Asier VELEZ DE MENDIZABAL

La contundencia, la arrogancia y la brutalidad de la Policía Municipal de Iruñea, que estos últimos años parece haberse convertido en la guardia personal de la alcaldesa Yolanda Barcina, acalló y silenció ayer al mediodía las protestas de una decena de simpatizantes de la izquierda abertzale que habían acudido al Consistorio, junto al concejal Mikel Gastesi, para mostrar su desacuerdo por la clausura del despacho municipal de los independentistas.

Los agentes les impidieron acceder al interior y exhibir una pancarta que habían preparado, tras lo que se produjo un forcejeo con los allí reunidos, que finalmente fueron rodeados por una decena de policías que posteriormente los indentificaron y los expulsaron del lugar. El fotógrafo de la agencia Argazki Press y este redactor también fueron identificados e invitados a abandonar el edificio consistorial, no sin antes requisar la cámara del reportero gráfico argumentando que no tenía permiso para tomar instantáneas dentro del Ayuntamiento.

La noticia de la clausura del despacho que utilizan los concejales de la izquierda abertzale en Iruñea a través de un decreto de Alcaldía se conoció a primera hora de la mañana, cuando en la puerta apareció colgada una nota que decía: «Local clausurado, autos del 8 de febrero y 30 de abril de 2008 del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional».

El equipo de gobierno del Consistorio iruindarra informó a través de una nota de prensa de que había procedido a clausurar el recinto «tras el informe emitido por el Departamento de Administración Local, a solicitud del propio Ayuntamiento, en el que se interpretan y delimitan las consecuencias del auto del juez Bastasar Garzón que ordenaba suspender las actividades de EAE-ANV». Según ese informe, «los concejales de la ilegalizada ANV [hay suspensión de actividades, no ilegalización] en el Ayuntamiento de Pamplona no tienen derecho a utilizar el despacho», dando a los cargos abertzales un plazo de 24 horas para recoger la documentación que allí guardan.

Por delante de los jueces

Esta actuación supone un nuevo paso en la ofensiva de UPN contra los ediles independentistas, a los que ha intentado apartar y arrinconar desde el comienzo de la legislatura, inten- tando ir siempre un paso por delante de las propias resoluciones emitidas desde la Audiencia Nacional española.

La batería de medidas impulsadas por la alcaldesa Yolanda Barcina han ido ejecutándose de manera progresiva. Primero les prohibió utilizar la sala de prensa, posteriormente les retiró los cargos de representación municipal y les denegó la potestad de celebrar bodas civiles, y más tarde les quitó el correo electrónico.

El equipo de gobierno de UPN ha tratado de hacer en todo momento la lectura más restrictiva posible de los autos de Garzón para imposibilitar más si cabe la labor política de estos concejales, interpretando matices que no se expecifican de manera clara en los informes judiciales. De hecho, alguna de esas medidas ha sido desestimada por el TAN (Tribunal Administrativo de Navarra), que la pasada semana dio la razón a los ediles asegurando que éstos pueden exponer sus propios símbolos en la sala de prensa del Ayuntamiento, algo prohibido por un decreto de Alcaldía.

Pero además de todos estos impedimentos, los concejales también han sido vetados en el propio pleno municipal, donde UPN y PSN han pactado no permitir que ninguna moción tramitada por ellos sea incluida en el orden del día, intentando acallar la voz de la izquierda abertzale por todos los medios a su alcance.

De todas formas, la brutalidad y la contundencia exihibida el mediodía de ayer por la Policía Municipal dentro del propio edificio consistorial dejó de manifiesto el endurecimiento de las actuaciones de este cuerpo policial, que parece cada vez más alejado de los ciudadanos y dispuesto a hacer cumplir a rajatabla las órdenes del partido que gobierna la ciudad.

«Venganza política»

Por la tarde, con los ánimos más calmados, Mikel Gastesi ofreció una rueda de prensa ante el Ayuntamiento de Iruñea arropado por varios simpatizantes de la izquierda abertzale, algunos de los cuales habían estado presentes en los acontecimientos de la mañana.

A juicio del concejal, la clausura de su despacho municipal es «un acto de venganza política» de Yolanda Barcina contra la izquierda abertzale, días después de que el TAN «nos diera la razón» en relación al uso de la sala de prensa.

En ese sentido, denunció que la primera edil de UPN, «con el silencio cómplice del resto de grupos, ha atacado el derecho a ejercer nuestra actividad política», ya que Barcina «no soporta la idea de que se pueda tra-bajar en favor de otro modelo de ciudad».

«Más allá de este hecho, queremos denunciar la instauración paulatina del estado de excepción en el Ayuntamiento de Iruñea y en el resto de la ciudad por parte del grupo de UPN», apuntó Gastesi.