Nueve asociaciones vecinales de Gasteiz y los organismos sociales Elkartzen y Bilgune Feminista han hecho público un escrito en el que denuncian el proceso de precarización que, a su parecer, el PNV «lidera» en Araba. En concreto, acusan al Gobierno de Lakua y a la Diputación, gobernados por los jeltzales, de «privatizar y recortar servicios sociales». «La población de Euskal Herria está sufriendo un proceso de precarización producto del recorte de derechos sociales y laborales que, a golpe de ley, están liderando las élites políticas y económicas» censuran, un proceso que, opinan, «es muy evidente en el caso de Araba».

A modo de ejemplo, estos grupos citan los casos del Hospital de Santiago, donde se ha decidido cerrar el servicio de Pediatría; el Geriátrico de la Clínica Alava -privada pero cuyo servicio depende de la Diputación-, en la que «primero se privatiza el servicio, con fuertes inyecciones de dinero público a través de convenios millonarios, y ahora se plantea recortar el servicio a través de una reducción de plantilla»; y la Residencia Ariznabarra, donde «se está produciendo un grave proceso de precarización de las condiciones laborales de la plantilla». En este sentido, observan que se está produciendo «un desmantelamiento de los servicios sociales en Araba por parte del PNV».

Entre las consecuencias de este proceso, los firmantes mencionan que no se garantiza los servicios a la población que los necesita, «precarizando sus condiciones de vida»; la merma de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras; y el deterioro de las condiciones vitales de las personas del entorno de quienes no pueden recibir estos servicios. Un hecho que, como apostillan, «es muy evidente en el caso de las personas dependientes».

Llamamiento a la sociedad

Ante este proceso, estos organismos exigen «que se garanticen todos los servicios sociales a toda la población», para lo que consideran necesario frenar el proceso de recorte y privatización de servicios sociales «potenciando que sean públicos para garantizar el acceso a los mismos de toda la población».

Además, valoran imprescindible «garantizar la calidad de estos servicios y unas condiciones de trabajo dignas», ya que «es evidente que la privatización de los mismos es una tendencia que favorece la precariedad de los puestos de trabajo y merma la calidad de los servicios».

Al objeto de hacer posible esta demanda, el escrito hace un llamamiento a la sociedad alavesa «para que exija sus derechos sociales y laborales y vaya construyendo un muro para hacer frente a este proceso de precarización». «En los momentos de crisis económica a los que estamos asistiendo es fundamental luchar por esos derechos», recuerdan estos colectivos.