La enérgica movilización de camioneros y pescadores ha sido sin duda la noticia de la semana en el sur de Euskal Herria y en el resto del Estado español. Hacía años -cerca de quince- que la llegada de una de esas cíclicas crisis económicas inherentes al sistema neoliberal imperante no se hacía presente con tanta claridad en la sociedad vasca, y los sectores más directamente afectados por una de sus primeras manifestaciones -la subida desbocada del precio de los car- burantes- han dado una respuesta proporcionada a la magnitud del problema.

Los transportistas han sido los primeros en unirse y tomar medidas. Han parado ante la constancia de que nadie se iba a mover por ellos. La movilización del sector, en este sentido, ha contribuido a reavivar la aletargada conciencia ciudadana ante las grietas del sistema económico, que se revelan otra vez. Dejando al margen histerias puntuales, producto de tendencias modernas como el consumismo desenfrenado y las alarmas recreadas mediáticamente, la ciudadanía parece haber asumido con claridad y de modo mayoritario los motivos de fondo de la protesta. Pero, además, la huelga y la movilización han tenido el efecto de poner de plena evidencia la parálisis de las administraciones. Y, entre ellas, las asentadas en Euskal Herria, a las que si bien sería injusto atribuir una responsabilidad especial en el conflicto de los carburantes, sí resulta justo reclamar una estrategia concreta y práctica ante situaciones como las que se ciernen sobre toda la sociedad, también la vasca.

Resulta revelador que Gasteiz e Iruñea no hayan tenido otra participación en este conflicto que enviar a la Ertzaintza a desalojar el bloqueo de Biriatu, encargar a la Policía Foral que los piquetes no molestaran a las autoridades navarras en Castejón o escoltar en ambos casos a los camiones que transportaban combustible o medicamentos. Resulta llamativo que todo eso lo hayan hecho además por iniciativa de Madrid. Y resulta descorazonador que década y media después de la última recesión de este tipo, las administraciones vascas sigan en fuera de juego ante estas situaciones y se limiten a argumentar que no tienen herramientas competenciales para abordarlas, lo cual puede ser cierto pero no les exime de culpa, sino que es otro exponente de su parálisis.

Construye, que algo queda

Los gabinetes de Juan José Ibarretxe y Miguel Sanz sólo han presentado una supuesta receta frente a la crisis: el impulso a las infraestructuras. El Gobierno de Lakua lo hará con las diputaciones; el navarro, de la mano del PSN. Pero por encima de la diferencia de siglas, su estrategia es idéntica: acelerar proyectos de construcción, con el TAV, por supuesto, como locomotora principal.

Es una receta tan simple como vieja, pero, sobre todo, una receta injusta y antisocial, cuyos beneficiarios seguros serán quienes han hecho caja suficiente en estos últimos años de bonanza, y que, por contra, no contribuirá a repartir la riqueza que ahora escasea ni a aliviar a los sectores en situación más precaria. Lakua e Iruñea no tienen plan para los transportistas, para los pescadores, para los consumidores ni para la mayor parte de los trabajadores, pero sí para las constructoras y otras grandes empresas. Miguel Sanz, con su desenfado habitual, dejó una frase significativa el martes, al inaugurar el desdoblamiento de la N-232, en Castejón: «Así, cuando entren en Navarra nuestros vecinos verán lo ricos que somos». Pretendía ser sólo una broma, pero reflejaba un concepto de fondo. Y a su homólogo Ibarretxe también le traicionó el subconsciente cuando indicó que en paralelo a este plan «ni nos planteamos la reducción del gasto social». Pues sólo faltaba... Pero lo cierto es que Ibarretxe comunicó su plan a la patronal antes que a nadie.

PNV y PSOE ya se echan las culpas

La cuestión económica ha dejado esta vez en segundo plano a la política, pese a que esta semana ha sido escenario de un cruce de reproches entre PNV y PSE que conviene no perder de vista. Los jeltzales filtraron el lunes parte de una reunión secreta mantenida en febrero en Sabin Etxea, y lo hicieron con un objetivo: reflejar que el PSOE renuncia a la búsqueda de una solución política, incluso a futuro. Desde el PSE no tardaron en saltar a la palestra para desmentirlo y en aparentar que deja alguna puerta abierta a nuevos intentos.

Los escarceos dialécticos entre PSOE y PNV resultan sonrojantes por su evidente tufo preelectoral, más llamativo todavía teniendo en cuenta todos los meses que quedan hasta la cita con las urnas. El PSOE se dejó la credibilidad en un amago de proceso de negociación al que entró incumpliendo sus compromisos previos desde el primer minuto y tras el que no le ha importado reconocer que no tenía voluntad real de llegar hasta el fondo. Y en cuanto al PNV, el intento de mostrar ahora una posición autónoma respecto al PSOE resulta tan extemporáneo como frustrante: la «triangulación» que ahora fingen podría haber llevado a buen puerto aquel proceso.

Sin embargo, del rifirrafe PNV-PSOE sí cabe extraer un elemento positivo: ambos partidos perciben que su falta de compromiso con la solución les supone un lastre ante los ojos de la ciudadanía y que ya no les vale con el manido recurso de culpar a la izquierda abertzale. Refleja, en resumidas cuentas, una crisis política ante la que no ofrecen más que parálisis.