Una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU se entrevistó ayer por la noche con el presidente sudanés, Omar el Béchir. Horas antes, el fiscal del Tribunal Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, acusó a la cúpula del Gobierno de estar implicada en la comisión de crímenes de guerra en Darfur. Sin dar nombres, aseguró ante el Consejo de Seguridad que su investigación demuestra la existencia de «una campaña de ataques contra la población civil organizada por funcionarios sudaneses con la meta de destrozar física y mentalmente a comunidades enteras».

«Las pruebas demuestran que para la comisión de estos crímenes a esa escala durante cinco años y por todo Darfur, se necesita una sustancial movilización de todo el aparato estatal sudanés», remarcó.

Recordó que la primera fase de la campaña llevada a cabo entre 2003 y 2004 afectó a cuatro millones de personas que vieron cómo efectivos sudaneses y milicias afines «atacaban sus aldeas y usurpaban sus tierras». «No hay ninguna justificación para bombardear escuelas y no hay excusas legales para la violación de mujeres, esos son crímenes preparados cuidadosamente e implementados con eficacia», insistió.

Asimismo, hizo partícipe al Consejo de la falta de cooperación de Jartum para facilitar la identidad de los presuntos autores de estas masacres. «Pido al Consejo que envíe un mensaje contundente al Gobierno sudanés para que detenga a Ahmad Harun y Ali Kushayb». «Los responsables sudaneses protegen a los criminales, no a las víctimas», censuró. Ocampo comparó el comportamiento de Jartum con la dictadura argentina y el régimen nazi.