Un día después del incidente en la central nuclear eslovena de Krsko que hizo que saltará la alarma europea sobre riesgos radiactivos, nadie, a excepción de los vecinos de la región y los opositores a este tipo de energía, parecía ayer preocupado por este hecho. Por ejemplo, diferentes responsables políticos, tanto desde Ljubljana como desde Bruselas, continuaron minimizando la gravedad del vertido y asegurando que en ningún momento había habido riesgo ni para las personas ni para el medio ambiente. Los grandes medios de comunicación tampoco hacían ayer mención de una noticia que, dicho sea de paso, el día anterior también pasaron por alto.

Todo ello transmite a la sociedad un mensaje que pretende ser tranquilizador, pero que en realidad debería alarmar a cualquier persona mínimamente neutral. Y es que ese mensaje está encaminado a ocultar la lógica preocupación social que genera este tipo de energía. Sin ir más lejos, las personas que viven dentro del radio de cualquiera de las centrales nucleares existentes a lo largo del planeta -y cabe recordar que una zona importante de Euskal Herria lo está- no encontrarán en las palabras de esos responsables institucionales o en el silencio de los medios alivio alguno. Entre otras cosas porque tras el desastre de Chernóbil nadie puede obviar, ni tan siquiera minimizar, la importancia del control y la transparencia en relación a las plantas nucleares. Tampoco antes de la hecatombe en la central ucraniana, por supuesto, pero es que a estas alturas esas posturas suponen un grado inaceptable de prevaricación e irresponsabilidad. Unas posturas que ocultan intereses económicos que nada tienen que ver con una idea racional del bienestar social.

En un momento en el que importantes líderes políticos promueven nuevas centrales y en el que influyentes grupos de presión organizan falsos debates y utilizan diversas pantallas para condicionar a la opinión pública -cabe destacar, por ejemplo, la figura de un Felipe González convertido en adalid de la energía nuclear en Europa-, ha llegado la hora de que la sociedad presione a la clase política y empresarial con un mensaje claro: control y transparencia sobre las centrales existentes dentro de un plan de desmantelamiento y oposición frontal a nuevos proyectos nucleares.