La Academia Francesa ha hecho una irrupción ciertamente abrupta en el debate de la reforma de las instituciones que se sigue en el Parlamento galo. Tras la aprobación de la enmienda Warsmann, en el trámite del texto en la Asamblea Nacional, la Academia, cuyo cometido es «velar por el buen uso y esplendor de la lengua francesa», hace un pronunciamiento público, contrario a la mínima alusión constitucional que declara a las lenguas minorizadas «patrimonio de la República». Y lo hace a las puertas del debate definitivo de la reforma en el Senado.

Los últimos pronunciamientos públicos de la veterana institución se han centrado en abordar la calidad de la lengua en la escuela, su adopción de los principios de igualdad de género y en las nuevas normas de ortografía y gramática. Por lo tanto esta incursión en el debate político es, de entrada inusual, y ya fijándose en el contenido y tono del documento aprobado, puede calificarse de abiertamente extemporánea.

La institución cuya tarea más relevante es renovar el diccionario de la lengua francesa demuestra nula ductilidad, se refugia en los arcaísmos y se resiste a renovarse de la mano de los hablantes del siglo XXI, tanto de los de la lengua que proteje como de los que se expresan o identifican con la riqueza cultural que aportan a Europa el euskara, el bretón, el catalán, el corso y cuantas lenguas desprecia la Francia institucional.

Desde el fundador de la Academia, Richelieu, pasando por Luis XIV y hasta llegar a Nicolas Sarkozy, todas las altas instancias del Estado francés, y a su vez cabezas simbólicas de la institución, han trabajado guiadas por el espíritu uniformizador que recoje en la actualidad el artículo 2 de la Constitución.

La Academia se hace eco de las posiciones más jacobinas, que se expresan por encima de siglas partidarias, y que cada día ofrecen muestras más evidentes de su dificultad de adaptación a un mundo cambiante, que se conjuga en clave de diversidad y en el que las identidades culturales son un valor social al alza.