Las informaciones filtradas a distintos medios de comunicación en los últimos días acerca del informe de calificaciones del Ministerio Público contra los procesados en el sumario 33/01 se vieron ayer ratificadas en su totalidad. El fiscal de la Audiencia Nacional española Carlos Bautista aumentó de 10 a 13 años las peticiones de condena para Juan Mari Olano, Julen Zelarain y Aitor Jugo.

Como argumento para actuar de esa manera señaló que durante las sesiones que comenzaron a finales de abril ha quedado probado que estas tres perso- nas ejercían de «dirigentes» de ETA en el movimiento pro-amnistía. A Olano y Zelarain les acusó de ser los «responsables nacionales» de Gestoras pro-Amnistía, mientras en el caso de Jugo mezcló una manifestación celebrada en Durango en denuncia de la situación de los presos políticos con un atentado de ETA contra un concejal del PP de la misma localidad.

Tal y como se había anunciado también desde los medios, Bautista retiró las acusaciones por falta de pruebas contra Mitxel Sarasketa, Maitane Méndez y Jorge Arredondo. En cuanto a los otros 21 procesados, mantuvo la petición de 10 años de condena por «pertenencia a organización armada».

Acompañado en la Sala por el fiscal jefe del tribunal especial, Javier Zaragoza, el representante del Ministerio Público se explayó por un amplio espacio de tiempo -más de cuatro horas- en la exposición de su informe. En un tono provocador y arrogante hacia los procesados, Bautista se defendió de las reiteradas acusaciones realizadas por los imputados en relación a la «motivación política» del juicio.

El fiscal insistió en que el del sumario 33/01 «ha sido un juicio absolutamente jurídico» y aportó como prueba el hecho de que haya retirado las acusaciones contra tres procesados porque no han encontrado indicios para incriminarles. Bautista criticó que «el único matiz político lo han introducido los procesados» e hizo referencia a las manifestaciones que realizaron cuando en la primera sesión renunciaron a la defensa jurídica.

En su opinión, los acusados habrían actuado de esa manera porque «han seguido la guía o el manualillo del buen miembro de la organización terro- rista», al tiempo que calificaba esa opción como «farsa, teatri-llo y montaje».

Alzando la voz, el representante fiscal espetó mirando a los acusados que «espero que no les guste la sentencia y a mí me guste mucho». Incluso llegó a aventurar que si son condenados losprocesados harán uso del recurso de casación o del recurso de amparo para tratar de eludir la prisión.

En su intento de provocar la reacción de los encausados, hizo referencia a las declaraciones realizadas por Txema Olabarrieta, quien manifestó en la primera sesión de la vista que «a un vasco sólo le pueden juzgar vascos». Tildó la frase de «ejemplo de etnicismo excluyente» y añadió que «si alguna vez hay una república soviética vasca, no firmarán los acuerdos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque en ese tribunal habrá un juez español».

Sin imputaciones individuales

Bautista aseguró que, tras el «levantamiento del velo» al movimiento pro-amnistía, ha quedado demostrado que es «una or- ganización dirigida por ETA». Como en el sumario 18/98, utilizó la teoría del «desdoblamiento de delegados» de la organización armada para corroborar sus manifestaciones.

En este sentido, declaró que pese a la «separación táctica» existe una «unidad estratégica» porque todas las organizaciones de la izquierda abertzale «obran en un mismo impulso de ETA».

El fiscal hizo alusión en repetidas ocasiones a que la Audiencia Nacional cuenta con pruebas inculpatorias contra los procesados, pero al comunicar las imputaciones individualizadas volvió a quedar en evidencia que se ha limitado a demostrar que los acusados han sido miembros del movimiento pro-amnistía, todo ello a través de escuchas telefónicas y ruedas de prensa en la que ellos mismos se identificaban de esa manera.

Y es que el propio Bautista reconoció en las primeras semanas del juicio, en el transcurso de una charla con los alumnos de la Universidad Complutense que asistían a la sesión como invitados, que no existían imputaciones individualizadas contra los procesados, pero que trataría de probar que el movimiento pro-amnistía era el encargado de «señalar objetivos».

Una actuación que contradice uno de los principios básicos que rige el Derecho Penal español, como es la individualización de la conducta, que obliga al acusador a decir lo que ha hecho cada uno de los imputados y acreditarlo.

En este sentido, realizó ayer unas declaraciones reveladoras al manifestar que «no decimos que alguno de los procesados haya sido el que haya ido a quemar coches o contenedores, sino que han tenido que coordinarlo de alguna manera porque eran ellos los que convocaban las jornadas de lucha».

Las declaraciones policiales han sido también utilizadas como prueba inculpatoria, y en previsión de que pudieran ser rechazadas por existir denuncias de torturas, Bautista advirtió al tribunal que no debe tener en cuenta que Ibon Aranalde, Susana Atxaerandio y Jorge Olaiz relataron que fueron objetos de malos tratos porque no consta ningún informe forense que así lo corrobore.

«Dolido» por la renuncia

En nombre de los procesados, Julen Larrinaga valoró tras finalizar el fiscal la exposición de las calificaciones que la postura adoptada el primer día por los imputados ha «hecho daño» en el Ministerio Público.

Larrinaga recordó que «denunciamos que teníamos la convicción de que la condena estaba escrita y renunciamos por ello a la defensa jurídica», e insistió en que esa actitud ha «dolido» a la Fiscalía ya que ha utilizado «gran parte de su alegato para ensuciar nuestra postura, entrando incluso en provocaciones».

En cuanto a la retirada de la acusación contra tres de los procesados, criticó que el fiscal lo ha utilizado para justificar la «transparencia» de la Audiencia Nacional queriendo hacer ver que ha tenido en consideración «todas las garantías procesales». Por ello, se preguntó por qué «han tenido encausados en este sumario durante siete años a estas tres personas» y afirmó que para compensar esa actuación ha elevado las peticiones de pena contra otros tres imputados.