Los estados miembros de la Unión Europea (UE) llegaron ayer, tras cerca de tres años de debate, a un acuerdo sobre la directiva que armoniza la expulsión de los aproximadamente doce millones de inmigrantes que permanecen en situación irregular en sus territorios, a los que Italia considera y trata como criminales.

La nueva norma, aprobada en una reunión de los representantes de los 27 en Bruselas, pretende disuadir a la inmigración irregular instau- rando un destierro de cinco años tras una expulsión.

Los Veintisiete llegaron a este acuerdo mientras el Gobierno italiano presentó la víspera nuevas medidas contra los extranjeros en situación irregular en su país, tras los incidentes y agresiones contra la comunidad gitana, y que aseguró que respetan las leyes comunitarias. Sin embargo algunos de sus socios lo cuestionan, como Rumanía y el Estado español.

Expulsión y destierro

La norma armonizada ayer por los Veintisiete no da a Italia un gran margen de acción. El texto, que deberá ser ratificado por los ministros de Interior de la UE y votarse en junio en el Parlamento Europeo, obliga a las autoridades a escoger entre legalizar la estancia de los «sin papeles» o expulsarlos. Prevé que la expulsión, que afectará también a los niños y que es llamada «alejamiento», sea voluntaria, pero en caso de resistencia, puede forzarse y combinarse con un destierro de cinco años.

Además, en caso de expulsión forzosa, las autoridades podrán decidir si detienen a los inmigrantes y los encierran en un centro de internamiento durante un periodo máximo de seis meses, prorrogable a 18 en casos de riesgo de fuga y de retrasos para lograr la documentación necesaria de terceros países.

Al amparo de esta armonización, estados como el francés, el italiano y el español van a poder incrementar el periodo de retención, que actualmente no puede exceder de dos meses.

La UE quiso aclarar, no obstante, que no se autorizará la detención hasta que se hayan descartado otras «disposiciones menos coercitivas» y, para ello, se necesitará «una orden por escrito que explique las razones».

Defensores de los derechos humanos denunciaron el carácter «sólo represivo» de la armonización y estimaron que algunos estados «van a esconderse tras este texto para adoptar leyes contrarias a los derechos humanos».