AI insiste en que la investigación judicial no basta contra la tortura
Frente a las acusaciones de torturas, los responsables gubernamentales suelen contestar que las denuncias son falsas y que para probarlo basta ver que muy pocas prosperan en los tribunales. La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, recuerda que «la investigación judicial no es suficiente» en estos casos y añade que medidas como la instalación de cámaras en los interrogatorios demostraría cuándo una denuncia es falsa y responde a una consigna.
GARA |
La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, recomendó ayer a los gobiernos de Madrid y de Lakua que pongan en marcha «mecanismos independientes» para investigar las denuncias de torturas, puesto que este organismo considera que, en la actualidad, no existen «suficientes salvaguardas» para proteger los derechos de los detenidos y entiende que «la investigación judicial no es suficiente».
Irene Khan se entrevistó a primera hora con la presidenta del Parlamento de Gasteiz, Izaskun Bilbao, y después compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Al mediodía se reunió con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y por la tarde mantuvo un encuentro con el consejero de Interior, Javier Balza, y con el de Justicia, Joseba Azkarraga.
«Problema persistente»
En su comparecencia ante los parlamentarios, Irene Khan afirmó que el sistema en el Estado español «no tiene suficiente salvaguardas para proteger contra la tortura». Destacó que los casos de tortura y malos tratos son «un problema persistente» y recalcó que «la investigación judicial no es suficiente», de modo que consideró que para que esas investigaciones sean «efectivas» deben ponerse en marcha mecanismos «independientes» de investigación.
Respecto a la posible existencia de denuncias falsas, Khan declaró que instalando cámaras de vídeo en los lugares «adecuados» de las comisarías, se demostraría cuándo hay un caso falso que sigue una consiga y cuándo es real.
La secretaria general de AI reconoció que en Euskal Herria hay «un reto especial» a la hora de enfrentarse a la violencia y a las torturas, y afirmó que «la mejor forma de defender la libertad y la seguridad es promoviendo el respeto a los derechos humanos».
Asimismo, valoró los pasos dados por Lakua en la prevención de los malos tratos y torturas, mediante la instalación por ejemplo de cámaras de vídeo en las comisarías, pero opinó que estas medidas «siguen quedándose cortas».
Esta afirmación produjo un hondo malestar en los responsables de Interior, que emitieron una nota en la que acusaban a este organismo de «anticipar sus declaraciones acusatorias ante los medios» antes de hablar con el Departamento.
Amnistía Internacional insistió en que la aplicación de la incomunicación «favorece un entorno en el que se pueden dar torturas y malos tratos» y también «viola los derechos» del arrestado «a la elección de abogado y de forense».
En materia de política penitenciaria, pidió que los presos cumplan sus penas cerca de su residencia o lugar de origen.
Además, la secretaria general de AI expresó su «condena sin límites a ETA» y apuntó que «nada justifica los crímenes».
El Departamento de Interior del Gobierno de Lakua reaccionó inmediatamente a las declaraciones de Irene Khan, lamentando «profundamente» que Amnistía Internacional extienda «sus sospechas de torturas» a la Ertzaintza y aseguró que «es el único cuerpo policial del Estado» que no ha aplicado la incomunicación a ningún detenido en los dos últimos años ni ha recibido ninguna denuncia por malos tratos en este periodo de tiempo.
También destacó que la Ertzaintza «es la única institución policial estatal que cumple puntualmente todos los requerimientos de Amnistía Internacional sobre medidas de prevención de la tortura, como la implantación de cámaras de grabación en los centros de detención, la regulación detallada de todo el proceso de detención, la identificación de los agentes participantes, la fiscalización por parte de jueces y forenses, la realización de auditorías sobre el proceso de detención por instituciones ajenas a la Policía autónoma, etc...»
Conocido el malestar de Interior, la secretaria general de AI valoró los datos de la Ertzaintza y confió en que sea un mensaje «positivo» para el resto del Estado, pero insistió en que no apliquen la incomunicación .
A raíz de la polémica surgida tras las declaraciones de la secretaria general de Amnistía Internacional, Askatasuna hizo pública una nota en la que recuerda que en los últimos años la Ertzaintza ha sido objeto de más de 200 denuncias de tortura, y denuncia que «no se ha abierto ninguna investigación sobre ellas». «Para acabar completamente con la tortura vemos imprescindible aclarar las responsabilidades sobre estos casos y que haya un reconocimiento de la existencia de esas torturas», apunta el organismo antirrepresivo..
En este sentido, considera «esclarecedor» el caso de Orkatz Gallastegi, sobre quien «la Audiencia Nacional utilizó las declaraciones realizadas bajo torturas tras ser detenido e incomunicado por la Ertzaintza para condenarle a 26 años de cárcel». «La única prueba fueron las declaraciones realizadas a la Ertzaintza durante la incomunicación, que luego negó ante el juez», recuerda.
Para Askatasuna, el hecho de que la Policía autonómica no haya incomunicado a los últimos detenidos, no quiere decir que no vaya a volver a incomunicar, ya que, de hecho, «ni Ibarretxe ni el Departamento de Interior» han anunciado este hecho.
