Lakua presenta su plan para una consulta
El tripartito no tiene acordado cómo responder al anunciado veto de Madrid a la consulta
El Gobierno de Lakua aprobó ayer su proyecto de ley de convocatoria y regulación de una consulta popular y el Ejecutivo español anunció que, si es apoyada por el Parlamento, recurrirá al Tribunal Constitucional y pedirá su suspensión. Pese a lo previsible del paso, el tripartito no tiene aún una posición común para responder a una prohibición de Madrid.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
Con la solemnidad de los grandes actos, el Ejecutivo de Lakua volvió a Ajuria Enea para celebrar un Consejo de Gobierno que el lehendakari calificó de «histórico» y «rodeado de esa ilusión de los sueños que se quieren convertir en realidad».
El sueño, en este caso, es la aprobación de un proyecto de ley de convocatoria y de regulación de una consulta popular, a celebrar el 25 de octubre, con dos preguntas, una sobre el final dialogado de ETA y otra sobre un acuerdo para el ejercicio del derecho a decidir.
La realidad, la de verdad, la actual, no la dibujada por Juan José Ibarretxe, llegó poco más de una hora después, cuando la ministra española de Administraciones Públicas, Elena Salgado, anunció a los ciudadanos y ciudadanas españoles que «no tengan ninguna duda de que el Gobierno va a actuar y va a impugnar» ante el Tribunal Constitucional el proyecto de ley si se aprueba por el Parlamento de Gasteiz, y que pedirá la suspensión de la norma en aplicación del artículo 161.2 de la Constitución española.
Y ante una realidad tan contundente, Lakua y las fuerzas del tripartito, que han hablado de la cuestión, no tienen una posición común. Una parte, según ha sabido GARA, es partidaria de «dar tiempo al tiempo» y no adelantarse ahora a los acontecimientos, sin que puedan sustraerse a la evidencia de que como muy tarde en febrero ha de disolverse el Parlamento y convocar elecciones para abril.
Otro sector del tripartito considera que sería un error repetir la estrategia de 2005. En aquella ocasión, tras la aprobación del nuevo Estatuto político en la Cámara de Gasteiz, el Congreso de los Diputados se negó siquiera a debatirlo. Ibarretxe había dado su palabra en el Parlamento de que «si las Cortes Generales no se avienen a un proceso de negociación, entonces solicitaré autorización para la celebración de una consulta general en referéndum que ratifique el proceso aprobado por el Parlamento Vasco». Y, en su discurso ante los diputados abundó en que «si deciden dar un portazo al Parlamento y a la sociedad vasca, yo seguiré adelante y trasladaré la palabra al pueblo para que se vea el clamor de que es necesario buscar una salida al problema vasco». Pero en lugar de convocar la prometida consulta o referéndum, el lehendakari convocó elecciones. Ese paso, en opinión de esta parte del tripartito, provocó que se desaprovechara la oleada social existente en defensa del nuevo Estatuto y tras los comicios se volvió a una situación de relajación y estancamiento, quedando aquel proyecto «guardado en un cajón», sin que nadie haya vuelto a desempolvarlo.
«Un proyecto legal»
Una de las primeras preguntas que se le hicieron ayer al lehendakari cuando terminó su exposición fue, precisamente, qué haría el Gobierno que preside ante una eventual prohibición de Madrid. Ibarretxe la esquivó respondiendo que «la democracia no es impedir que una sociedad opine o se pronuncie. Al revés. La democracia es conocer la opinión de los ciudadanos y tenerla en cuenta. Pero les puedo asegurar que éste es un proyecto que se presenta con todas las garantías y, por lo tanto, un proyecto legítimo, absolutamente legal y democrático».
Ocurre, sin embargo, que si el presidente del Gobierno español decide impugnar la ley y solicitar su suspensión, ésta será efectiva en cuanto el Tribunal Constitucional la admita y la consulta quedaría suspendida durante todo el proceso hasta que los magistrados tomen una decisión, aunque ésta acabara siendo favorable a las tesis de Lakua.
El Ejecutivo autonómico señala que el artículo 9.2.e del Estatuto recoge que «los poderes públicos vascos, en el ámbito de su competencia, facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social del País Vasco». Y entiende que la convocatoria de consultas sin carácter vinculante, como ésta, es una competencia de las comunidades autónomas, puesto que está recogida en los estatutos de Catalunya y Andalucía.
Por contra, el Gobierno español considera que la propuesta de Lakua es un proyecto unilateral, que no sólo no cuenta con el consenso necesario entre las fuerzas políticas, sino que, a su juicio, divide a la sociedad vasca y se sitúa fuera de la Constitución, como afirmó ayer la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado.
Primer paso, en Gasteiz
Ni el optimismo del lehendakari ni la amenaza de prohibición del Gobierno español pueden hacer olvidar que el primer escollo que debe superar el proyecto de ley de consulta se sitúa en el Parlamento de Gasteiz. Juan José Ibarretxe, Joseba Azkarraga y Javier Madrazo entregarán hoy la iniciativa a la presidenta de la Cámara, Izaskun Bilbao, con la petición de que se tramite por la vía de la lectura única.
Esta fórmula agiliza sobremanera los plazos de tramitación, pero a su vez impide que los diferentes grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas al texto propuesto por el Ejecutivo, forzando además que se vote en su globalidad.
La tramitación por lectura única suele utilizarse en leyes muy sencillas y que tienen asegurada una mayoría suficiente para su aprobación, en muchas ocasiones porque son fruto de acuerdos adoptados en otras instancias institucionales o porque han sido negociadas con anterioridad.
El Ejecutivo justifica la urgencia de la tramitación por lectura única en «razones tales como el hastío de la sociedad vasca que ve como día tras día se impide la utilización de las vías exclusivamente políticas y democráticas para alcanzar la normalización política o la actual situa- ción de bloqueo que preside la relación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado español».
«Un emplazamiento»
En su alocución de ayer, el lehendakari insistió una y otra vez en que no entiende que ningún grupo ni ningún parlamentario «se niegue a dar la palabra al pueblo vasco».
Sin embargo, tanto el PSE como el PP ya se han posicionado en contra de la propuesta del Ejecutivo autonómico, y entre ambos grupos suman 33 escaños, uno más de los que tiene el tripartito. El apoyo de Aralar, si finalmente se produce, sólo llevaría al empate, que tampoco permite la aprobación del proyecto. Por tanto, todo depende de los votos de Ezker Abertzalea, que una y otra vez había emplazado al lehendakari a hablar sobre la propuesta y sus objetivos.
Preguntado por qué no se había negociado con antelación el texto de un proyecto de esta trascendencia para tener garantizada su aprobación, Juan José Ibarretxe respondió que «porque ésta es una iniciativa que corresponde al Gobierno y que el Gobierno la presenta, dado su carácter extraordinario, precisamente para que cada grupo político diga lo que tenga que decir en el Pleno del Parlamento. Este tipo de iniciativas, por lectura única, lo que hacen es un emplazamiento para que todos digamos exactamente y de manera clara ante la ciudadanía qué es lo opinamos. Las instituciones democráticas vascas estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad», concluyó.
El discurso del lehendakari de ayer también tuvo su golpe de efecto. En un momento dado sacó la papeleta prevista para la consulta, la enseñó a las cámaras e invitó «a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país, al margen del debate político y mediático, lleno de ruido y descalificaciones, a que dedique 45 segundos a leer dos simples preguntas y a que decida a continuación qué debe hacer y cómo debe obrar. ¡No dejes que nadie decida por ti!».
Las dos preguntas son las que figuran bajo estas líneas y cuyo contenido sustancial ya avanzó ayer este diario. Al margen de su literalidad, Juan José Ibarretxe quiso añadirle unas explicaciones. Según afirmó, la primera pregunta quiere «poner a ETA en su sitio, exigiéndole que abandone la violencia de una vez y para siempre». Está basada en los condicionantes de la resolución del Congreso de los Diputados de mayo de 2005, que permitió el proceso negociador de 2005-2007. Además, Ibarretxe ayer, y la portavoz de su Gobierno la víspera, afirmaron que la pregunta supone «decirle a ETA que la política corresponde solamente a los políticos, que somos los legítimos representantes del pueblo». Llamativamente, cuando el lehendakari anunció su hoja de ruta, su referencia a esta primera pregunta era muy similar al texto oficializado, con el añadido de que «las decisiones políticas corresponden a los representantes políticos vascos», coletilla que, a pesar de las explicaciones, ha desaparecido. La pregunta tampoco incluye ningún «rechazo explícito» a ETA, a pesar de lo dicho por Iñigo Urkullu.
Sobre la segunda pregunta, el lehendakari explicó que desea un acuerdo entre vascos que sea respetado por el Estado, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora, y puso el ejemplo del incumplimiento del Estatuto de Gernika. Defendió el derecho a decidir como base de la convivencia. A la recurrente afirmación de Zapatero de que «vivimos juntos, juntos decidimos», volvió a responder que «tenemos que poder decidir vivir juntos», porque «si no hay libertad, la convivencia es impuesta». Concluyó este apartado ligando el derecho a decidir a un mayor bienestar de la ciudadanía. «En definitiva, queremos ejercer el derecho a decidir para vivir mejor», resumió.
Ibarretxe volvió a quejarse de que la respuesta que recibe siempre del Gobierno español es no, y denunció que lo que estaba dispuesto a negociar y firmar con ETA y Batasuna no lo haga con las instituciones. Aseguró que el Ejecutivo autonómico no acepta que sea ETA quien tenga el interruptor de cuándo se puede hablar y cuándo no, ni que «todo terminara con la ruptura de la tregua por parte de ETA después de las negociaciones con el Gobierno español. Las instituciones vascas teníamos que tomar el relevo».
Ibarretxek urriaren 25erako botopapera erakutsi bezain laster, PSOEren Gobernuari begira jarri ziren PPko agintariak zein Nafarroako Gobernuko ordezkariak. Batzuk zein besteek gogor erantzuteko eskatu zioten Zapaterori, epaitegietarako bidea hartzeko esanez.
Herri galdeketa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bakarrik egingo den arren, laster atera zen plazara Miguel Sanz buru duen gobernua. Alberto Catalán eledunak adierazi zuenez, «erabat to- kiz kanpokoa» da Lakuaren ekimena. «Burugabekeria» larritzat ere jo zuen Iruñean egindako agerraldi batean.
«Ulertezin» jo zuen Catalánek Ibarretxek berearekin «tematua» segitu izana. Jokabide hau alderdi abertzaleen ohiko «obsesioa»rekin lotu zuen eledunak. Eta honekin, «Espainiako gainerako lurraldeekiko konfrontazioa» bilatzen ari dela adierazi zuen.
Honen aurrean, Nafarroako Gobernuak Konstituzio espainolaren aldeko apustua berretsi nahi izan zuen. Alberto Catalánen hitzetan, aipatutako araudia izan da «inoiz lurralde honetan lortu den aurrerapen maila handiena eta sistema demokratiko garatuena ekarri duena». Gainera, iritzi hori «Nafarroako herritar gehienek» bere egiten dutela nabarmendu zuen.
Gauzak horrela, José Luis Rodríguez Zapaterok hilaren 20an egindako bileran Ibarretxeri eman zion erantzuna txalotu zuen berriz ere Catalánek: «Izan ere, irmoki, abenturak alde batera utzi eta bestelako planteamenduak, eraikitzaileagoak, eskatu zizkion», goraipatu zuen.
Gobernu espainolak helegitea iragartzen zuen une berean ere, pausoa «urgentziaz» emateko eskatzen zion PPko Carmelo Barriok Gasteizko Legebiltzarrean. «Konstituzioaren aurkako ekimena da Ibarretxerena, eta epaitegiek eta Espainiako Gobernuak geldiarazi egin behar dute», aipatu zuen Barriok.
PPk EAEn duen presidentearen hitzetan, «euskal gizarteak ez du merezi egunero arazoak sortzen dizkion lehendakaririk». Esan zuenez, Ibarretxek iragarritako herri galdeketak gizartearen «zatiketa» eta Espainiarekiko «urruntzea» dakar berekin. Eta, horrez gain, «Batasunaren munduari laguntza ematen dio berriz ere, eta hori beste arazo handi bat da», salatu zuen Carmelo Barriok prentsaurrekoan.
Euskal Herritik kanpo baina Euskal Herritik gertu Kantabriako presidente Miguel Angel Revillak ere kritikak jaurti zituen, Nafarroako ordezkarien ildo berekoak. Honek ere «erokeria»tzat hartu zuen lehendakariaren ekimena, eta irtenbide bakarra Ibarretxe epaitegien bidez «zigortzea» bakarra dela gaineratu zuen.
Autonomi erkidegoetako agintari nagusien inguruko hausnarketa ere egin zuen Revillak: «Gure lurraldeetan Estatuaren ordezkariak gara eta, beraz, legea betetzen eta betearazten eredu izan behar dugu. Eta erantzukizun goren hau betetzen ez badute, gogor zigortu behar dira», gaineratu zuen Kantabriako Gobernuko buruak.
Oso gutxi izan ziren herri galdeketaren aldeko ahotsak Estatu mailan. Kataluniako Parlament-eko presidente den Ernest Benach-ena gailendu zen. ERCko ordezkariak argi utzi nahi izan zuen bozketa galerazteko inolako eskubiderik ez dela eta ekimena guztiz zilegia eta demokratikoa dela.
Los independentistas coinciden con el presidente del PNV en que «estamos viviendo una segunda transición», pero insisten en que debe ser democrática, es decir, no vetar opciones como la independencia.
Advierte en Ibarretxe contradicciones como tender la mano a Zapatero mientras cierra las puertas a los partidos vascos y mientras plantea su fórmula como un «lo tomas o lo dejas».
Maiorga RAMÍREZ
Nafarroa Bai
