Apesar del desmesurado esfuerzo que hacen para ocultar la realidad de la sociedad navarra mediante su expresa o sutil negación, constatamos cuando se observan las situaciones padecidas por las cuatro últimas generaciones de navarros, la necesidad que tienen los dominadores de seguir manteniendo su imposición a todo trance. Así lo podemos comprobar en los cinco ejemplos siguientes, clarificadores de la constante subordinación a que se halla sometida esta sociedad.

El primer ejemplo se refiere a cómo, tras el bárbaro desmantelamiento de la estatalidad de Nafarroa en 1841, y el renacimiento cultural e historiográfico, promovido desde 1877 por la pamplonesa asociación Éuskara -que entre otros proyectos buscó superar la partición territorial de Nafarroa propiciando el «zazpiak bat»-, durante «la Gamazada» de 1893-1894, la sociedad navarra, además de seguir padeciendo la larga subordinación, iniciada con la suplantación continuada de su soberanía en 1200, 1512 y 1620, actuó de forma unida y contundente, agrupando a Nafarroa entera por encima de las fronteras impuestas, frente a la agresión que de nuevo se proyectaba sobre los muy menguados restos de sus instituciones políticas, consiguiendo detener momentáneamente aquella pretensión asimilacionista. Lo que hizo encender todas las alarmas (eclesiásticas, militares, políticas y mediáticas) en el Estado gran-nacional español.

A continuación del nuevo florecimiento, plasmado en 1918, a favor de la reintegración institucional y de la cultura propia, con la creación de Eusko Ikaskuntza -Sociedad de Estudios Vascos-, de Euskaltzaindia -Academia de la Lengua Vasca- y la inauguración del monumento de Amaiur en 1922 , el Estado español volvió a realizar el mismo ataque que ya había efectuado en 1893. Esta vez era la dictadura de Primo de Ribera, con la imposición del llamado «convenio económico» de 1927, quien para evitar otra «Gamazada» tomó las medidas que consideró oportunas. Así, presionó «manu militari» a los diputados más «díscolos» y opuestos al nuevo rebaje institucional, de entre los siete que formaban la corporación foral.

La censura impuesta a la prensa navarra fue férrea, mientras que el «Diario de Navarra» por el contrario realizaba su pérfida campaña a favor de los fines que perseguía el Directorio militar español. De ésta manera consiguieron dividir y debilitar la movilización de la sociedad civil, y concluir el montaje de un mal llamado convenio, ya que para serlo faltaba la imprescindible libertad de la sociedad navarra, que no pudo decidir sobre el estatus político-institucional.

El tercer ejemplo se refiere a los acontecimientos que tienen lugar pocos años después, en 1936, cuando el Estado gran-nacional, dominante y golpista, encarnado en las por principio antidemócratas gentes del absolutismo católico y del esencialismo jacobino, unidas en atrabiliario maridaje para imponer una religión, una nación, una lengua y un territorio, todo ello bien «grande», monta la nefanda cruzada contra la libertad y la voluntad de soberanía ciudadana.

Organizó la horrenda carnicería de indefensos ciudadanos, sacrificados en un holocausto genocida por el motivo de ser demócratas, socialistas o soberanistas. Aunque el objetivo era no sólo eliminar, «limpiar» la sociedad, según sus proclamas, sino someter a la sociedad navarra a tal terror para conseguir su subordinación permanente y mantenerse ellos en el monopolio del Poder.

La actual situación queda reflejada, como cuarto ejemplo, en la repentina «sentencia» de este año, manifestada por el consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente segundo del Gobierno de Navarra, Álvaro Miranda, para el que en Nafarroa no existe «sociedad civil», porque «está muy muerta». ¿A qué se refiere con «sociedad civil»? Según detalló: «a colegios profesionales, asociaciones, gente que se agrupa. Y de eso en Nafarroa hay muy poco. Siguen opinando los mismos que hace veinte años: Gobierno, patronal, sindicatos y Cámara de Comercio».

Lo cierto es que, este político, no debe referirse a la sociedad navarra real, asociativa, diversa, viva -pero negada y ocultada en su subordinación- sino a la Nafarroa oficial, sumisa y colaboracionista con el Estado jacobino, español o francés. No se sabe con que grado de conciencia y voluntad, pero ha dado en la diana, al descubrir que la sociedad navarra negada tiene que ser para ellos invisible.

Cuando él, como observador privilegiado, dice que en Nafarroa la sociedad civil está muy muerta, y que ella sólo es el Gobierno de Navarra y algunas organizaciones sindicales y empresariales, está certificando la negativa a que la sociedad civil en su conjunto ejerza su derecho democrático a decidir sobre lo que le incumbe. Derecho que no comparte el actual Gobierno de Navarra, ni su audaz vicepresidente y consejero.

El Gobierno de UPN confunde la impostura, que ellos mismos le cuelgan a Nafarroa, con la realidad. Parece que no han percibido que en Nafarroa, la sociedad civil real se ve obligada a arreglárselas por sí sola, como consecuencia de la negación a que está permanentemente sometida. Lo que ocurre en todos los campos y facetas: educación, economía, hacienda pública, euskara, tercera edad, medio ambiente, contaminación, recursos naturales, derechos sociales, políticos y civiles, democracia, cultura, sanidad, medios de comunicación, infraestructuras, vivienda, patrimonio monumental, arqueología, república, libertad y soberanía.

Precisamente, como corolario y quinto ejemplo, han tenido que ser los propios familiares de los asesinados en 1936 quienes, transcurridos setenta eternos años, han levantado un Parque de la Memoria inaugurado el pasado 10 de mayo en recuerdo de las 3.420 personas, mujeres y hombres, eliminados en Nafarroa, a las que habría que añadir los incontables muertos en vida, perseguidos, expoliados de sus bienes y de sus trabajos, todo ello con el principal objetivo de implantar el terror y acabar de forma planificada con la voluntad de libertad, justicia y soberanía de esta sociedad.

Es muy significativo que, en aquellos pueblos donde condes, duques y duquesas acaparaban feudalmente las tierras, sus administradores fuesen activos participantes en la limpieza de vecinos desafectos. Pero hay que recordar que el origen de esa propiedad señorial de las tierras se remonta al pago a la nobleza española de los servicios prestados por su participación en la invasión de Nafarroa, tierras que fueron usurpadas a los vecinos sus legítimos dueños. Una prueba más de que soberanía-libertad-justicia se hallan íntimamente vinculadas.

El dolor sufrido por los familiares de las víctimas, exterminadas sin escrúpulos, ha mantenido vivo el testimonio en medio de la inducida patología paralizante que sufre esta sociedad. Miedo que hace posible la continuidad de los que lo hicieron y sus sucesores, en su papel de perpetuos manipuladores y suplantadores de la voluntad social. Ello explica la subordinación de Nafarroa, de la que son causa y efecto quienes manejan los «caballos de Troya» de UPN y PSN. Su labor consiste en hacer invisible a esta sociedad civil, lo que no es, como ellos pretenden aparentar, una «actividad política», sino que es más bien un genocidio continuado, sin legitimidad ni legalidad.