abierta contra los movimientos de liberación del pueblo tamil. La tortura, las desapariciones y los encarcelamientos arbitrarios, entre otros, se han convertido en práctica habitual.

Si bien la gravedad de la situación en Sri Lanka es flagrante, también es evidente que se trata de una de esas guerras olvidadas que al cabo de los años acaban saliendo a la luz y ante las que los medios y ciudadanos occidentales suelen reaccionar con estupor y sorpresa. Pero esas reacciones no esconden más que la desidia actual.