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Canadá sospecha del uso de la tortura al analizar las pruebas contra Apaolaza

El Departamento de Inmigración del Gobierno canadiense falló a favor de la expulsión de Iban Apaolaza lo que posibilita su detención por cuerpos policiales españoles y la aplicación de la incomunicación. No obstante, el Ejecutivo de Canadá no aceptó como prueba la vinculación de Apaolaza con la «lista de organizaciones terroristas» de la UE y defiende que hay «motivos razonables» para sospechar de la aplicación de la tortura en el Estado español.

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Oihana LLORENTE |

El pasado 13 de mayo se conoció el fallo que posibilita la deportación al Estado español del preso político vasco Iban Apaolaza. Este beasaindarra fue arrestado en Quebec el 20 de junio del 2007 y, tras permanecer hasta la fecha en la prisión de Montreal Rivière des Prairies, ha sido objeto de un proceso de expulsión que ha concluido dando luz verde a una posible deportación al Estado español.

Askatasuna alerta de que su expulsión puede darse de un momento a otro, e indica que en cuanto Apaolaza se encuentre en territorio del Estado español puede ser arrestado por las FSE. Asimismo, muestra su temor a que se le imponga el régimen de incomunicación, en aplicación de la «ley antiterrorista», lo que, según esta organización, acarrea «un gran riesgo de tortura».

Dos elementos de interés

La resolución ofrecida por el Departamento de Inmigración de Canadá, a la que ha podido tener acceso GARA, pese a que aprueba la expulsión de Apaolaza cuenta con dos argumentos de gran relevancia.

El primero de ellos afirma que «existen motivos razonables» para creer que las declaraciones que sustentan la acusación contra Apaolaza fueron obtenidas bajo tortura. En este sentido, los funcionarios de Inmigración afirman que no dan validez a estas declaraciones en su decisión de expulsión.

En concreto, se refieren a las declaraciones realizadas por Anabel Egues mientras se encontraba en comisaría en régimen de incomunicación. Cabe destacar que Egues, una vez puesta a disposición judicial, negó todas las imputaciones hechas por el Ministerio Fiscal y denunció que las declaraciones realizadas en manos de la Policía se llevaron a cabo bajo tortura. Asimismo, Egues interpuso una denuncia ante los juzgados por estos hechos.

En un segundo término, la resolución no acepta como prueba la lista de personas u organizaciones «terroristas» elaborada por la Unión Europea, aseverando que este listado se realiza «sin ningún tipo de control judicial y dando valor de prueba al mínimo indicio». En el documento, el Departamento canadiense de Inmigración resalta que este procedimiento «vulnera los derechos» de las personas y organizaciones vinculadas a ella, y afirma que no existe ningún tipo de procedimiento para «abandonar el listado».

Pese a no considerar válida la declaración de Egues, ni la prueba de que Apaolaza pudiera estar vinculado a la «lista negra» de la UE, el responsable de Inmigración se basa en el «principio de validez de los documentos extranjeros» para aceptar la orden internacional de arresto dictada por el Estado español contra Apaolaza.

Askatasuna se congratula

Aunque Askatasuna se muestra muy preocupada por las «graves consecuencias» que puede tener la expulsión de Apaolaza, se congratula por estos elementos que sobresalen en la resolución. A su juicio, «la sospecha» de que el Estado español hace uso de la tortura está «aún más vigente» y apunta algunas de las declaraciones internacionales realizadas en este sentido, como las de Amnistía Internacional, las del Relator Especial de la ONU o el Comité Contra la Tortura de esta institución.

La organización antirrepresiva también hace especial hincapié en la visita realizada al Estado español por el Relator para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU, Martín Scheinin, donde advirtió del riesgo de considerar «terrorismo» delitos que no lo son y pidió al Gobierno que suprima la incomunicación. Asimismo, recuerda la resolución dictada por el Parlamento de Gasteiz, el pasado 4 de abril, donde también solicita la derogación de la incomunicación. Con respecto a la «lista negra», Askatasuna recuerda que, al igual que el Gobierno canadiense, el diputado suizo Dick Marty ya alertó el pasado enero en el Consejo de Europa de los riesgos que ella conlleva, llegando a un acuerdo casi unánime en esta institución.

riesgo

La expulsión, que puede darse de forma inminente, se convertirá en la práctica en una deportación al Estado español. Así lo ha indicado Askatasuna, que advierte de que Iban Apaolaza podría ser arrestado e incomunicado, con el riesgo de que sea torturado.

Un proceso que «vulnera derechos» da vía libre a la expulsión

Iban Apaolaza fue arrestado en Quebec a escasos días de la ruptura del alto al fuego por parte de ETA. Desde entonces está apresado en la cárcel de Rivière des Prairies, en unas condiciones «bastante duras», como él mismo detalló en un entrevista ofrecida a GARA recientemente.

El Estado español decidió, sin embargo, esquivar arbitrariamente la vía convencional y no requerir a Apaolaza mediante la extradición, lo que se tradujo en un proceso de expulsión. Askatasuna critica que ésta es una práctica «ilegal y vulneradora de derechos y alerta de que este procedimiento es administrativo por lo que en última instancia decide un funcionario y no un juez. Denuncia, que por este motivo, la decisión no tiene por que ser «justificada y argumentada». Detalla, además, que la rapidez de la ejecución no deja margen para la defensa.

La vista para la expulsión fue fijada en un primer momento para octubre del pasado año, pero la defensa solicitó su retraso objetando «la debilidad de las pruebas». La acusación contra Apaolaza se cimentaba en la declaración policial de Anabel Egues y por el hallazgo de huellas dactilares de Apaolaza, prueba que no fue revelada a la defensa, pese a haber sido solicitada. El responsable de inmigración se comprometió a no tener en cuenta en su decisión esta prueba al no estar en manos de la defensa.

Tras agotar el aplazamiento, la vista se fijó para finales de marzo y fue el 13 de mayo cuando se conoció el resultado favorable a la expulsión. Ahora, Askatasuna alerta de que la expulsión de Apaolaza puede «traducirse en torturas». GARA

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