Tratado para prohibir las municiones de dispersión
Aseguran que usar bombas de racimo va a ser «políticamente imposible»
La aprobación en Dublín del texto de un Tratado Internacional de prohibición de las bombas de racimo, que será ratificado en diciembre, va a hacer «políticamente imposible» su uso incluso para los países que no lo suscriban, según la Coalición contra las Bombas de Racimo.
GARA | DUBLÍN
«La repercusión de este tratado y el precio político a pagar en caso de incumplirlo, harán políticamente imposible para cualquier país emplear bombas de racimo (BASM)», aseguró Thomas Nash, coordinador de la Coalición contra las Bombas de Racimo (CMC), que ha participado en la Conferencia de Municiones de Dispersión de Dublín e integra a más de 250 ONG. En declaraciones a France Presse, señaló que el mensaje enviado a EEUU -ausente junto al resto de principales productores- es que «casi todos sus aliados militares han prohibido estas armas, y de ahora en adelante le va a ser extremadamente difícil, si no imposible, utilizarlas en operaciones conjuntas».
El miércoles, dos días antes de la clausura, los 111 participantes acordaron el texto del Tratado Internacional de prohibición de las bombas de racimo, que será presentado oficialmente hoy y ratificado en diciembre en Oslo. A sus firmantes, la CMC les va a pedir que «actúen con transparencia» para que «no hagan nada que pueda facilitar su utilización por parte de EEUU».
Nash valoró de forma positiva el acuerdo de Dublín, ya que no recoge «excepciones» para las bombas de racimo almacenadas ni un periodo de transición para retrasar su entrada en vigor. «No es frecuente que toda una categoría de armas esté prohibida -añadió-, las minas terrestres estuvieron prohibidas, pero sólo las antipersona». El Convenio de Ottawa de 1997 lo suscribieron 46 estados y ya son más de 160.
Las ONG valoran de forma especialmente positiva las medidas de ayuda a las víctimas. «Es la primera vez que un Tratado sobre armas contiene una disposición específica que obliga jurídicamente a los estados a ocuparse de ellas y a proporcionar- les ayuda para llevar una vida digna», concluyó Nash.
Greenpeace y CMC Barcelona lo consideraron «un gigantesco paso» y agregaron que el amplio respaldo al texto garantiza «no sólo la prohibición, sino la estigmatización de este tipo de armas, lo que condicionará también el comportamiento de quienes no lo firmen. A partir de ahora estas armas quedan sometidas a una condena moral que hará mucho más difícil su uso».
En parecidos términos se expresó el Comité Internacional de la Cruz Roja, que indicó que con esta decisión estas bombas han pasado de ser «éticamente inaceptables» a «ilegales».
Gran Bretaña anunció el miércoles, para facilitar el acuerdo, que dejará fuera de servicio la totalidad de esta munición en su poder; París señaló el pasado viernes que destruirá el 90% de sus existencias y Alemania aseguró que prohibirá «con efecto inmediato» su uso, fabricación y almacenamiento de esta munición sin esperar su ratificación.
El principal artículo del Tratado firmado en Dublín establece que los firmantes no podrán, bajo ninguna circunstancia, utilizar ni poner a punto, producir o adquirir ni ayudar o incitar a realizar «una acción prohibida» como es el empleo de las bombas de racimo.
Recoge que sus firmantes se comprometen a destruir o garantizar la destrucción de estas armas «cuanto antes o, como máximo, en un plazo de ocho años» tras su entrada en vigor -seis meses después de su ratificación el 2 y 3 de diciembre en Oslo-, y a controlar, retirar y destruir los restos de esta munición en zonas bajo su jurisdicción o velar por su retirada y destrucción, en un plazo máximo de diez años después de entrar en vigor. Sin embargo, les permite conservar o adquirir un «número limitado» de estas bombas para trabajar las técnicas de detección y destrucción.
Los estados contaminados por estas armas deberán, además, proporcionar a las víctimas asistencia médica y apoyo sicológico para su readaptación y ayuda económica y social a las zonas afectadas.
Los países firmantes, que no podrán pedir su empleo, deberán desalentar de su uso al resto. El Tratado recoge que éstos, sus ciudadanos y su personal militar podrán cooperar con quienes no lo han firmado, como EEUU, pero advierte de que pueden verse comprometidos en actividades prohibidas para ellos.
