El responsable de Comunicación de EA, Mikel Irujo, desmintió que el tripartito contemple una recogida de firmas «masiva» si se impide la consulta prevista para el 25 de octubre por el Gobierno de Lakua, tal y como publicó un periódico guipuzcoano, y añadió no saber «de dónde viene» la información porque «no se ha hablado de ello ni puesto sobre la mesa en EA, ni en el tripartito».

Sin embargo, el portavoz de EB, Mikel Arana, fue más allá al situar la citada recogida de firmas en un paquete más amplio de medidas a adoptar en un hipotético plan B. Se refirió Arana a una reacción «jurídica, política y social» ante la anunciada presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Gobierno español si el proyecto de Ley de Consulta es aprobado por el Parlamento de Gasteiz el próximo día 27.

La respuesta jurídica consistiría en plantear recursos ante el propio TC y, en su caso, ante instancias europeas, y la política «implicaría a diferentes instituciones», mien- tras que la social tendría opciones diferentes como la aludida recogida de firmas o la movilización, señaló Arana.

«Cobardía democrática»

EA, por su parte, calificó de «acto de cobardía democrática» que se recu-rra por vía judicial si se aprueba la consulta en el Parlamento de Gasteiz, y se preguntó «a qué tienen miedo PSOE y PP, y por qué no se quiere que se haga una consulta, que se sabe que no tiene carácter legal vinculante».

En cuanto a la petición de las Juntas Generales de Araba de retirada del proyecto, la portavoz del Gobierno de Lakua, Miren Azkarate, aseguró que la celebración de la consulta impulsada por el lehendakari Juan José Ibarre-txe «cobra todavía más importancia» después de que esta institución re-clamara la retirada del proyecto a través de una iniciativa apoyada por el PP y el PSE, que, en opinión de Azkarate, está «viciada de origen».