Los ministros de Interior de la Unión Europea acordaron ayer en Luxemburgo reforzar e incrementar las medidas contra los inmigrantes que no tengan la documentación exigida por cada país. La nueva normativa, que incluye la ampliación del periodo de internamiento y las expulsiones, pasará a manos del Parlamento Europeo para su aprobación el próximo día 18. «Presupongo que votará a favor», manifestó Dragutin Mate, ministro esloveno de Interior y presidente de turno del consejo de ministros de la UE.

La directiva afectará a cerca de doce millones de personas. Muchas de ellas entraron con visado de turista. El objetivo de estas disposiciones «coercitivas». según Mate, es «incitar» a los extranjeros que no tengan la documentación del país a regresar «voluntariamente» al suyo y «disuadir de nuevas llegadas».

Uno de los puntos más polémicos es el relativo al tiempo máximo de internamiento, fijado en principio en seis meses. No obstante, este plazo podrá ser ampliado hasta los 18 meses si existe «riesgo de fuga» o problemas para obtener la documentación de terceros países. Los niños y sus familias sólo podrán ser retenidos como último recurso y el menor tiempo posible. El comisario europeo de Justicia, Jacques Barrot, pidió a los estados miembro que estén «muy atentos a sus derechos».

Quienes hayan sido expulsados, no podrán entrar en ningún país de la Unión Europea en cinco años. Este plazo podrá ser todavía mayor si esa persona es considerada «una amenaza grave para la seguridad».

Si alguien quiere volver a su lugar de origen de «forma voluntaria» tendrá entre siete y treinta días, aunque podrían ser más dependiendo de la escolarización de los menores.

La asistencia jurídica se ofrecerá en las mismas condiciones que se hace con los solicitantes de asilo político. Varios países encabezados por Alemania, Austria y Grecia se negaban a que la asistencia legal gratuita fuera y una obligación y, por ello, se dejó la decisión en manos de cada Estado. Ante las protestas de algunos eurodiputados para que la directiva incluyera la asistencia legal gratuita, los encargados de redactar el texto establecieron una serie de salvaguardas recogidas ya en la legislación sobre la asistencia a refugiados que pidan asilo político.

Una fuente europea reconoció bajo anonimato que esta disposición puede quedar en papel mojado. «La obligación de dar asistencia jurídica gratuita, no es muy obligatoria», subrayó.

Este documento ha generado división de opiniones. Los grupos de izquierda han expresado su oposición por ser «demasiado represivo». La eurodiputada francesa por el PS Martine Roure remarcó que «no todo está perdido. Si las enmiendas presentadas son aceptadas, se recuperará algo del espíritu humano que debería tener este proyecto de directiva». Cualquier cambio impone una nueva negociación con los estados miembro.