El juicio oral contra el movimiento pro-amnistía concluye hoy en la Audiencia Nacional. Tras los informes de calificación del Ministerio Fiscal, que elevó las peticiones de pena de 10 a 13 años para Juan Mari Olano, Julen Zelarain y Aitor Jugo, pidió la absolución de tres procesados -Mitxel Sarasketa, Maitane Mendez y Jorge Arredondo- y mantuvo la petición de 10 años para el resto, la acusación particular que ejerce la AVT se limitó a seguir ayer el guión escrito el día anterior. Con las intervenciones de los abogados defensores y la última palabra que se concede a los imputados se cerrarán hoy dos meses de sesiones en el recinto habilitado por el tribunal especial en la madrileña Casa de Campo. El secretario general adjunto de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y presidente de su sección canadiense, William Sloan, ha seguido las dos últimas sesiones del juicio y manifiesta a GARA que el sumario 33/01 «es una locura».

Sloan revela que si fuera el primer macroproceso contra organizaciones de la izquierda abertzale que sigue de cerca se sorprendería por las acusaciones, ya que ha escuchado en la sala que el movimiento pro-amnistía «es un grupo que trabaja con presos, no está armado y no ha financiado el terrorismo, pero está vinculado por su afinidad ideológica».

«Es una locura, ni siquiera alegan como prueba que hubieran recibido órdenes ni que apoyen a un grupo armado» critica, y añade con un toque de humor recordando a los irreductibles galos que «como dice Obélix: `Están locos estos españoles'».

El jurista canadiense siguió de cerca el macroproceso 18/98 y denuncia que «existe» una tesis iniciada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que se repite «constantemente», también en este sumario. Según asegura, «no tiene lógica» lo que defiende el Estado español cuando «dice que el grupo armado es el que manda automáticamente». En este sentido, recuerda que en el proceso de paz en el norte de Irlanda fue el Sinn Fein el que dirigió las negociaciones políticas y que en el caso de Euskal Herria también existe «un movimiento político que insiste en mantener su participación en procesos electorales».

«Es un teatro político»

Sloan comprende la actitud adoptada por los encausados en el sumario 33/01. En su opinión, «no han entrado en el juego» porque la tesis de Garzón se había impuesto ya en el «caso Jarrai-Haika-Segi» y el 18/98 y considera imposible «pelear en esas circunstancias otra vez». Además, denuncia que «cómo van a defenderse» si no se les acusa de actuaciones concretas de cada uno.

El abogado de Quebec critica también que a los procesados se les imputa «la pertenencia al MLNV, participar en reuniónes de la izquierda abertzale, comparecencias públicas, ruedas de prensa...cuando no están escondidos y ellos mismos lo admiten». «Si eso es una acción criminal, cómo van a defenderse», insiste. Según manifiesta, los juicios de la Audiencia Nacional son «un teatro político» porque «los jueces han dejado a la Policía que determine la culpabilidad» de los imputados, en referencia a la aceptación como peritos «expertos en ETA» de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En cuanto a los informes de calificación de las partes acusatorias, se muestra muy molesto porque en ellos se resalta que varios de los imputados han estado en prisión. A su juicio, «es algo común que he visto en muchas ocasiones con personas que han pasado por la cárcel y después trabajan apoyando a los presos en la reinserción y en la defensa de sus derechos». Asimismo, recuerda la utilización realizada por el fiscal al justificar la absolución de tres procesados como prueba de que el sumario 33/01 ha sido «un proceso con todas las garantías».

Sloan no comprende cómo el fiscal, tras anunciar la «retirada de acusaciones no merecidas» y que se han mantenido durante siete años «como la espada de Damocles sobre sus cabezas», pretende hacer creer ahora que las peticiones de condena contra el resto son correctas.

Otro de los aspectos que denuncia son las acusaciones contra el abogado Julen Arzuaga por defender a personas en procesos de extradición como él mismo ha hecho en varias ocasiones con militantes vascos detenidos en Canadá. En este sentido, señala que el principal motivo de su presencia en el juicio ha sido que, en su opinión, «todas las personas tienen derecho a la defensa aunque los gobiernos digan que son terroristas o hayan cometido los peores delitos».