El recinto habilitado por la Audiencia Nacional en la madrileña Casa de Campo albergó ayer la última sesión del juicio contra el movimiento pro-amnistía, que ha quedado visto para sentencia. La vista oral se ha prolongado durante dos meses y, según denunciaron los abogados de la defensa, ha queda- do en evidencia «la pobreza» de las pruebas contra los procesados al limitarse a presentar comparecencias públicas o documentos y escuchas telefónicas interpretadas por las FSE.

En su opinión, no han sido acreditadas las acusaciones y reclamaron la absolución para todos los procesados.

A pesar de ello, la Fiscalía y la acusación particular que ejerce la AVT reclaman condenas que van desde los 13 años para Juan Mari Olano, Julen Zelarain y Aitor Jugo, a las penas de 10 años para cada uno de los otros 21 acusados. A otros tres procesados les han retirado los cargos por falta de pruebas.

La letrada Arantza Zulueta fue la encargada de abrir la sesión y criticó que «la abrumadora falta de pruebas de cargo contra los acusados raya el esperpento y la manipulación y perversión del lenguaje». La abogada destacó que el juicio contra el movimiento pro-amnistía no ha sido un procedimiento penal nor-malizado y que «la realidad es que se han atropellado garantías jurídicas».

Zulueta expuso como ejemplo «el empeño» de la Fiscalía en defender el «carácter democrático» del sumario y el hecho de que se haya recurrido a las mismas pruebas utilizadas en los procesos contra otras organizaciones. En este sentido, señaló que no es posible que a los imputados en el sumario 33/01 se les acuse de coordinar y dirigir los actos de kale borroka cuando han sido condenados por ese motivo los procesados en el «caso Jarrai-Haika-Segi».

Zulueta quiso destacar también en su informe final «el respeto, admiración y orgullo por el compromiso, solidaridad y entrega» que han demostrado los imputados «buscando soluciones democráticas para nuestro pueblo y denunciando la vulneración de derechos humanos». A su vez, resaltó la actitud «coherente» de los acusados, que han aprovechado el juicio para denunciar el «carácter antidemocrático» de la Audiencia Nacional y renunciar a su defensa en términos jurídicos al no reconocer la legitimidad de ese tribunal para juzgarles pese a correr riesgo de cárcel.

«Se les condena por lo que son»

Zulueta concluyó su alocución pidiendo al tribunal que «pare esta espiral y no permita que la lucha contra el independentismo y los movimientos sociales y políticos en Euskal Herria se convierta en un acto de guerra regido por normas excepcionales como el derecho penal de autor» y criticó que «no se les condena por lo que han hecho, sino por lo que son».

Ainhoa Baglietto fue la siguiente en tomar la palabra y destacó en su informe que detrás del sumario 33/01 existe un «impulso político». La abogada recordó las explicaciones ofrecidas por el «perito» 19.242 sobre la creación del movimiento pro-amnistía en los últimos años del franquismo y denunció que al igual que «hace 30 años se perseguían delitos de opinión, ahora también sucede lo mismo con los que denuncian la tortura, la dispersión de los presos o la guerra sucia».

Por su parte, el también abogado defensor Iñaki Goioaga restaló que el intento del representante de la Fiscalía de «desacreditar» la actitud de los imputados [en referencia a que la renuncia de la defensa jurídica forma parte del «manualillo» de ETA] muestra «la pobreza de las pruebas contra ellos».

Asimismo, señaló que el hecho de que se utilicen los antecedentes penales de algunos de los imputados para presentarlos como indicio incriminatorio es otro ejemplo de la falta de pruebas. «Los ex presos y letrados tienen una sensibilidad especial porque han vivido en sus propias carnes la cárcel y conocen la dispersión, el aislamiento... Por eso, se plantean su compromiso, no con otra finalidad perversa como han querido hacer ver», aseguró.

Goioaga aludió también a que el fiscal indicó en su informe de calificaciones que mediante este proceso pretendían «levantar el velo al movimiento pro-amnistía para demostrar que ETA está detrás». Sin embargo, manifestó que se trata de justamente «lo contrario, de poner un velo para desprestigiar la denuncia permanente que hace el movimiento pro-amnistía sobre la vulneración de derechos».

«El problema no es la actividad del movimiento pro-amnistía, sino que se necesita tapar con un velo su labor porque pone en evidencia una vulneración de derechos que quiebra la existencia de un Estado de Derecho», manifestó.

No excluye a nadie

Goioaga declaró haberse sentido «ofendido» con las acusaciones de «etnicismo excluyente» vertidas por la Fiscalía, que calificó de esa manera las declaraciones realizadas por uno de los imputados en relación a su renuncia a la defensa cuando argumentó que «a un vasco sólo le puede juzgar un vasco» y no un tribunal extranjero.

El abogado bilbaino explicó que «reclamar ser juzgado en su país es natural y no etnicismo excluyente». Además, dijo que el movimiento pro-amnistía «nunca se ha definido como independentista ni nacionalista y que su objetivo es desaparecer cuando desaparezcan las causas que motivaron su creación».

En este sentido, insistió en que es un movimiento popular en el que no se excluye a nadie y recordó cómo la gaditana Kontxi Luna, compañera del preso político José Mari Sagardui, Gatza, constató en su testimonio ante el tribunal el apoyo y la ayuda recibida por parte del movimiento pro-amnistía.

La abogada Haizea Ziluaga, que tuvo que hacer frente a continuas interrupciones de la presidenta de la sala, Teresa Palacios, trajo a colación las dinámi- cas de denuncia realizadas por el movimiento pro-amnistía y señaló que lo que se pretende con este procedimiento es «poner una cortina para ocultar la verdad de las actividades realizadas a favor de los derechos humanos y las libertades democráticas».

Por último, Amaia Izko concluyó con los informes de la defensa criticando que las acusaciones contra los procesados no están personalizadas y que se basan en «afirmaciones sorprendentes». Citó el hecho de que sobre un procesado se diga que, cómo con 16 años era miembro de Jarrai, ahora tiene que ser de Ekin por la edad. A su vez, denunció que otra acusación se basa en una escucha telefónica en la que se habla de que se va a limpiar una sede y la Policía lo tergiversa para sentenciar que se iban a sacar documentos del inmueble.