Se pueden contar con los dedos de la mano las «pruebas» materiales por las que ANV va a ser ilegalizada por el Tribunal Supremo español. Pero antes de comenzar la vista en su contra se podía prever que al menos tuvieran más fuste. A la defensa no le costó mucho trabajo dejarlas en evidencia, una por una.

Primer ejemplo: La «caja común» que es sólo metáfora. La Policía halla documentos bancarios de ANV en el registro de la sede de EHAK en el polígono Belartza de Usurbil. De ello concluye que hay una «caja común» entre ambas formaciones y la ilegalizada Batasuna, más aún cuando encuentra un documento en que figura expresamente ese concepto. Pero el interrogatorio de Iñigo Iruin, letrado de la defensa, muestra que lo de la «caja común» no deja de ser una mera etiqueta. Uno de los policías admite que hablan de ello sólo por que «había documentos de uno u otro partido indistintamente en las mismas cajas, sin que se le encuentre una explicación lógica». Iruin termina preguntando a otro de ellos: «¿Y el documento no podía estar hablando de una `caja común' sólo de ingresos de ANV?». El policía dice: «Sí, podría ser».

Segundo ejemplo: La factura que no paga lo que la Policía dice. En las demandas de ilegalización se imputa a ANV haber abonado una rueda de prensa de Batasuna celebrada el 12 de junio de 2007 en el hotel Hesperia de Donostia. La Policía presenta en la vista como elemento supuestamente irrefutable una factura pagada ese día por ANV. Y cree haber hallado petróleo en un ejemplar de GARA del día siguiente. Efectivamente, en las páginas 2 y 3 aparece una rueda de prensa atribuida a Batasuna. Pero Iruin advierte de que doce páginas después se informa de otra comparecencia de ANV en ese hotel. Y hay más. Consta que al día siguiente la primera rueda de prensa fue pagada desde una cuenta titulada por los mahaikides Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Joseba Permach, no desde ANV. Pero a la Policía le ha pasado desapercibido.

Tercer ejemplo: El cartel que no es cartel. El perito principal esgrime que ANV convocó una manifestación en Aste Nagusia de Bilbo de 2007 y que la anunció con un cartel propio de Batasuna y basado en su propuesta del Anaitasuna. Pero Iruin pone de relieve que el cartel no es un cartel, sino un mero anuncio... y en una revista local. La «prueba» se desinfla meteóricamente.

Cuarto ejemplo: La comisión de presos que es excepción y no norma. En su informe contra ANV, las FSE argumentan que esta formación impulsó comisiones municipales por los presos en Hernani y Elorrio, ergo es Batasuna. El fondo del argumento resulta más que escaso. Pero es que, además, no hay tema. Tras el interrogatorio de la defensa queda claro que no fueron dos comisiones, sino una, la de Hernani, y la Policía no sabe siquiera si se llegó a poner en marcha. Lo relevante, a efectos jurídicos, es que una comisión pro-presos en todo el conjunto de Euskal Herria no puede encajar en la categoría de «conductas reiteradas» que exige la ley para ilegalizar a un partido.

Quinto ejemplo: El fantasmagórico «modelo» de no-condena. El policía 19.242 explica que encontraron un documento fechado en julio de 2007, poco después del final de la tregua de ETA, que entienden que es «un modelo genérico» para posicionarse ante futuros atentados en las diferentes instituciones. El testigo-perito admite que inicialmente no le dieron valor, pero que sí lo hicieron tras espiar una conversación telefónica en agosto entre Ibon Arbulu -al que sitúan en Batasuna- y una concejal ekintzale de Durango, donde ETA acaba de atacar el cuartel de la Guardia Civil. Las preguntas de la defensa vuelven a poner las cosas en su sitio: el texto que presenta ANV en el Ayuntamiento es diferente, y además en el llamado policialmente «modelo genérico» se habla de «atentado» y no «suceso», como sostienen las FSE con un objetivo notorio. El policía matiza igualmente que Arbulu no impuso nada a la concejala en la llamada telefónica, sino que validó su posición. O sea, que aquí tampoco hay tema.

Sin relación con ETA ni KAS

Hasta aquí los elementos materiales utilizados contra ANV. El resto de «pruebas» consisten en meras coincidencias ideológicas con Batasuna evidentes para todos, también para la defensa.

El caso más claro es el de las elecciones. En su intervención inicial, el policía 19.242 subraya como elemento incriminatorio que «en la campaña de 2007 hay participación plena, absoluta y total de la estructura del MLNV» en favor de ANV. Pero Iruin no ve nada punible en ello. Le pregunta si no era lógico que el partido ekintzale aspirara a lograr el voto histórico de Batasuna una vez ilegalizada, y 19.242 admite que sí, y que en realidad otros partidos también hicieron lo mismo.

En paralelo, de nuevo aparece en la vista el omnipresente Tren de Alta Velocidad. En el informe policial se remarca que ANV se opone también al proyecto, como Batasuna. Pero el propio jefe de la investigación admite que esta posición era muy anterior a la ilegalización de Batasuna, y que de hecho ANV ya había formado parte de iniciativas como la Red por un Tren Social. «¿Por qué dice entonces que siguen instrucciones de no sé quién?», interpela Iruin al policía 19.242. Y éste alega que «yo establezco sólo que hay un documento sobre el TAV intervenido en Belartza que sí afecta a ANV porque forma parte de la izquierda abertzale». Una vez más, la conclusión va antes que la prueba.

En resumen, el intento de ligar a ANV con Batasuna no tiene más base probada que su coincidencia ideológica y sus lazos históricos, siempre desde la premisa de ser partidos diferentes. En un momento dado, la defensa pregunta si se ha hallado alguna relación de ANV con ETA «en sus más de 75 años de vida». «No -asume el policía-. ¿Y con KAS? -prosigue Iruin- No. ¿Y con Ekin? Tampoco».