La Conferencia de Dublín ha concluido con un éxito rotundo al haber conseguido sus organizadores que un total de 111 gobiernos de todo el mundo firmen un Tratado Internacional contra las bombas de racimo, uno de los tipos de armamento más peligrosos, mortales e indiscriminados. En sí mismo ese tratado supone un gran paso adelante frente a la carrera armamentista promovida durante décadas por las principales potencias, especialmente los Estados Unidos de América. Y es que la mayoría de países y poblaciones que han sido víctimas de bombardeos masivos con este tipo de armas, lo han sido de la mano de los EUA, como Irak, o cuando menos con su apoyo explícito, como Líbano. Tanto gobiernos firmantes como movimientos sociales contrarios al desarrollo de la industria armamentística coinciden en valorar positivamente el acuerdo adoptado que, además, no admite ni prórroga ni enmienda.

No obstante, hay que destacar que el tratado firmado ayer se da en el marco del Proceso de Oslo, que ha sido deliberadamente organizado al margen de las Naciones Unidas para poder así evitar el veto de los miembros del Consejo de Seguridad. Es evidente que la iniciativa ha tenido éxito, puesto que exceptuando al Estado francés y a Gran Bretaña, ninguno de los otros miembros de ese Consejo -Rusia, China y los EUA- ni sus más cercanos y peligrosos aliados militares y políticos -por ejemplo Israel, Pakistán o India- han rubricado el documento. Eso evidencia que, de haberse dado el mismo debate en el marco de la ONU, la iniciativa hubiese caído en un camino burocrático sin salida.

Todo ello debería llevar a la reflexión y a una acción concertada a aquellos países y a aquellas organizaciones internacionales que aún creen en unas relaciones internacionales más justas, equitativas y libres. Así mismo, debería desembocar en una profunda reorganización de las mal llamadas Naciones Unidas. Pero eso será otro día, porque hoy es el momento para celebrar una de las pocas noticias positivas que llegan de este ámbito en muchos años.