De nuevo se reabre el viejo debate en torno a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y las educadoras de los Centros de Atención a la Mujer, como profesionales de la salud reproductiva y sexual de la población, creemos necesario expresar unas reflexiones, basadas en nuestra experiencia laboral y fruto del contacto directo con las mujeres que demandan dicha intervención.

Casi 25 años después de haberse promulgado la ley de despenalización parcial del aborto (L.O. 9/1985), se sigue discutiendo si es útil y realista, y si su contenido se cumple en Nafarroa de forma escrupulosa. En ambos casos la respuesta parece ser la misma: no.

Primero, porque el propio nombre de la ley indica que el aborto no es considerado como un derecho de las mujeres para decidir lo que quieren hacer con su embarazo, sino que se considera un acto punible al que sólo en unos supuestos mínimos, aquellos que hasta las morales más restrictivas son capaces de aceptar, se consiente en despenalizar. Esta situación permite actuaciones abusivas sobre la intimidad de las mujeres que han recurrido al mismo, tal como estamos evidenciando. Y segundo, porque en nuestra Comunidad todavía se da una vuelta de tuerca más y se les niega el derecho a ser intervenidas en su entorno, ya que nuestros gobernantes no han articulado el sistema necesario para realizar estas intervenciones, ni en la sanidad pública, que cuenta con todo el personal y equipamiento necesario, ni en la medicina privada, a la que con frecuencia se suele recurrir para dar solución a otras demandas.

Una consecuencia de esta situación es el continuo peregrinar de mujeres y acompañantes fuera de la Comunidad, similar a un destierro, que se ve agravado por ir de la mano de una situación de elevada vulnerabilidad física y emocional, además del coste económico. Una vez más, la sociedad maltrata a las mujeres.

Con todo, nos parece imprescindible hacer una reflexión más profunda en cuanto al aborto, debemos analizar el problema desde la raíz. ¿Qué falla para que haya tantas demandas de IVE cada año y en sectores tan amplios de la población? ¿Por qué algunos países de nuestro entorno tienen cifras más bajas de IVE?

La respuesta a estos interrogantes está avalada por numerosos estudios: hace falta educación sexual, además de facilitar todo lo relativo a la anticoncepción. Pero Educación con mayúsculas. Esto no se soluciona sólo con unas charlas o un «parcheo» en caso de apuro, siempre con la mejor voluntad y pocos medios. Es necesario un sistema educativo que garantice en la educación obligatoria la adquisición de los conocimientos adecuados sobre salud reproductiva y sexual, que favorezca la reflexión y potencie actitudes, conductas y habilidades que permitan integrar y desarrollar de manera positiva y saludable la dimensión sexual, tal y como la define la OMS.

Y es igualmente necesario que las y los profesionales y agentes socio-sanitarios reciban una formación suficiente sobre educación sexual. Nos referimos especialmente a profesionales de la educación, medicina, enfermería, psicología, trabajo social... puesto que, en mayor o menor medida, todo el conjunto forma parte del modelo educativo. A diferencia de países de nuestro entorno como Holanda, Canadá o Suecia, el Estado español no garantiza ni una cosa ni otra. Es más, con frecuencia se obstaculizan iniciativas de profesionales con experiencia en educación y sexualidad que tratan de impulsar materiales didácticos de apoyo para quien desee utilizarlos.

Ya en el año 1981 se aprobaron en el Parlamento de Nafarroa las Bases para la Educación Sexual y Orientación Familiar (BON nº 131, 2-11-1981), que convenientemente desarrolladas hubieran propiciado que nos encontráramos en una realidad bien distinta, pero no ha sido así. Por tanto, creemos firmemente en la necesidad de que se revisen dichas bases y se pongan en marcha con la mayor celeridad, así como que se propicie una ley de aborto que se corresponda con la realidad, como tienen cada vez más países de nuestro entorno social.

De la misma forma, consideramos imprescindible crear espacios específicos para ofrecer una atención adecuada a grupos de población especialmente vulnerables, como son las personas jóvenes y la población inmigrante.

Últimamente está surgiendo un nuevo intento de algunos grupos políticos en la Cámara para «garantizar la interrupción del embarazo dentro de la sanidad pública en los términos legales previstos». ¿Será posible esta vez un cambio real?

(*) Firman el artículo un total de 18 profesionales de Centros de Atención a la Mujer