La alcaldesa de Iruñea, Yolanda Barcina, dio ayer un nuevo paso en su cruzada contra el movimiento abertzale de la capital de Euskal Herria y mandó clausurar las oficinas que por su condición de cargos electos les corresponden a los representantes de ANV en ese consistorio. Este nuevo acto de exclusión contra representantes municipales en Iruñea, elegidos en condiciones que pueden ser legales pero que cada vez cuesta más considerar democráticas, se sitúa dentro de la estrategia de apartheid dirigida desde UPN. Estrategia que, con la colaboración de PSN -que ha asumido el «agostazo» con total naturalidad- y ante la pasividad de Nafarroa Bai -que, por contra, en sus declaraciones sigue mostrando una particular obsesión con los electos de la izquierda abertzale-, ha supuesto ya un recorte significativo de los derechos políticos de los concejales de ANV y, por ende, de los miles de iruindarras que les dieron su apoyo en las urnas.

La primer edil de Iruñea pretende ejercer de punta de lanza en el recorte de libertades. La postura de Barcina, de momento sin respaldo legal alguno, contrasta aún más con los informes periciales que en la vista que se sigue contra ANV en el Tribunal Supremo español han evidenciado que el proceso de ilegalización sólo se basa en cuestiones ideológicas y no en prueba alguna.

Por otro lado, ahora que se vislumbran elecciones en el tercio autonómico y nuevas opciones de acuerdos entre los partidos unionistas, es probable que empecemos a escuchar a los portavoces del nacionalismo institucional presentando las posturas de UPN como contra-ejemplo, como mal mayor a evitar a cualquier precio. Ante ese planteamiento cabe recordar que si bien es cierto que los partidos unionistas ejercen de vanguardia en la restricción de derechos de la ciudadanía vasca, de la mano del PNV la cámara de Gasteiz ha aplicado medidas preventivas similares a las de Iruñea contra el grupo parlamentario Ezker Abertzalea. La megalomanía de esa vanguardia anti-democrática no debería hacer olvidar la cobardía democrática o la codicia de poder de aquellos que ejercen de retaguardia.