Nadie diría que en el denominado Alto Tribunal español, el Supremo, se dilucidaba ayer algo tan grave como la ilegalización de un partido político. En este caso, dos: EHAK y ANV. El inicio de la vista de presentación de pruebas sobre la demanda de ilegalización contra los partidos vascos estuvo caracterizado por el silencio de los partidos e instituciones y la indiferencia general de la opinión pública (el seguimiento mediático estuvo muy por debajo del de 2003 con Batasuna y se contaban con los dedos de la mano las personas que acudieron a la vista pública). Y el desarrollo de la primera sesión fue a tono con toda esta apatía, como si incluso para las acusaciones esta vista no fuera más que un trámite molesto.

En el calendario de esta vista pública entregado a los periodistas se indicaba que ayer comparecerían los peritos de Fiscalía y Abogacía del Estado. Pero los que realmente pasaron por la sala eran sólo policías y guardias civiles. Como es norma, comenzaron negando a preguntas del presidente de la Sala y del TS, Francisco José Hernando, que tengan interés alguno en la causa. Pero lo cierto es que varios de ellos llevan mucho tiempo labrando policialmente la doctrina de la ilegalización.

Es el caso del llamado 19.424, que abrió la vista declarando, como el resto, oculto detrás de un biombo. Su intervención estuvo dedicada a ligar a EHAK con Batasuna a partir de todo tipo de elementos. Citó desde los mensajes sms cruzados por personas de ambos partidos hasta reuniones conjuntas o incluso viajes en un mismo coche (dijo que en un control detuvieron a Nekane Erauskin cuando circulaba junto a mahaikides).

«Lógica inductiva»

Estas son las llamadas «pruebas» de la demanda, entre las que se incluye también la contratación de miembros de Batasuna por parte de EHAK o supuestos pagos de ruedas de prensa de la primera formación por parte de personas ligadas a la segunda. Dejando a un lado la aparente irrelevancia de muchos de estos elementos, el problema jurídico añadido es que ni siquiera han sido contrastados como ocurre en cualquier juicio con cualquier prueba. Lo evidenció el letrado de la defensa Kepa Landa, en su interrogatorio al agente que acababa de acusar a EHAK de pagar ruedas de prensa de Batasuna:

«-¿Esas facturas constan como pagos realizados por EHAK?

-No lo recuerdo.

-¿Comprobaron que se corresponden con la facturación del hotel? ¿Acudieron ustedes a ver si había habido otras ruedas de prensa allí ese día?

-No.

-Pero entonces, ¿cómo pueden acreditar que fue el partido EHAK quien pagó?

-Indirectamente, así fue».

La defensa ha impugnado a todos estos policías, al estimar que no pueden ser considerados peritos, que sus informes son sólo meros atestados policiales, y que evidentemente tienen interés directo en la causa.

Uno de los guardias civiles trató de dar un perfil técnico a su labor afirmando que «hemos revisado 12.000 documentos y 600 cuentas corrientes. Sacamos indicios y los combinamos con la lógica y la experiencia. Es como lo que se hace en las sentencias», zanjó. Añadió que lo llaman «lógica inductiva» y lo aprendieron del Mossad israelí.