El Foro de Sao Paulo, que reunió en Montevideo a organizaciones y partidos de izquierda de América Latina y el Caribe, abogó en su declaración final por «extremar los esfuerzos por lograr una salida negociada al conflicto armado en Colombia, que asegure una paz duradera y evite la generalización del conflicto en la región». Tras advertir que Colombia es «el principal factor de riesgo» para Latinoamérica, los integrantes de este foro consideraron que un acuerdo humanitario -entre Bogotá y las FARC- sería «un paso significativo» para alcanzar una solución.

Pero, el Gobierno de Álvaro Uribe ha dejado claro, por activa y por pasiva, que no habrá tal acuerdo humanitario. Su apuesta es claramente militar. Las declaraciones del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, tras confirmarse la muerte de Manuel Marulanda e, incluso, las del propio presidente, son la confirmación de esta estrategia.

Santos aseguró que continuarán los bombardeos contra los miembros del Secretariado, a quienes exigió que se desmovilicen y «aprovechen la generosidad» del Gobierno. «No tienen futuro», subrayó.

El propio Uribe adelantó que ahora el objetivo principal de las fuerzas armadas es Jorge Briceño Suárez, conocido como «Mono Jojoy». «Lo que le queda al Gobierno es trabajar mucho para que no reaparezcan criminales so pretexto de que defienden al pueblo», añadió.

526 granadas y 114 bombas

En esa línea, el ministro de Interior, Carlos Holguín, reiteró que «seguirán avanzando en la eliminación de las FARC» y que «continuarán las operaciones militares». Precisamente, en una entrevista con el periódico colombiano «El Tiempo», el general Freddy Padilla detalló los costosos operativos que, desde el 16 de febrero, han llevado a cabo para «capturar o dar muerte» al fundador de la guerrilla.

Remarcó que «a pesar de los costos del barril de petróleo que elevó el valor de la gasolina y el valor operacional, ha habido voluntad política para que no haya restricción alguna».

En estos tres meses, el Ejército ha lanzado «526 granadas de mortero. De este armamento, 189 granadas fueron dirigidas contra 160 objetivos en los que tuvimos la información de que se movía Marulanda». Además, la Aviación lanzó «114 bombas contra 50 objetivos».

Pero en contra de las insinuaciones de Santos -que puso en duda las causas del fallecimiento, vinculándolo a los operativos militares-, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel René Moreno, afirmó que «ninguno se realizó en la fecha en la que se reporta la muerte».

La noticia del fallecimiento de Marulanda, unida a la de Raúl Reyes en un bombardeo del Ejército colombiano en un campamento en Ecuador, y la reciente apertura de diligencias judiciales a congresistas, periodistas y activistas sociales por su presunta relación con la guerrilla -el Gobierno habla ahora de «Farcpolítica»-, ha despertado muchos interrogantes acerca del futuro de las personas en poder de la guerrilla.

Muchos se preguntan cómo lograrán su entrega si «el Estado no quiere iniciar un proceso de diálogo y la Fiscalía criminaliza a quienes hablan con las FARC».

Entre los once investigados, está la senadora opositora Piedad Córdoba que, a instancias de Uribe, entabló junto al presidente venezolano Hugo Chávez conversaciones con la guerrilla que derivaron en la entrega de seis personas. El fiscal general, Mario Iguarán, esgrimió como prueba 200 supuestos correos electrónicos de la senadora hallados en los ordenadores de Reyes, quien se dirigiría a ella como «la del turbante».

«El Estado es todopoderoso en este momento. Lo más importante es que ni me aflijo ni me aflojo. Voy a seguir trabajando por el acuerdo, por el proceso de paz», manifestó ayer antes de partir hacia Venezuela para participar en un foro de la izquierda latinomericana sobre el socialismo del siglo XXI.

Sobre el fallecimiento de Marulanda, señaló que «hasta el final se salió con la suya, murió de muerte natural. Me llama mucho la atención que aquí digan que Chávez y yo somos los voceros de las FARC. Ni sabíamos que se había muerto».

«Evaluar las consecuencias»

Ante la apuesta de la vía militar de Bogotá, el ministro de Asuntos Exteriores del Estado francés, Bernard Kouchner, advirtió que «un asalto» sería «una mala noticia». Esa misma expresión utilizó cuando supo del ataque aéreo contra Reyes, con quien mantenía contactos.

Nicolas Sarkozy optó por la «prudencia» y «evaluar las consecuencias» de la desaparición de Marulanda.

Por su parte, familiares de Ingrid Betancourt expresaron su esperanza de que esta nueva situación pueda acelerar la entrega de la ex candidata presidencia. En un comunicado, su madre y hermana instaron a Alfonso Cano a «empujar a la Historia liberando a Ingrid y los otros rehenes civiles». Su ex marido Frabrice Delloye insistió en que se debe «trabajar en la reapertura de los contactos».